Las Escuelas Bolivarianas, un proyecto del gobierno de Venezuela para mejorar la educación básica, reciben críticas de expertos, de la oposición y hasta de legisladores oficialistas, quienes creen ver irregularidades y falta de preparación de maestros y de locales.
La llamada «revolución social bolivariana», que impulsa el presidente Hugo Chávez desde que llegó al gobierno en febrero de 1999, incluye entre sus principales metas mejorar la situación de la educación.
En ese marco y con la premisa de «tener un pueblo instruido», el gobierno dispuso la creación de las Escuelas Bolivarianas, donde los niños reciben alimentación gratuita en jornadas de doble turno, con la intención de aumentar la reinserción escolar.
El plan cuenta con un presupuesto de 73 millones de dólares, para financiar el funcionamiento de 935 centros y recuperar locales de escuelas agroindustriales y técnicas.
Sin embargo, las críticas y denuncias de irregularidades hacen blanco hoy en el funcionamiento de Fundaescolar, un organismo adscrito al Ministerio de Educación y responsable de la construcción de estas escuelas, que en su mayoría se encuentran inconclusas.
Varios maestros han advertido en declaraciones a la prensa que sus vidas y las de los estudiantes corren riesgo, debido al deterioro que presentan muchos edificios escolares, algunos en peligro de derrumbe y otros en condiciones de insalubridad, según señalan.
Existen aulas con poca ventilación e iluminación, techos de asbesto, pisos rotos, paredes agrietadas y problemas en las tuberías de agua potable, son algunas de las dificultades apuntadas.
Otros indican que las Escuelas Bolivarianas son utilizadas para promocionar los logros del gobierno de Chávez, a través del rediseño de las cartillas y libros de los escolares, todo ello enmarcado en el Proyecto Nacional de Educación.
Además, analistas políticos cuestionaron «el apuro» del presidente Chávez por abrir las escuelas sin estar aún terminadas, con el fin, señalan, de anotarse logros en su gestión gubernamental.
El presidente Chávez y su ministro de Educación, Héctor Navarro, han rechazado las críticas y defienden el proyecto, señalando que busca darle oportunidad a los niños de bajos recursos económicos para incorporarse a los planes de estudio.
Navarro, en particular, respondió que la intención es «prestar la mejor asistencia a los niños que han tenido menor ayuda del Estado, en las zonas más pobres».
Mientras, las acusaciones sobre Fundaescolar, recogidas en varios medios de comunicación, motivó el inicio de una investigación en la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional (parlamento).
El diputado José Luis Farías, del gobernante Movimiento Quinta República, advirtió que la situación irregular en el proyecto de Escuelas Bolivarianas no permitirá que estén listas para septiembre, cuando se reanuda el periodo de clases en Venezuela.
Un informe divulgado por su par Carlos Ocariz, del opositor Primero Justicia, indica que 74 por ciento de los maestros no recibió entrenamiento sobre el nuevo programa educativo.
El fundamento del proyecto de Escuelas Bolivarianas establece que el sistema debe responder a las necesidades de la comunidad, como la presencia de especialistas en agricultura en aquellos centros ubicados en zonas rurales. Pero esos requerimientos no han sido cumplidos en la mayoría de los casos, apunta el informe.
Ocariz añadió que, «aunque la idea parece buena», 93 por ciento de los maestros designados no fueron convocados para el diseño curricular y formativo de los estudiantes, sino que «se enteraron sobre la marcha».
Otros elementos negativos que afronta el plan es el aumento de la deserción escolar, que es de 17 por ciento de los ingresados, y el alto nivel de repetición, que refleja un bajo nivel académico.
El experto en educación Orlando Albornoz dijo a IPS que la adjetivación de la escuela «bolivariana ha sido negativa, ya que lleva una carga doctrinaria, que puede ser mala o buena», para la enseñanza de los jóvenes.
Explicó que la «revolución» propugnada por Chávez no ha llegado a la educación, porque «este gobierno sigue siendo conservador en esta materia», mientras no involucre a la comunidad con las escuelas y no establezca el concepto de «aula abierta».
Albornoz recomendó que, debido a la crisis educativa, las escuelas permanezcan abiertas todos los días del año, para que se utilice a las mismas y a los maestros en labores de alfabetización, educación ambiental y formación ciudadana.
Se debe «despolitizar el concepto de Escuela Bolivariana» y asumir el de «escuela integral», donde el Estado supervise la calidad pedagógica, los locales y la preparación de los maestros que se incorporen a este proyecto, puntualizó el experto. (FIN/IPS/mp/dm/ed/01
