El gobierno de Argentina se aferra, en medio de una profunda crisis, a una política económica que promueve la liberalización de los mercados, al tiempo que se niega a considerar las propuestas de sindicatos, empresarios y la Iglesia Católica de torcer ese rumbo.
El gobierno de Fernando de la Rúa, que comenzó en diciembre de 1999 tras enarbolar una propuesta electoral de centroizquierda, ha desarrollado una política de ajuste fiscal con el objetivo de generar confianza en los inversores, reducir las tasas de interés y reactivar la economía.
Esa política, traducida en siete planes de ajuste a lo largo de 20 meses, no logró aún sacar a la economía del estancamiento que arrastra hace más de tres años, ni reducir la desocupación —que continuó en aumento— ni ganar confianza.
Los planes significaron un viraje del gobierno a la derecha y, de hecho, la ruptura de la coalición gobernante. Casi todos los grupos de centroizquierda que en 1999 participaron en el triunfo electoral de De la Rúa se separaron del oficialismo en casi todos los distritos rumbo a los comicios parlamentarios de octubre.
Mientras, el gobierno de De la Rúa, ahora con el derechista Domingo Cavallo como ministro de Economía, sigue aferrado al mismo esquema.
El objetivo inmediato del gobierno es hoy la obtención de respaldo financiero para fortalecer el sistema bancario, apuntalar las reservas que respaldan la moneda circulante y compensar, en parte, la fuga de depósitos que se desató en las últimas semanas de julio por temor a una suspensión de pagos.
Para ello se comprometió en julio a una drástica reducción del gasto público.
La iniciativa conocida como «déficit cero» significa que el Estado sólo gastará mes a mes lo que recaude. Primero, deducirá de lo obtenido el pago de intereses a los tenedores de títulos de deuda externa, y con el saldo abonará salarios y pensiones, que serán rebajados cada mes de acuerdo con la recaudación.
Ese plan ya tuvo como resultado un recorte de 13 por ciento a los salarios de empleados públicos y jubilaciones a cargo del Estado correspondientes a julio, lo que desató una ola de protestas. Mientras, se prevén
El Fondo Monetario Internacional (FMI) manifestó esta semana su temor de que la ayuda financiera que reclama Argentina no logre frenar la suspensión de pagos.
Los directivos del organismo, que continúan negociando en Washington con representantes argentinos, consideran inviable una política de déficit cero en momentos en que el producto interno bruto acumula una caída de 10 por ciento en tres años.
La crisis afecta a casi todos los sectores de la producción de bienes y servicios, que se suma a la caída del consumo —incluso de alimentos y de otros bienes básicos—, al incremento de las quiebras y al aumento de la morosidad en créditos y planes de pago en cuotas.
«Protestamos porque nos rebajan el sueldo, pero también porque los niños no podrán recibir alimentación en la escuela debido a que el gobierno no paga hace tres meses a los proveedores y ya anticiparon que cortarán el servicio a fin de mes», dijo a IPS una maestra de la provincia de Buenos Aires, la más populosa del país.
Las propuestas para mitigar las consecuencias sociales de la política económica lanzadas hace un año por el Congreso de Trabajadores Argentinos (CTA), una de las tres centrales sindicales del país, no logran eco en el gobierno, ni tampoco entre los partidos y legisladores opositores.
La CTA propuso un seguro de desempleo para jefes y jefas de familia de 380 dólares mensuales, más 60 dólares por cada hijo en edad escolar, y previó el restablecimiento de impuestos a los bancos, a los supermercados y a los servicios privatizados en los años 90 para obtener los 8.000 millones de dólares necesarios.
Esos fondos, según la CTA, se transferirían a familias sin capacidad de ahorro y, por lo tanto, se volcaría de inmediato al mercado, lo que abriría un «círculo virtuoso» de aumento del consumo, de la producción y del empleo.
La CTA recoge firmas para plebiscitar su iniciativa de manera simultánea con elecciones parlamentarias de octubre.
Mientras, la Unión Industrial Argentina (UIA) propuso hace un mes un plan que priorizar el mercado interno, pues los empresarios de la organización entienden que sólo a través de esa reactivación se logrará el equilibrio fiscal.
«La reactivación económica es imprescindible para solucionar el problema del déficit», aseguró el presidente de la UIA, Ignacio de Mendiguren.
«Se trata de recrear el círculo virtuoso que requiere una ineludible redistribución del ingreso a favor de los asalariados para que funcione el capitalismo local», dijo De Mendiguren ante un auditorio que incluía a De la Rúa y a Cavallo.
La Iglesia Católica también apoyó las iniciativas de esta índole por su carácter de alternativa al modelo vigente.
Tampoco son recogidas las propuestas de diversos sectores o de economistas que en forma individual proponen la creación de impuestos a la renta financiera y a los capitales volátiles que ingresan en busca de ganancias especulativas.
Pero las autoridades siguen apoyándose en el sector financiero y en las empresas vinculadas con el mercado externo, que insisten en la necesidad de reducir el déficit fiscal como paso previo a cualquier programa de redistribución.
En este sentido, Cavallo criticó esta semana a quienes lanzan «cantos de sirena» para promover un cambio en la política económica. «Son los que hablan de (…) redistribuir más que de producir», objetó.
El ministro pidió al economista estadounidense Paul Krugman, de visita en Buenos Aires esta semana, que se abstuviera de referirse en público a la economía argentina, y sobre todo a difundir su propuesta de devaluar el peso para recuperar la competitividad exportadora.
El oficialismo tampoco parece conmoverse ante la caída de la popularidad del presidente y de su ministro de Economía. La derrota del gobierno que prevén las encuestas para las elecciones legislativas de octubre es aceptada con resignación.
La imagen positiva de De la Rúa oscila entre siete y 20 por ciento, según los sondeos, y la de Cavallo, que se ubicaba entre 52 y 59 por ciento hace cuatro meses, cayó para recoger un apoyo de apenas entre siete y 22 por ciento. (FIN/IPS/mv/mj/if/01
