Unos 5.000 campesinos colombianos que regresaron a sus tierras después de ser expulsados por la guerra civil pidieron la protección del gobierno frente al renovado acoso de paramilitares de derecha y rebeldes de izquierda.
Las llamadas comunidades de paz del occidental departamento del Chocó, limítrofe con Panamá, solicitaron ayuda a las autoridades para evitar un nuevo destierro como el que vivieron en 1997.
Las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) intentan desde principios de este año ocupar la zona en que se hallan las comunidades de paz del Chocó.
Por su parte, las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia procuran mantener el control sobre el río Atrato, en cuyo curso bajo se hallan los campesinos, para impedir que los guerrilleros lo usen como vía de aprovisionamiento.
El reglamento de las comunidades de paz, surgido de un convenio con el gobierno, prohíbe a sus miembros participar directa o indirectamente en la guerra y dar información a las partes enfrentadas, incluso al ejército. Pero las FARC y las AUC no respetan esa neutralidad.
Las organizaciones irregulares «matan a nuestros compañeros» e impiden «la libre movilización», mientras que en los puestos de mando del ejército gubernamental «nos hacen una minuciosa requisa», dijo a IPS un líder de estas comunidades, que llegó a Bogotá a tocar las puertas del gobierno.
El campesino no quiso dar su nombre, pues identificarse le puede costar la vida. «Es muy difícil nuestra situación: estamos entre la espada y la pared. De día, de noche, vives en zozobra, porque te pueden matar», agregó.
Las FARC asesinaron en los últimos meses a 18 miembros de las comunidades de paz y causaron la desaparición de otra. Los paramilitares mataron a 21 personas y son resposables de la desaparición de otras dos .
«De buena voluntad y bajo compromiso cumplimos nuestra decisión de no meternos con los armados. Pero los armados nos obligan», advirtió otro habitante de las comunidades. «Nos piden agua. Les respondemos que no podemos dársela, pero ahí está el fusil, que dice 'nos la da o muere».
Los campesinos piden al gobierno el cumplimiento de los acuerdos firmados para su retorno, protección y seguridad y una mayor presencia de autoridades civiles en la zona, para garantizar la inversión social y el desarrollo.
«No queremos ser nuevamente desplazados», ni «ser los olvidados de Colombia», agregaron los dos delegados.
Más de 10.000 campesinos, la mayoría de comunidades negras de los municipios de Riosucio y Carmen del Darién, tuvieron que abandonar en 1997 sus tierras en esa zona estratégica y rica en biodiversidad, a causa de la violencia.
Algunos se refugiaron en el puerto bananero de Turbon en Antioquia, o en Pavarandó, una lcalidad del mismo departamento, y otros cruzaron la frontera para llegar a Panamá.
En octubre del mismo año, 5.000 desplazados que se habían establecido en Pavarandó decidieron regresar a sus tierras. Crearon las comunidades de paz San Francisco de Asís, Natividad de María y nuestra Señora del Carmen, para sobrevivir en medio del conflicto.
La situación de las comunidades de paz del Chocó es muy grave, advirtió el sacerdote Alejando Angulo, director del Centro de Investigaciones Populares (Cinep), de la orden católica de los jesuitas, que respalda a esos campesinos.
«La disputa por el territorio es muy fuerte y estas comunidades desarmadas están expuestas al riesgo del desplazamiento forzado o voluntario», dijo Angulo a IPS
«No tienen ninguna esperanza de resistir». Organizados en grandes grupos, intentan «por su cuenta y riesgo» el diálogo con todas las fuerzas en conflicto, agregó.
En opinión del director de Cinep, en este caso se combinan cierta indiferencia del Estado ante la gravedad de la situación y la incapacidad del ejército para responder simultáneamente en todos los sitios donde lo requiere la población. Se trata de una consecuencia de «la debilidad del Estado», afirmó.
También los miembros del Cinep han sentido la presión de los grupos armados en la zona del río Atrato. «No con la misma frecuencia, ni la misma severidad con que se trata a la población Nos identifican como parte de la iglesia (católica) y eso infunde un cierto respeto», aclaró Angulo .
El presidente Andrés Pastrana visitó en mayo las comunidades de paz y les entregó títulos colectivos que las acreditan como propietarias de las tierras. Pero la inseguridad no ha permitido a los campesinos trabajar en lo que les pertenece.
«Pedimos al Estado que nos de seguridad para estar en nuestras tierras; estamos frustrados por la inseguridad. El presidente tituló y 15 días después empezaron a desalojarnos por la vía de la violencia», dijeron los campesinos.
Los paramilitares los están despojando de las propiedades para realizar allí su proyecto de cultivo de más de 40.000 hectáreas de palma africana. «El gobierno debe definir de quien es la tierra. ¿Es nuestra?, o ¿a quién se la estamos cuidando?, se preguntan los campesinos.
«Estamos haciendo un llamado a la comunidad internacional para que se solidarice con nuestro proceso y ejerza presión sobre el Estado colombiano para que se comprometa claramente en la protección de nuestros derechos», expresaron los campesinos un una carta enviada a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson. (FIN/IPS/yf/ff/hd/01
