El presidente de Perú, Alejandro Toledo, afronta en su primera semana de gestión conflictos derivados de sus promesas electorales y del modelo económico en marcha, mientras intenta disimular las contradicciones de su variopinto equipo de gobierno.
«El mandatario experimenta el síndrome del día siguiente: los dolores de cabeza provocados por la fiesta de boda del día anterior y, según parece, tendrá una luna de miel muy corta, pues ya comenzaron los problemas», comentó la socióloga Imelda Vega, del no gubernamental Centro de Estudios Sociales e Históricos.
Toledo, un economista egresado de la universidad estadounidense de Harvard, es el primer presidente descendiente de aborígenes elegido en Perú, donde 90 por ciento de los 25 millones de habitantes son indígenas y mestizos.
Este líder centrista del partido Perú Posible debe enfrentar desde el sábado pasado una severa crisis social, derivada de una persistente recesión que hizo trepar el desempleo y el subempleo hasta 53 por ciento de la población económicamente activa.
«Los sindicatos más numerosos y combativos, como el de los maestros y el de los trabajadores de la salud, reclaman que se tripliquen sus sueldos, mientras los obreros de la construcción demandan inversiones inmediatas en obras públicas», precisó Vega.
En tanto, la Confederación General de Trabajadores (CGTP) le recordó a Toledo que en la campaña electoral se comprometió a derogar las normas aprobadas durante el gobierno del depuesto Alberto Fujimori (1990-2000) que infringen los convenios firmados por Perú con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Pero el ministro de Trabajo, Fernando Villarán, les respondió este viernes a los líderes de la CGTP que «los aumentos al sector público no pueden sobrepasar las posibilidades de la caja fiscal, ni podemos adecuarnos de inmediato a las exigencias laborales de la OIT, pues es necesario esperar que la economía se reactive».
El primer ministro, Roberto Dañino, coincidió con Villarán en que «una reforma inmediata de las condiciones laborales, como solicitan los sindicatos, desalentaría las inversiones necesarias para generar más empleo».
Villarán pidió paciencia a los dirigentes de los trabajadores, indicando que «el Estado debe defender el bienestar no solamente de los que ya tienen empleo sino también de los desocupados y de quienes trabajan para el sector informal de la economía»
«No podemos decir la fecha exacta en que se pondrán en práctica todos los convenios con la OIT y, además tendrá que ser progresivamente, a medida que la economía se reactive. El peor escenario social es propiciar que las empresas cierren o reduzcan los puestos de trabajo», comentó.
«No somos Francia o España. En nuestro país hay 12 millones de trabajadores, pero solo un millón trabajan en la economía formal, los demás son desocupados o laboran en empresas informales, sin seguridad ni estabilidad. Por lo tanto, la primera prioridad es dar condiciones para crear empleos formales, adecuados», aseguró.
Pero los problemas del nuevo gobierno no se limitan a la cuestión laboral, pues ya han aflorado diferencias derivadas de la falta de homogeneidad política del equipo gobernante.
«Para afirmar su gobierno, Toledo designó un Consejo de Ministros muy amplio, de líneas no solo diversas sino también previsiblemente discrepantes», explicó el periodista Lino Montes.
«A la cabeza del Consejo designó a Dañino y como ministro de Economía a Pedro Pablo Kuczynsiki, ambos ligados al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericanos de Desarrollo y a entidades financieras norteamericanas», detalló.
Mientras, «en las áreas sociales candentes ubicó a personalidades izquierdistas, como es el caso de Villarán, en el Ministerio de Trabajo, Nicolás Linch, en de Educación, y Fernando Rospigliosi, en la cartera de Interior, quienes no podrán estar de acuerdo por mucho tiempo con Dañino y Kuczynski».
Un tercer sector en discordia potencial es el que conforman los llamados dirigentes «históricos» de Perú Posible, que acompañan a Toledo desde las elecciones de 1995 en las que fue derrotado por amplio margen, a quienes no agrada el nombramiento Dañino y Kuczynski en las carteras claves del gobierno.
Algunos de los dirigentes históricos ya comenzaron a expresar mensajes opuestos a la línea económica y política que postulan Kuczynski y Dañino.
Los ministros de Toledo aún no han presentando sus programas ante el Congreso legislativo, trámite que probablemente se realice la próxima semana.
Sin embargo, fuentes políticas no oficiales aseguran que han surgido discrepancias en las discusiones de los proyectos en el Consejo, en especial respecto de la política laboral y de planteos de privatización.
Toledo ordenó a sus ministros evitar, hasta donde las buenas maneras lo permitan, hacer declaraciones y exponer definiciones políticas.
«No hay discrepancias políticas en el interior del gabinete de ministros. Pero el único vocero oficial es el primer ministro Dañino», dijo Toledo en una rueda de prensa realizada el jueves, restando importancia a algunas contradicciones públicas.
La advertencia tácita de Toledo fue a la ministra de la Mujer, Doris Sánchez, quién había asegurado que no se privatizarían los puertos, y a parlamentarios de su partido que habían dicho que tampoco pasaría a privado el servicio de agua potable, «porque las empresas del sector no tienen déficit».
Sánchez se llamó a silencio mientras su par Kuczynski indicaba que la Empresa de Saneamiento y Agua Potable de Lima sería entregada a una empresa privada.
«Las privatizaciones de los servicios públicos no tienen como único objetivo aportar liquidez al gobierno central, lo cual no deja de ser importante, sino buscar inversiones y eficiencia», apuntó Kuczynski.
Añadió que «para reducir los costos productivos y mejorar la competitividad de nuestras exportaciones tenemos que bajar los costos de transportes, entre ellos el de los puertos. La operación portuaria en manos privadas será más eficiente y barata».
«Por otro lado, no estamos en condiciones de financiar las inversiones necesarias para garantizar la dotación de agua a 100 por ciento de la población urbana, pues hay un déficit muy grande. Sólo en Lima se necesitarían 1.300 millones de dólares», explicó Kuczynski.
La contradicción entre las declaraciones privatizadoras de Kuczynski y las promesas electorales contrarias de Toledo fueron resueltas por este último al indicar que los puertos y los servicios de agua seguirán en propiedad del Estado, pero que se darían en concesión a privadas que aporten financiamiento y tecnología. (FIN/IPS/al/dm/ip/01
