La paz veraniega del presidente del gobierno de España, José María Aznar, fue golpeada por un escándalo de corrupción que mancha a algunos funcionarios y afecta a miles de ahorristas.
Aznar descansa en una isla del mar Mediterráneo, mientras en Madrid siguen las investigaciones sobre presuntas irregularidades en la empresa Gescartera, que ya provocó la renuncia de Enrique Giménez-Reyna al cargo de secretario de Estado de Hacienda.
El llamado «caso Gescartera» también puso contra las cuerdas a la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Pilar Valiente, y obligó a los legisladores del gobernante Partido Popular (PP), de centroderecha, a aceptar la creación de una comisión investigadora en el Congreso de los Diputados.
Gescartera fue creada en 1992 y autorizada en junio del año pasado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores a actuar como agencia de valores y habilitada para recoger fondos de terceros destinados a inversiones, administrarlos y pagar a sus propietarios los intereses pactados.
Las primeras investigaciones dispuestas por la misma Comisión de Valores, tras algunas denuncias, descubrieron que habían desaparecido de Gescartera, sin explicación racional, unos 100 millones de dólares.
Entre los damnificados se cuentan la Iglesia Católica, la Mutualidad de la Policía, el Hogar de Huérfanos de la Guardia Civil (policía militarizada), organizaciones no gubernamentales, empresas e inversionistas, muchos de estos últimos utilizando dinero procedente de actividades ilícitas.
Ese dinero, no declarado ante las autoridades fiscales y conocido en España como «Caja B», proviene del cobro de comisiones ilegales, dobles facturaciones, narcotráfico y proxenetismo.
Giménez-Reyna organizó en noviembre, cuando aún era secretario de Hacienda, dos almuerzos con Valiente y con los directivos de Gescartera, justo en los días en que se abrió un expediente para supervisar a esa empresa y al mismo tiempo se elevó su rango para operar como agencia de valores.
La presidenta de Gescartera es Pilar Giménez-Reyna, hermana del ex secretario de Estado de Hacienda que fue obligado a renunciar el 20 de julio tras descubrirse los primeros tramos del escándalo.
Pero la vinculación de la empresa con Enrique Giménez-Reyna no termina allí. Una sociedad patrimonial de Antonio Camacho, principal imputado y propietario de 70 por ciento de las acciones de Gescartera, tiene su sede legal en el despacho del ex secretario de Hacienda.
El PP sigue respaldando a Valiente y sostiene que no hay elementos para acusar a Giménez-Reyna, mientras que la principal fuerza de oposición, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) acusó a éste de «haber participado activamente en esa inmensa estafa», según su portavoz parlamentario, Jesús Caldera.
Otro Giménez-Reyna, llamado José y coronel de la Guardia Civil, quien influyó para que Hogar de Huérfanos invirtiera más de dos millones de dólares en Gescartera, aceptó luego una invitación de esa firma para asistir a un partido de un equipo español en París, viajando con todo pagado y en primera clase.
Camacho, encarcelado desde el 14 de julio, declaró ante la justicia que las cuantiosas pérdidas de la empresa se debían a la mala fortuna, a la caída de los mercados financieros, a causa de la crisis rusa de fines de los años 90, y al retroceso de los valores tecnológicos.
Explicó que todo ello lo llevó a comprometer fondos en valores de alto riesgo para recuperar las pérdidas, pero con el resultado de aumentar éstas.
Llama la atención que, junto a gran cantidad de inversores privados, hayan puesto fondos en esa agencia entidades no lucrativas.
Una de ellas es la Fundación Banco de Alimentos de España, cuya presidenta de honor es Ana Botella, esposa de Aznar, que fue asociada en 1998 a Gescartera por el fallecido padre de Camacho.
La Fundación recibió un donativo en acciones de José Camacho, lo cual ubicó al grupo no gubernamental como propietario de 5,42 por ciento del capital de la agencia.
Entre los demás inversores figuran Manos Unidas, una organización no gubernamental vinculada a la Iglesia Católica, con 250.000 dólares, el Arzobispado de Valladolid, con cinco millones de dólares, la Organización Nacional de Ciegos de España, como 20 millones, y la Mutualidad de la Policía, con 7,5 millones de dólares.
Por otro lado, la Asociación de Huérfanos de la Guardia Civil confió a Gescartera la administración de sus bienes inmobiliarios y de valores, valorados en unos 40 millones de dólares.
Aunque la instrucción del sumario judicial proseguirá hasta fines de agosto, mes tradicional de vacaciones en España, lo que se espera con expectación es el debate en el Congreso de los Diputados, previsto para mediados de septiembre.
La oposición cargará en esa oportunidad contra el gobierno de Aznar, que teme que hasta entonces salten otros nombres de personalidades vinculadas al escándalo, según fuentes próximas al mismo.
Aznar, quien desde que estalló el escándalo se negó a que se constituyera una comisión parlamentaria investigadora, finalmente dio el brazo a torcer y a la vez ordenó a sus ministros que se investigue a fondo el asunto, «caiga quien caiga».
Las mismas fuentes indicaron que el gobierno tendrá preparada su respuesta para cuando el PSOE ataque.
El PP le recordará al actual secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, que durante el gobierno del socialista Felipe González, cuando él era diputado, votó en contra de que se crease una comisión similar para el «caso Ibercorp», similar al de Gescartera y que acabó con la carrera política del entonces gobernador del Banco de España (emisor), Mariano Rubio. (FIN/IPS/td/dm/ip/01
