Hospitales sin medicamentos y con pacientes graves en pasillos, aulas sin puertas en escuelas atiborradas de niños y juzgados de familia sin elementos de trabajo, son apenas algunas de las heridas sociales de Argentina, que parece hundirse bajo el peso de una crisis histórica.
«Tenemos enfermos en los pasillos y ni siquiera en camillas, porque no alcanzan, y suerte que tenemos sábanas. A los más delicados, que requieren respirador artificial, los ubicamos en la salita donde comen los enfermeros, mientras que las parturientas se turnan para una cama».
El testimonio, que parece propio de un país en guerra, pertenece a Silvia Lasarte, una médica clínica del Hospital Municipal de Pilar, localidad de la provincia de Buenos Aires ubicada a 50 kilómetros de la capital del país.
La central provincia de Buenos Aires, con 14,3 millones de habitantes, es la más poblada de este país, y en estos días de crisis financiera es escenario de un nuevo experimento económico, como es el pago con bonos a los empleados públicos.
Para completar este cuadro desolador, Lasarte comentó a IPS que tampoco tienen vacuna antitetánica desde hace un año y que «la tuberculosis aumentó en forma impresionante» en la zona atendida por el hospital.
Lasarte viaja cada domingo desde su casa en el centro de la ciudad de Buenos Aires a Pilar para hacer guardias de 24 horas por una paga de 120 dólares por vez, más un adicional de 100 dólares, que no cobrará si falta aunque sea por razones de enfermedad.
En las cercanías de la localidad de Pilar, en cuyo hospital municipal se atienden centenares de pobres, desempleados y extranjeros indocumentados de la zona, abundan además los barrios privados y clubes de campo cercados por distintos mecanismos de seguridad, creados a partir de la emigración de familias de la capital con altos ingresos.
Si algún residente de esa área rica debe recurrir a la guardia del hospital por una emergencia, intentará huir lo antes posible. Cuando eso ocurre, mientras esperan que una ambulancia de su prestadora de salud privada los pase a buscar «no quieren ni que le coloquemos suero», cuenta Lasarte.
En el hospital de Pilar se atienden «pacientes con patologías graves y accidentados con amputaciones, que tienen que permanecer en los pasillos de la guardia en sillas, porque no hay camas ni lugar suficiente, aclaró.
Pero los problemas de salud se entremezclan con todo tipo de necesidades.
Lasarte narró el caso de una familia que llamó una ambulancia a su domicilio y al llegar el auxilio se encontró con varios niños desesperados, porque hacía cinco días que no comían nada. Cuando el personal médico compró alimentos, los más pequeños «se abalanzaron como animales».
«A veces siento que mi trabajo no sirve para nada, porque yo les doy una receta a los pacientes y sé que en la farmacia del hospital no van a encontrar esos medicamentos y tampoco los podrán comprar», agregó.
Comentó que hasta hace poco no tenían quirófano ni placas radiográficas y 90 por ciento de los remedios que se prescriben en pediatría son cubiertos por muestras gratis de los laboratorios que traen los médicos de sus propios consultorios.
En la misma provincia de Buenos Aires, pero en el distrito de La Matanza, el vicedirector de la escuela 202, Gabriel Szklair, también parece hablar de otro país, muy distinto al que se describe en la mayoría de la prensa, y prácticamente inexistente en los análisis de funcionarios, legisladores y expertos.
Eso sí, se parece mucho al paisaje de abandono social que pinta Lasarte y que se repite en muchas otras provincias de Argentina, con una población de 36,6 millones de personas.
Szklair sonreía mientras escuchaba el anuncio del Ministerio ministro de Educación sobre el envío de un proyecto al parlamento para imponer un mínimo de 180 días de clase en el año escolar, para recuperar días perdidos por hueglas.
«Me río por no llorar, porque yo calculo que mis alumnos no llegarán este año a tener ni 70 días de clase», y no precisamente a causa de las huelgas, dijo Szklair a IPS.
Sólo en La Matanza, un distrito con 1,3 millones de habitantes que lo ubica como el más poblado de la provincia, hay más de cuatro millones de alumnos primarios, 10 veces más que en la capital argentina.
Szklair explicó que al comenzar este año escolar, la escuela 202, con 820 alumnos, tenía un déficit de aulas que obligó a turnar los grados.
«La primera semana de cada mes venían de primero a cuarto año y la segunda de quinto a noveno, pero nos dimos cuenta que los chicos se desvinculaban mucho de la escuela por lo cual empezamos a alternar los grupos por día», relató.
