El tiempo de la paz no llegó aún para Perú, pues se reanudaron los combates entre las fuerzas de seguridad y una fracción de la organización guerrillera Sendero Luminoso, cuando parecía concluida hacía años la prolongada guerra civil que costó 30.000 muertos y desaparecidos.
El gobierno aseguró en tres ocasiones, en 1993, 1996 y 1999, que las fuerzas insurgentes en actividad carecían de importancia militar y política, declaraciones que equivalían a confirmar el fin de la guerra civil.
Pero la fracción de Sendero Luminoso denominada Sendero Rojo dio muerte a cuatro policías e hirió a seis en una emboscada en Satipo, valle selvático 350 kilómetros al este de Lima, el 7 de este mes, 11 días después de la investidura del centrista Alejandro Toledo como nuevo presidente.
La unidad policial de elite compuesta por 35 efectivos asistidos por tres helicópteros artillados fue atacada por 100 senderistas armados con ametralladoras ligeras e incluso cuatro sistemas de lanzamiento de misiles antitanques de fabricación israelí.
Los expertos no se ponen de acuerdo en si el operativo marca el inicio de una nueva ofensiva o si es parte de un plan de propaganda armada para presionar al presidente Toledo por la amnistía de los 3.500 senderistas presos a cambio de la conversión de la organización en un partido legal.
Al asumir la presidencia, Toledo prometió promover la reconciliación nacional mediante una Comisión de la Verdad encargada de examinar las causas y las responsabilidades de la violencia política iniciada en 1980 y de proponer medidas para impedir que se repita.
Comisiones similares fueron instaladas otros países de América Latina alcanzaron la paz tras guerras civiles, pero no está claro que Perú haya superado la amenaza guerrillera.
La violencia política, iniciada en 1980, se expandió en la zona andina. En 1992, Sendero Luminoso, que se define como partido maoísta, controlaba o desafiaba el poder del gobierno en más de la tercera parte del territorio nacional.
Pero en septiembre de ese año fueron capturados en Lima la mayoría de los integrantes del comando político-militar de la organización, incluido su líder, Abimael Guzmán, quien en 1993 declaró su rendición en la cárcel y exhortó a sus seguidores a abandonar la lucha armada.
En su proclama de rendición, Guzmán propuso convertir Sendero Luminoso en un partido izquierdista de acción legal, a cambio de la amnistía de los guerrilleros presos.
La propuesta fue rechazada por un sector minoritario y radical de la organización, comandando por Oscar Ramírez, conocido como Feliciano, quien luego de una discusión con senderistas que subsistían en la clandestinidad anunció la creación de la fracción Sendero Rojo, que reanudó la acción guerrillera.
En 1996, el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) aseguró que Sendero Rojo, cuyas operaciones se concentraban en Viscatan, un paraje inhóspito de la selva sur-central, no tenía poder militar alguno. Feliciano fue capturado en julio de 1999.
Fuentes policiales señalaron luego que Feliciano había sido relevado al frente de la organización por Artemio, líder de línea dura e identidad desconocida. Pero el gobierno de Fujimori aseguró que los focos guerrilleros eran minúsculos y carecían de posibilidades de crecimiento.
Similar hipótesis sostiene el ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, quién afirmó que «el resurgimiento de Sendero Luminoso es absolutamente imposible».
Rospigliosi, ex dirigente del partido trotskista Vanguardia Revolucionaria, consideró errónea la táctica de cerco adoptada por el ejército para inmovilizar los focos guerrilleros, y anunció que se replantearía el esquema contrainsurgente «para liquidar los últimos vestigios subversivos senderistas».
El ministro solicitó al ejército que coopere con la policía para capturar a los insurgentes que emboscaron a la patrulla en Satipo.
Las fuerzas combinadas del ejército y de la policía enviadas dos días después de la operación por Rospigliosi no encontraron a los guerrilleros, sino apenas su abandonado reducto, y se dedicaron a rescatar los cadáveres de los cuatro agentes muertos y a recoger información.
El analista civil Lino Montes afirmó que Sendero Rojo está hoy constituida por varias columnas menores que se agrupan para una operación de envergadura y luego se dispersan.
La emboscada en Satipo demuestra que el senderismo «tiene un nivel de estructura y una vigencia superiores a los admitidos por el ministro del Interior», opinó Montes.
Pero otro experto independiente, Raúl Gonzalez, consideró que, a pesar del apoyo de narcotraficantes a las que presta protección, Sendero Rojo no está en condiciones de lanzar una ofensiva guerrillera real, y que la emboscada en Satipo fue apenas una operación de propaganda armada con fines políticos.
La intención del operativo fue «respaldar mediante la amenaza de la acción armada las posibilidades de una amnistía» en beneficio de los senderistas presos.
En cambio, Blas Yarasca, presidente de las paramilitares Rondas Campesinas armadas por el gobierno de Fujimori para luchar contra la guerrilla, sostuvo que Sendero Rojo se propone aprovechar la coyuntura política para desatar nuevamente una guerra civil revolucionaria.
«En los valles de los ríos Ene, Perené y Apurimac, donde actúan los senderistas, tenemos 30.000 ronderos armados que están alerta», aseguró Yarasca. (FIN/IPS/al/mj/ip/01
