La administración privada de fondos previsionales resultó en Argentina un negocio seguro y de altísima rentabilidad, pero algunos economistas aseguran que este sistema es el principal responsable del desequilibrio fiscal que puede llevar al país a la quiebra.
Las denominadas Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) se crearon en 1994 a iniciativa de Domingo Cavallo, entonces ministro de Economía del gobierno de Carlos Menem (1989-1999).
Cavallo aseguró en esa oportunidad que las AFJP permitirían aumentar la renta de los futuros jubilados, liberarían al Estado de la carga del «sistema de reparto» y crearían un nuevo mercado de capitales para inversiones productivas.
Sin embargo, nada de eso ocurrió hasta ahora, según expertos.
Las administradoras privadas reciben 11 por ciento del salario mensual de los trabajadores, reteniendo para sí casi un tercio de ese aporte en concepto de comisión y el resto lo invierten en plazos fijos, acciones o en títulos públicos.
Las estadísticas indican que 88 por ciento de los asalariados, unos nueve millones, están hoy afiliadas a las AFJP, aunque no todos aportan en forma regular.
El desempleo, que ya supera 16 por ciento de la población económicamente activa, y el pasaje de trabajadores a la actividad informal han afectado también a las AFJP.
Las administradoras privadas manejan en la actualidad más de 25.000 millones de dólares, que equivalen a ocho por ciento del producto interno bruto, y sus utilidades netas en 2000 sumaron 196 millones de dólares, mientras el depósito de los aportantes sufrió una constante descapitalización.
El volumen de dinero que reciben las AFJP en desmedro del Estado (sólo en 2000 sumó 1.300 millones de dólares) es de tal magnitud para estos tiempos de crisis que legisladores han pedido al gobierno que las obligue a invertir en el sector productivo o a bajar las comisiones para que los empleados aumenten su capacidad de consumo.
El sistema estatal, basado en el criterio de reparto solidario, establece que los empleadores y trabajadores aporten un porcentaje de sus ingresos a las cajas para atender el pago de las pensiones y jubilaciones.
Pero en la actualidad sólo 12 por ciento de los empleados argentinos aportan al Estado, recursos con los cuales no se puede hacer frente a los pagos de los retirados por el viejo sistema previsional público.
Ese sistema entró en crisis en los años 90, con una severa desfinanciación debido a la mala administración de los recursos, el aumento de la expectativa de vida, la desocupación y el empleo precario, lo cual derivó en una fuerte retracción del valor de las pensiones.
Así, la reforma previsional fue puesta en marcha por Cavallo en 1994, con promesas de grandes beneficios.
El cambio de sistema no era obligatorio, pero la mayoría de los trabajadores se pasaron a las 27 administradoras privadas de fondo de pensiones que había a mediados de los años 90.
El Estado dejó así de percibir esos aportes, pero no pudo renunciar a seguir pagando las jubilaciones y pensiones remanentes, por lo cual tuvo que apelar a los ingresos de la recaudación impositiva.
Comenzó entonces a arrastrar un desequilibrio fiscal que aumentó en los últimos tres años debido a la caída de la actividad económica.
Sin embargo, a la hora del balance parece que los principales beneficiados son los bancos, dueños de 76 por ciento de las 13 administradoras que en la actualidad conviven sin competir en un mercado cautivo: el de los trabajadores obligados a aportar.
El abogado laboralista Héctor Recalde, del Congreso de Trabajadores Argentinos, y el economista Claudio Lozano, de la Asociación de Trabajadores del Estado, aseguraron que el negocio se transformó hoy en un oligopolio concentrado apenas en cuatro de las 13 administradoras.
La comisión promedio que cobran es de casi cuatro por ciento del salario y parte de ese dinero es utilizado para onerosas campañas publicitarias que les permiten ganar nuevos clientes. Es decir que el aportante contribuye con sus ahorros a engrosar el número de afiliados sin que ese hecho los beneficie.
Legisladores y dirigentes de asociaciones de jubilados culpan de la situación aún hoy a Cavallo, quien volvió en marzo a ocupar el cargo de ministro de Economía en el gobierno de Fernando de la Rúa.
