El propuesto tribunal para juzgar a los líderes del Jemer Rojo está un paso más cerca de la realidad, pero podría pasar mucho tiempo antes de que los camboyanos vean a sus antiguos opresores en el banquillo de los acusados.
El Senado de Camboya aprobó por unanimidad la semana pasada un proyecto de ley para crear el tribunal, luego de años de indecisión.
Sin embargo, quedan todavía muchos asuntos por resolver entre el gobierno camboyano y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que ayudaría a instalar el tribunal.
Los antiguos líderes del partido comunista Jemer Rojo serían acusados de la matanza de cerca de un millón de camboyanos bajo su régimen, entre 1975 y 1979, por medio de ejecuciones en masa, trabajos forzados y hambruna.
El Jemer Rojo pretendió reconstruir la sociedad suprimiendo la moneda y trasladando la población urbana masivamente al campo para que se dedicara a la producción agrícola colectiva. También reprimió a los intelectuales y cerró escuelas y fábricas.
Entre los puntos a resolver entre Phnom Penh y la ONU figuran la selección y la cuota de jueces internacionales, las garantías para la ejecución de las sentencias y la aplicación de la amnistía otorgada a algunos líderes clave del Jemer Rojo acusados de crímenes contra la humanidad.
Actualmente están en curso negociaciones entre el gobierno del primer ministro Hun Sen y la ONU, que espera firmar un memorando de entendimiento una vez que el proyecto se transforme en ley tras su promulgación por el rey Norodom Sihanouk, jefe de Estado de Camboya.
«No creo que el tribunal se instale a corto plazo, porque los procedimientos removerán muchos recuerdos y los políticos camboyanos intentarán demorarlo lo más posible», opinó Lao Mong Hay, director del Instituto Jemer para la Democracia, un gabinete de estrategia con sede en Phnom Penh.
Varios miembros del gobierno de coalición encabezado por el Partido del Pueblo Camboyano (PPC) de Hun Sen, así como del monárquico Funcinpec, quedarían en aprietos si se revelaran los acuerdos que celebraron con el Jemer Rojo a través de los años, afirmó Hay.
Aunque el PPC expulsó del poder al Jemer Rojo en 1979 con la ayuda de tropas vietnamitas, en 1996 el gobierno de Hun Sen debió ofrecer amnistía a algunos líderes de ese grupo extremista, como el ex canciller Ieng Sary, a cambio de la entrega de sus armas.
Muchos otros líderes del Jemer Rojo que serían acusados por el propuesto tribunal internacional han sido rehabilitados en un esfuerzo por poner fin a la guerra civil de dos décadas.
El Funcinpec, encabezado por el príncipe Norodom Ranariddh, es el menos interesado en un juicio público de esos líderes, ya que combatió junto al grupo rebelde contra el gobierno del PPC en los años 80 y hasta el acuerdo de paz de París, de 1991, que lo incorporó a la vida política.
Incluso el rey Sihanouk podría ser acusado por haber sido el jefe de Estado nominal durante el régimen del Jemer Rojo, aunque él sostiene que estuvo bajo arresto domiciliario y que el partido extremista lo amenazó con ejecutarlo si se resistía.
Para el pueblo camboyano, todos estos hechos son más que conocidos, pero los políticos todavía temen que los procedimientos del tribunal dañen su imagen y, más importante, su suerte política.
Una razón inmediata para demorar la instalación del tribunal serían los comicios municipales de febrero de 2002, y otra de más largo plazo podrían ser las elecciones generales previstas para 2003.
«Las razones que llevaron al gobierno camboyano a pedir ayuda a la ONU a mediados de 1997 para establecer el tribunal ya no existen», afirmó un diplomático asiático en Phnom Penh.
«Ambas partes pueden tener dificultades para llegar a un acuerdo sobre la forma final y los objetivos específicos del tribunal especial», agregó.
Entre otras cosas, los negociadores de la ONU insistieron en que todas las decisiones para bloquear un proceso deben ser respaldadas por una mayoría especial de jueces.
Trascendió que la ONU también pidió garantías de que la Asamblea Nacional, el Senado y el Tribunal Constitucional de Camboya respetarán los acuerdos entre el gobierno y el foro mundial.
Sin embargo, ya hay señales de desacuerdo sobre esos puntos. El propio Hun Sen declaró públicamente a mediados de julio que no le preocupa «si la ONU participará en el juicio o no», y que «ningún extranjero debería controlar el juicio del Jemer Rojo». (FIN/IPS/tra-en/ss/js/mlm/hd/01
