El mercado financiero de Argentina reaccionó hoy con alivio y optimismo ante el nuevo crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI), que permitirá a este país eludir, por el momento, un cese de pagos que parecía inminente.
Las principales acciones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subieron más de cinco por ciento en promedio este miércoles. Y el índice de riesgo país —que mide la desconfianza de los inversores de acuerdo con la cotización de los bonos de deuda externa— bajó ocho por ciento respecto de la víspera.
La negociación entre representantes de Argentina y del FMI en Washington duró 12 días y fue por momentos tensa. El presidente Fernando de la Rúa celebró el acuerdo como una «muy buena noticia», al igual que banqueros y empresarios.
Pero aun los funcionarios del gobierno coinciden en reconocer que la ayuda es sólo un paliativo.
El ministro de Economía, Domingo Cavallo, sostuvo que los argentinos podrán volver a confiar en su sistema bancario gracias al acuerdo con el FMI, lo cual permitirá el retorno de 14 por ciento de los depósitos que fueron transferidos al extranjero desde principios de julio.
No obstante, «no (se) deben esperar milagros», puntualizó Cavallo.
La ministra de Trabajo, Patricia Bulrrich, advirtió que el apoyo del FMI no es «una tabla de salvación», que no cambia el problema de fondo de la falta de crédito, pues permite, simplemente, recuperar la confianza de los inversores y de los ahorristas argentinos.
Las evaluadoras de riesgo financiero Moody's y Goldman Sachs y economistas argentinos como Carlos Melconián aseguraron que el acuerdo representa un «primer paso» en la dirección correcta, que debe ser seguido por un severo ajuste fiscal y una reactivación productiva.
Pero la ayuda no servirá si no se aplican políticas para reactivar la producción y aumentar la recaudación, sostuvo, menos optimista, el economista Arnaldo Bocco, del directorio del Banco Ciudad, dependiente del gobierno de la capital argentina.
Con una deuda externa de casi 130.000 millones de dólares y un déficit fiscal que equivale a siete por ciento de un producto interno bruto de cerca de 285.000 millones, la economía de Argentina está en recesión hace más de tres años.
En ese contexto, las dificultades para obtener crédito a tasas razonables han crecido este año.
En enero, el gobierno de De la Rúa anunció como una muy buena noticia un crédito de 39.200 millones de dólares que serán desembolsados durante dos años y en forma progresiva por el FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y los gobiernos de España e Italia.
Ese dinero se destinaría a garantizar el pago de intereses de la deuda externa que vencían en el corto plazo. Pero el efecto del préstamo se diluyó en pocas semanas y a fines de febrero el crédito de Argentina volvió a encarecerse.
La crisis desmbocó en marzo en la renuncia del entonces ministro de Economía José Luis Machinea y su reemplazo por Ricardo López Murphy, quien debió renunciar 15 días después de asumir, tras anunciar un severo ajuste fiscal que desató huelgas y otras protestas populares.
Cavallo se hizo cargo del Ministerio de Economía a continuación, con un fuerte respaldo de la opinión pública, a pesar de que su partido no integraba la coalición gubernante. Intentó medidas activas para lograr la recuperación de la economía, pero el mercado financiero reprobó sus propuestas.
Menos de dos meses después de asumir, Cavallo logró postergar la cancelación de intereses de bonos de deuda externa a mediano plazo por 30.000 millones de dólares, a un alto costo.
Eso tampoco sirvió para restablecer la confianza en la recuperación económica. Poco después, los mercados pedían al tesoro tasas de interés por encima de 15 por ciento para aceptar la colocación de letras, y entonces el ministro lanzó una nueva carta: la política del déficit cero.
La nueva norma, muy resistida por jubilados y por trabajadores dependientes del presupuesto público, representa un recorte salarial que se calcula cada mes de acuerdo con la recaudación fiscal. El Estado quedó obligado por ley a gastar sólo lo que recaude, priorizando los servicios de la deuda externa.
En julio, la política de déficit cero significó un recorte de 13 por ciento en los salarios y jubilaciones y otras restricciones al gasto público.
Para este mes se calcula una rebaja de salarios aun mayor. Las autoridades calcularon que la recaudación cayó otro 10 por ciento en el último mes, lo que significará un descuento de al menos 23 por ciento.
A las dificultades financieras se suma la grave situación social, con un desempleo superior a 16 por ciento, falta de medicinas y de camas en hospitales donde pacientes graves son alojados en pasillos y escuelas sobrepobladas y en pésimas condiciones edilicias.
Además del recorte de salarios que sufren los empleados del Estado, el Estado lleva meses de atraso en la entrega de recursos para los comedores escolares y otros servicios esenciales para la población de menores ingresos.
En medio del ajuste, que destapó una ola de protestas, el gobierno comenzó a negociar con el FMI una ampliación del crédito obtenido en enero, pero esta vez Estados Unidos se comprometió con el diálogo al alentar un rescate sustentable, y no de corto plazo.
Tras 12 días de negociaciones, en la medianoche de este martes, el gobierno de De la Rúa anunció que se había conseguido una ampliación del crédito por 8.200 millones de dólares, de los cuales 5.000 millones se desembolsarán en septiembre. La operación será aprobada el mes próximo por el directorio del FMI.
Los negociadores del FMI ofrecieron otros 3.200 millones para constituir un fondo al que contribuirán otros organismos y gobiernos con la finalidad de rescatar bonos de la deuda externa argentina mediante una renegociación voluntaria.
La iniciativa no implica una restructuración de la deuda sino el eventual rescate de bonos a 60 por ciento de su valor nominal.
La medida procura bajar el costo del endeudamiento argentino en el largo plazo, aseguró desde Washington el viceministro de Economía, Daniel Marx. (FIN/IPS/mv/mj/if/01
