La afluencia de turistas y de inmigrantes indocumentados continuó creciendo este año en España, dos fenómenos que marcan la actual temporada de verano y que provocan una reacción desigual.
Los turistas son bien recibidos, aunque la cantidad de ingresos supere el número de habitantes del país, en cambio los inmigrantes son detenidos y por norma general expulsados, cuestiones que motivan diferentes reacciones del gobierno, de la oposición, los sindicatos y de los grupos no gubernamentales.
España, con 40 millones de habitantes, recibió el año pasado algo más de 48 millones de visitantes, mientras que a fines de julio ya se había superado los 21 millones, casi cuatro por ciento más que en el mismo lapso de 2000 y un incremento de 12 por ciento en los ingresos monetarios del sector.
El buen desempeño de la industria turística, la más importante del país y la que contribuye con más ingresos de divisas, es saludado con entusiasmo por distintos sectores, pues consolida a España en el tercer lugar en el mundo en cantidad de visitantes, después de Estados Unidos y de Francia.
La única crítica al turismo proviene de grupos ecologistas, que no se oponen a la consolidación de ese sector, pero reclaman que el gobierno del centroderechista José María Aznar adopte una actitud más activa en el cuidado del entorno natural y en especial de las playas.
Muy otra es la situación de los inmigrantes que ingresan sin visa de entrada y por ello son considerados «ilegales» por la administración, al amparo de la Ley de Extranjería, que entró en vigor el 1 de enero. Casi 300.000 inmigrantes regularizaron su permanencia durante el primer semestre del año.
A partir de entonces, el gobierno se manifestó dispuesto a aplicar esa ley y por lo tanto a expulsar a quienes ingresen sin visa ni contrato de trabajo.
Pero ni las amenazas ni la amplia información transmitida por los medios de comunicación sobre la vigencia de la Ley de Extranjería y los problemas que enfrentan los inmigrantes, incluyendo el riesgo de su propia vida, lograron frenar su afluencia.
El 19 de este mes se registró un récord: 567 inmigrantes sin documentos fueron detenidos por la policía apenas llegaron a las costas de Cádiz, en la orilla norte del mar Mediterráneo, y a la isla Fuerteventura, en el archipiélago de las Canarias, ubicado en el océano Atlántico frente a la costa noroccidental de Africa.
Una semana después murieron otros nueve inmigrantes en las costas de Fuerteventura.
Ocho personas que acompañaban a los fallecidos y que lograron sobrevivir testimoniaron que el grupo fue obligado a lanzarse al mar por los patrones de la «patera», la frágil embarcación en la que fueron trasladados en forma clandestina. Los transportistas evitan atracar en la costa para no ser detenidos.
Es una verdad reconocida por todos que España necesita de los inmigrantes para cubrir puestos de trabajo, en especial en zonas rurales y en la construcción, donde existe una demanda de mano de obra que los españoles no atienden.
Así lo reconoció el día 28 el presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores, Fernando Villena, quien destacó que la agricultura sufre graves problemas por la falta de mano de obra.
Por otra parte, Jesús Pérez, portavoz del sector agrario de la Unión General de Trabajadores (UGT, una de las dos principales centrales sindicales) abogó porque el gobierno firme un acuerdo social que contemple la situación de los inmigrantes y su acceso a la seguridad social.
Sin embargo, muchos empleadores de esos sectores no ofrecen contratos de trabajo, y mucho menos con tanta anticipación como para permitir gestionar la visa en los consulados ubicados en los países de origen de los inmigrantes.
Gregorio Morán, portavoz de Comisiones Obreras (la otra central sindical de importancia), señaló que esos empresarios recurren a la mano de obra de inmigrantes indocumentados para no verse obligados a cumplir los convenios colectivos de trabajo y pagar los sueldos acordados con los sindicatos.
Así, la demanda del mercado español atrae y la necesidad de la gente en los países de origen hace aumentar la afluencia de inmigrantes irregulares.
En tanto, el gobierno de Aznar se mantiene firme en su política de hacer cumplir la Ley de Extranjería, que implica detener a los recién llegados y abrir el expediente de expulsión, la cual se concreta poco tiempo después.
Los inmigrantes que logran evadir la tecnificada vigilancia policial en las fronteras, comienzan una etapa de riesgo, de condiciones de vida degradantes y de trabajo informal con salarios por debajo de lo establecido.
Esas personas sólo reciben apoyo de organizaciones no gubernamentales, de los sindicatos y de sectores de la Iglesia Católica.
Ante esta situación, José Chamizo de la Concha, el defensor del Pueblo (ombudsman) de la Comunidad de Andalucía, la más poblada de las 17 que integran España, subrayó que «la inmigración es, ante todo, un fenómeno de pobres». «Lo que se rechaza no es al inmigrante, sino al que no tiene dinero», apuntó.
«Las costas españolas están llenas de narcotraficantes de otros países y yo no sé si alguien les pide los papeles en algún momento», añadió.
La presencia de esa tercera categoría de «inmigrantes», los delincuentes del narcotráfico, es notoria en las zonas turísticas de alto nivel, como es notoria la falta de represión, al extremo de generar esa reflexión del ombudsman andaluz. (FIN/IPS/td/dm/pr if/01
