La delegada del gobierno español en la comunidad autónoma de Cataluña, Julia García Valdecasas, será acusada por sindicatos y organizaciones no gubernamentales ante la justicia por abuso de autoridad y violencia contra 200 inmigrantes, anunciaron hoy los demandantes.
La querella penal se refiere a la actuación de la policía nacional el jueves contra inmigrantes africanos acampados en una plaza de Barcelona, capital de la nororiental región de Cataluña, en la costa del mar Mediterráneo.
Los inmigrantes, la mayoría procedentes de Marruecos y de Sierra Leona, solicitan hace varias semanas que se les permita residir y trabajar en España.
Apoyados por organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda, los inmigrantes acamparon primero en la Plaza de Cataluña, de Barcelona, la que fueron desalojados el 7 de este mes, por lo que se trasladaron a la plaza André Malraux.
Pero 100 agentes de policía, trasladados en 30 furgonetas a la plaza André Malraux, se desplegaron el jueves alrededor de los inmigrantes y avanzaron sobre ellos. Activistas españoles intentaron formar un círculo en torno de los acampados para protegerlos.
Pero los policías cargaron contra los activistas, esgrimiendo sus bastones, al recibir por radio la orden de «¡coged a todos los que podáis!».
De los 116 inmigrantes detenidos en dependencias policiales, fueron liberados los que tenían sus papeles en regla. Este viernes quedaban 91 detenidos, y el gobierno español pretende expulsarlos de inmediato.
La desocupación de la plaza André Malraux se registró al mismo tiempo que en la sede catalana de la central sindical Comisiones Obreras comenzaba una conferencia de prensa para informar que la Cruz Roja proporcionaría alojamiento a los acampados.
La policía actuó en esos momentos para evitar que dirigentes de los inmigrantes y de organizaciones políticas, de trabajadores y no gubernamentales estuvieran presentes, aseguraron fuentes sindicales.
«Esto es fascismo puro», dijo Eva Sánchez, dirigente de la Confederación General de Trabajadores, sindicato izquierdista de gran arraigo en Cataluña y que integra la Plataforma Ciudadana de apoyo a los inmigrantes.
Dos compañeros de Sánchez, Santiago de la Fuente y Juan Carlos Ahumada, también fueron detenidos cuando intentaban proteger a los inmigrantes de la agresión policial.
La Unión General de Trabajadores (UGT), central sindical afín al Partido Socialista Obrero Español, también apoya la querella contra García Valdecasas por abuso de autoridad y violencia desproporcionada agravada por la premeditación.
David Bonet, segundo de García Valdecasas en la delegación del gobierno español en Cataluña, sostuvo que la acción policial ordenada por esa dependencia respondió a la aplicación de la Ley de Extranjería.
Esa norma establece que ningún inmigrante que haya ingresado a España desde el 1 de enero podrá regularizar su residencia sin contar con visa extendida por un consulado español y sin compromiso de contrato de trabajo.
Los inmigrantes que lograron escapar a la acción policial fueron alojados por organizaciones integrantes de la Plataforma Ciudadana en domicilios particulares y locales de esas instituciones.
A pesar de las protestas, el gobierno español insiste en que los inmigrantes que carezcan de papeles en regla serán expulsados a la brevedad. (FIN/IPS/td/mj/hd pr/01