En tanto, los aportantes, no sólo no vieron aumentar su capital, sino que están perdiendo parte de lo que llevan invertido desde hace siete años y corren el riesgo de perder todo, pues la mayor parte de las inversiones de las AFJP están en títulos públicos argentinos que pierden valor cada día.
La rentabilidad negativa de los depósitos de los aportantes fue de cinco por ciento sólo en 2000, en tanto las AFJP, cuyas comisiones son fijas más allá de su eficiencia, tuvieron una ganancia neta de 15 por ciento de los 1.300 millones de dólares recaudados en ese lapso.
Argentina afronta una severa crisis financiera, con más de 10.000 millones de dólares de déficit fiscal anual, una fuerte recesión que ya lleva 38 meses y una deuda externa de 128.000 millones de dólares. Esa situación ha provocado el temor entre los inversores de que el país se declare en cesación de pagos.
Si eso ocurriera, las administradoras de fondos previsionales no podrían pagar las jubilaciones y el Estado, el garante en última instancia del sistema, tampoco podría solventarlas.
A pesar de esos riesgos, pocos trabajadores están al tanto del estado de sus cuentas previsionales, que se presentan poco claras en los resúmenes que entregan las empresas.
Una serie de consultas realizadas por IPS mostraron que los aportantes de los sectores con menores ingresos son los que más pagan de comisión y los que más dinero perdieron desde que se puso en marcha el sistema.
La inequidad se produce porque la comisión se compone de un monto fijo para todos los salarios y un porcentaje variable. Si el aportante gana 480 pesos (igual a dólares) al mes desde 1994 ya depositó 4.200 pesos en la AFJP. Sin embargo, su cuenta arroja un saldo de 3.740, o sea nueve por ciento menos.
Pero la pérdida de valor de los aportes laborales es mucho mayor si se lo compara con los réditos que se podría haber obtenido en colocaciones en el sistema financiero.
Si ese trabajador hubiera puesto el aporte entregado a las AFJP en plazos fijos bancarios, a una tasa promedio de seis por ciento mensual, hoy tendría en su haber 5.075 pesos (36 por ciento más).
Los aportantes que menos pierden son los que cobran sueldos en torno a los 5.000 pesos. En esos casos, el capital acumulado en siete años de aportes prácticamente se mantuvo sin variantes, por lo tanto es como si lo hubiera depositado en una caja fuerte o en su casa debajo del colchón, como dicen que se hacía antaño.
Peor es la situación de los trabajadores por cuenta propia que también están obligados a aportar. Los llamados trabajadores autónomos, considerados empresas para el sistema, conforman una una categoría que abarca a profesionales universitarios independientes, artistas, plomeros, electricistas y una serie de otros oficios.
A modo de ejemplo, un trabajador independiente que factura 750 pesos al mes, le será retenido 240 pesos, pues está obligado a aportar cinco por ciento de sus ingresos para el seguro de salud de los jubilados, 16 por ciento de impuesto al Estado y 11 por ciento para la AFJP.
Sin embargo, de los 85 pesos aportado a la AFJP sólo se le acreditan en su cuenta 58 pesos, pues el resto corresponde a la comisión. Así, si el trabajador independiente tuvo la suerte de volcar todos los meses sus aportes previsionales, es decir que tuvo trabajo, desembolsó casi 18.000 pesos, pero acumuló sólo 5.000.
En el caso de que el aportante pierda la continuidad en sus pagos a la AFJP o se atrase más de un mes seguido, corre el riesgo de que su familia no pueda tramitar la pensión en caso de fallecimiento. El requisito para ello es que el aportante no haya pagado con un atraso de más de dos meses en el último año.
Así, el negocio de las AFJP, que crece como un oasis en medio del desierto, sigue rindiendo jugosas ganancias a sus dueños y escasos beneficios a los futuros jubilados, mientras el país continúa en la búsqueda desesperada de créditos externos que le permitan superar la severa crisis financiera (FIN/IPS/mv/dm/if/01