En julio, tras una fuerte presión de los maestros, se pudieron inaugurar dos aulas más, pero «a la semana nos habían robado las puertas, las ventanas y la instalación eléctrica, así que ahora estamos de nuevo con el sistema de los turnos», añadió.
Pero las carencias locativas no son los únicos problemas que debe afrontar la educación.
«Este año, a poco de empezar se registraron graves inundaciones, y los niños debieron dejar su lugar a los evacuados por una semana», comentó. La historia se repitió en julio.
A eso se suma la huelga por tiempo indeterminado de los maestros de la provincia de Buenos Aires, que ya lleva tres semanas consecutivas este mes, en reclamo por deudas y recortes de salarios, el atraso en la entrega de recursos para los comedores escolares y el pago de sueldos en bonos provinciales.
En tanto, Szklair afronta otras vicisitudes para las cuales no había sido preparado, como la falta de pago desde abril a los proveedores del comedor escolar, quienes amenazan con cortar el suministro.
«Fuimos a un frigorífico de la zona y nos dijeron que no querían trato con nosotros. Tampoco podemos recurrir a los supermercados porque están lejos de la escuela», señaló el maestro, quien tiene claro, sin embargo, que «el comedor no puede dejar de funcionar».
Unos 500 de los 820 alumnos del centro tienen casi como único alimento diario lo que les ofrece ese comedor que, incluso, atiende a familiares de los niños, pese a que no está permitido.
Mientras, el director de escuelas de la provincia, José Bordón, prometió meses atrás que se distribuirían computadoras para acceder a Internet en todas las escuelas, además de laboratorios y la implementación de doble turno escolar.
«Ellos viven en otro mundo», reflexionó con pena Szklair.
El hospital de Pilar está al norte de la capital argentina, la escuela de La Matanza al oeste y en el sur del área metropolitana trabaja la abogada Angela Elías, que es prosecretaria del Tribunal de Familia número dos de la localidad de Quilmes.
Debido a una huelga de trabajadores judiciales en protesta por los mismos reclamos que realizan maestros y médicos, Elías sólo cumple con las audiencias para asuntos «urgentes», como las demandas por alimentos o las autorizaciones para transplantes de órganos.
«Hice un juramento cuando asumí este cargo que es como el juramento hipocrático para los médicos, y no puedo negarme a realizar una audiencia», explicó la abogada a IPS.
Elías muchas veces debe comprar con recursos propios el cartucho para la impresora y otros elementos básicos de trabajo, porque si espera que se lo provea el Poder Judicial se atrasarán los trámites a su cargo.
Lasarte, Szklair y Elías tienen varios puntos en común a pesar de estar trabajando en puntos distantes.
Los tres tienen entre 30 y 40 años, son profesionales de clase media y forman parte de una u otra manera del conjunto de «empleados públicos», un sector muchas veces denostado como «burocracia de escritorio» y acusado de recibir favores y beneficios salariales.
Sin embargo, la realidad una vez más es muy diferente a lo que se muestra en la superficie. Las tres personas entrevistadas por IPS viven en Buenos Aires y se trasladan hasta las afueras de la ciudad para realizar su labor, sufren atrasos salariales, recortes de sueldos ya magros y promesas de pagos con bonos estatales.
Casi 200.000 funcionarios de la provincia de Buenos Aires recibirán parte de sus salarios, a partir de este mes, en papeles públicos llamados «patacones», que el gobierno estadual emitió para compensar su iliquidez. Los bonos podrían usarse para pagar servicios, impuestos, créditos y compras en supermercados.
Szklair explicó que le deben dos tercios del aguinaldo (la primera cuota de un sueldo anual complementario que se paga en junio), y del sueldo de julio, que ronda los 900 dólares, sólo le abonaron una parte en efectivo.
Los maestros, que cobran entre 400 y 500 dólares al mes, quedaron liberados del pago en «patacones», pero se les adeuda el aguinaldo y cobran los salarios con atraso.
La situación salarial de la abogada Elías también es angustiosa. Cobra por su trabajo al servicio de la justicia 1.640 dólares al mes, pero le deben 520 dólares del aguinaldo de junio y del salario de julio sólo cobró 730 dólares en efectivo.
Elías espera que el resto sea pagado en bonos, pero no sabe cuándo. Los jueces, con salarios de 6.300 dólares, también cobraron sólo 730 y esperan la diferencia en papeles.
«Yo sé que hay gente en el estado que cobra sin trabajar, pero no es mi caso ni el de muchos otros que elegimos estar aquí porque queremos estar de este lado y no porque nos falten oportunidades en la actividad privada», lamentó Elías aludiendo al lugar menos conocido de una Argentina que parece caer en picada. (FIN/IPS/mv/dm/ip dv/01
