Representantes de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) concluyeron hoy una visita a Venezuela, la primera de una organización extranjera para analizar la situación humanitaria del país desde la instalación del gobierno de Hugo Chávez.
El abogado peruano Francisco Soberón y el magistrado español Luis Carlos Nieto finalizaron con una conferencia de prensa su misión de observación en Venezuela, cuyo balance preliminar arroja luces y sombras.
La FIDH, con sede en Francia y constituida por 114 organizaciones nacionales de 90 países, es la más antigua asociación no gubernamental internacional de defensa de los derechos humanos.
La misión en Venezuela, la primera de la FIDH en este país, comenzó el lunes, y fue realizada a pedido del Foro por la Vida, una coordinadora venezolana que reúne una veintena de grupos de derechos humanos.
Chávez llegó al poder en febrero de 1999, y desde entonces impulsa su «revolución social bolivariana» con grandes transformaciones políticas e institucionales.
Soberón, dirigente de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, dijo que los delegados de la FIDH arribaron a Venezuela «con algunas preocupaciones e inquietudes».
El abogado peruano mencionó casos de ejecución extrajudicial en el estado de Portuguesa, decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que podrían afectar la libertad de expresión, el debate sobre la inseguridad y la ausencia de un plan nacional en la materia.
La misión de la FIDH estuvo en Portuguesa, donde se entrevistó con familiares de decenas de víctimas, asesinadas en los últimos meses al parecer por escuadrones de la muerte.
Nieto afirmó que existen evidencias de «un plan preconcebido y una actuación sistemática» en Portuguesa, que, a su juicio, se relaciona con el tono del debate venezolano sobre los medios de lucha contra la delincuencia y la inseguridad.
«La ejecución extrajudicial goza de apoyo en la opinión pública. Después, cuando se ve el trasfondo de la trama y sus secuelas, se exige una actuación apegada a la ley», dijo Nieto, quien relacionó este hecho con el linchamiento de supuestos delincuentes en barrios populares.
A juicio de Nieto, los dirigentes políticos y el gobierno deben evitar la propuesta de la pena de muerte o de la cadena perpetua como soluciones al problema de la delincuencia, pues contribuyen a fomentar la percepción de que es imposible recuperar a quien delinque.
Soberón y Nieto se entrevistaron con representantes de la sociedad civil, de los poderes públicos y de los medios de comunicación. Anunciaron que en dos meses presentarán un informe y balance de la situación venezolana.
El abogado peruano confirmó haber conversado con varios ministros y con las máximas autoridades de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Nacional (parlamento). «Fue un diálogo bastante fructífero con las autoridades», aseveró.
La misión, sin embargo, no fue recibida por el presidente Chávez, «por problemas de agenda».
Soberón recordó que existe una recomendación de la Organización de las Naciones Unidas para la implementación de planes nacionales de derechos humanos, y exhortó al gobierno de Chávez a cumplir con la iniciativa, que en parte fue puesta en práctica por la administración anterior, de Rafael Caldera.
«El plan es un mecanismo de diálogo permanente entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil en el área de los derechos humanos», precisó.
La misión de la FIDH, por otro lado, reiteró al gobierno de Chávez la obligación de cumplir con las reparaciones a los familiares de las víctimas previstas en fallos del sistema interamericano de justicia.
El abogado peruano reconoció que en estos casos la responsabilidad de la violación no es del gobierno de Chávez, que, sin embargo, tiene la obligación de cumplir con las decisiones de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Entre los casos con reparación pendiente impuesta por esos organismos figuran la matanza de 14 pescadores a manos de soldados en la localidad de El Amparo, en noviembre de 1989, y represión a las protestas conocidas como «Caracazo» en ese mismo año.
Soberón y Nieto reconocieron que la Constitución Bolivariana aprobada en 1999 con el respaldo de Chávez contiene garantías de derechos humanos en consonancia con las convenciones y acuerdos internacionales.
Del mismo modo, constataron que «hay una amplia y libre circulación de opiniones y libertad de expresión».
La misión del FIDH le recomendó al gobierno de Venezuela que invite a una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque esta instancia «tiene ánimo de cooperación y contribución» y podría hacer un análisis y recomendaciones útiles. (FIN/IPS/ac/mj/hd/01
