La guerrilla zapatista de México y sus seguidores perdieron una batalla crucial al promulgarse una reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas que no aceptaban.
Políticos y expertos sostuvieron que los miembros y simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) no deberían quejarse ni formular advertencias, pues fueron derrotados en buena lid y bajo reglas que aceptaron jugar.
La reforma promulgada el martes por el presidente Vicente Fox, tras su aprobación en el Congreso legislativo federal y por la mayoría de las asambleas legislativas de los estados, es ilegítima, retrógrada y antidemocrática y abre la puerta a la violencia, según el EZLN.
Las nuevas cláusulas constitucionales prohiben toda forma de discriminación y garantizan derechos específicos a los indígenas. No obstante, el EZLN considera insuficiente la autonomía y los derechos sobre territorios reconocidos a las comunidades nativas.
«Tal legislación es ilegítima, nació muerta y no contribuye a la conformación de un verdadero Estado democrático», señalaron en una carta pública más de 20 religiosos, artistas, activistas humanitarios e investigadores sociales, entre ellos Samuel Ruiz, ex obispo de Chiapas, estado donde opera el EZLN.
El proyecto de reforma fue rechazado por el zapatismo, organizaciones indígena y las legislaturas de los estados con mayor proporción de aborígenes, como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, en el sur del país. Eso no fue suficiente para impedir su promulgación de acuerdo con las normas constitucionales.
Quienes consideren que la reforma no es válida pueden acudir a los tribunales o presentar otros proyectos, dijo el senador Diego Fernández de Cevallos, del Partido Acción Nacional (PAN), al que pertenece Fox.
Fernández de Cevallos recordó que los zapatistas decidieron estar en la arena política para exigir la enmienda constitucional y que, por lo tanto, deben volver a ella para manifestar su rechazo.
Cuando los jefes del EZLN fueron recibidos en marzo por el Congreso legislativo nacional en la capital, donde exigieron la aprobación de una reforma en beneficio de las comunidades indígenas, Fox los recibió con un «bienvenidos a la arena política».
La arena podría resultar movediza, advirtieron en esa ocasión los observadores.
Antes y después de la presencia de los guerrilleros en la capital, se realizaron múltiples foros en el Congreso, en universidades, organizaciones de derechos humanos y otros lugares para analizar la nueva normativa.
Finalmente, el Congreso aprobó por mayoría un proyecto propio, la mayoría de las legislaturas estatales lo respaldaron y el gobierno lo promulgó.
A diferencia de 1994, cuando los zapatistas se levantaron en armas, la política ya no está cubierta del halo de ilegitimidad que rodeada a los gobiernos y legislaturas dominadas por el Partido Revolucionario Institucional, que ejerció el poder durante 71 años ininterrumpidos hasta la investidura de Fox en diciembre.
Tras un proceso electoral alabado en México y el extranjero, Fox se transformó en el primer presidente mexicano ajeno al PRI y al Congreso legislativo accedieron numerosos partidos políticos.
Los zapatistas se levantaron en armas en enero de 1994 en Chiapas, pero no se enfrentan con el ejército desde la segunda semana de ese año. La guerrila se mantiene en sus reductos de selva y desde allí encabeza periódicas iniciativas pacíficas.
El EZLN se niega a reanudar el diálogo de paz con el gobierno, interrumpido en 1996, a pesar de los cambios políticos. Además, Fox dispuso la retirada del ejército de las zonas de influencia de la guerrilla y la liberación de presos zapatistas, y otorgó a la organización amplia libertad de movimientos.
La promulgación de las reformas indígenas es una traición del gobierno de Fox, aleja las posibilidades de diálogo y abre la puerta a la violencia, advirtió el Congreso Nacional Indígena, grupo afín al EZLN.
El politólogo Jesús Silva Herzog cuestionó la actitud de lso zapatistas y de sus seguidores.
«Cuando las instituciones están de su lado, las llenan de elogios a su representatividad y a la profundidad de sus conocimientos en materia indígena, pero cuando no les dan la razón, las instituciones son fraudulentas, pandillas ignorantes, soberbios y racistas», opinó Silva Herzog.
No es posible que el Congreso sea calificado de poder auténtico y legítimo cuando aprueba «normas que a mí me gustan, pero desaparece como tal en el instante (en) que vota leyes que me irritan», sostuvo.
Expertos en cuestiones indígenas sostuvieron que la reforma constitucional aprobada difiere del contenido de los Acuerdos de San Andrés, firmados en 1995 entre representantes de la guerrilla y del último gobierno del PRI, encabezado por Ernesto Zedillo (1994-2000).
En esas negociaciones de paz se acordó que las coincidencias deberían convertirse en ley.
El gobierno de Fox, que propuso al Congreso aprobar el proyecto del EZLN, lo que finalmente no sucedió, sugirió a los rebeldes y a sus seguidores que presenten alternativas viables para mejorar las reformas aprobadas.
Por su parte, dijo que trabaja para reestablecer el diálogo con los guerrilleros y definir nuevos caminos hacia la paz. (FIN/IPS/dc/mj/ip/01
