Activistas de género reclaman a las agencias de ayuda protección para millones de refugiadas africanas que padecen violencia sexual en los campamentos establecidos para albergarlas.
Activistas feministas exigen a quienes trabajan en agencias humanitarias que busquen otro empleo si no pueden proteger a las refugiadas. «El temor a ser expulsados (del país donde operan) no puede ser excusa. Si quieren guardar silencio, entonces no deberían estar allí», dijo Joseph Gitari, de la Fundación Ford.
Los trabajadores de las agencias humanitarias cierran los ojos a las violaciones producidas en los campamentos de refugiados por temor a comprometer su neutralidad en los conflictos, afirma el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM).
Existen actualmente 21,5 millones de personas refugiadas, internamente desplazadas y repatriadas en el mundo. Sólo en Africa hay 6,3 millones, de los cuales 80 por ciento son mujeres, niños y niñas, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Las mujeres que han asumido las funciones tradicionalmente masculinas de ganar el sustento y proteger a la familia, deben vivir bajo continuo acoso sexual en los campamentos, sostuvo UNIFEM.
Las refugiadas de los campamentos keniatas de Dadaab y Kakuma se encuentran en condiciones inhumanas, agravadas por la inseguridad, según la organización no gubernamental Consorcio de Refugiados de Kenia.
Ambos campamentos están situados en el norte de Kenia, donde la actividad delictiva es frecuente. «El gobierno keniata no toma en serio su responsabilidad en la seguridad de los campamentos», afirmó Abi Gitari, integrante del Consorcio.
ACNUR denunció 82 casos de violencia sexual en 2000 sólo en Dadaab, la mayoría de los cuales fueron violaciones ocurridas mientras las mujeres estaban fuera de los límites del campamento, recogiendo leña o cuidando su ganado.
«La mayor parte de las familias son dirigidas por mujeres y lo único que pueden hacer es gritar por ayuda o esconderse si saben que los atacantes están dentro de sus viviendas. En unos pocos casos, los atacantes fueron detenidos y llevados a la justicia», explicó Rebecca Wanjiku, investigadora independiente que visitó Dadaab.
En los campamentos, algunas mujeres que han sido víctimas de violación obligan a sus hijas, en ocasiones de apenas nueve o 10 años, a «apegarse» a un hombre que les brinde protección.
Hay hombres con 20 «esposas» inscriptas en sus tarjetas de alimentación. Pero una vez que consiguen los alimentos difícilmente los comparten con las mujeres, que quedan entonces más empobrecidas, indicó Wanjiku.
El fracaso de las agencias de ayuda en documentar y denunciar la violencia lleva a que la mayoría de las mujeres no hablen sobre las violaciones.
«Muchas víctimas no hablarán si el sistema de apoyo en el cual actúan no las anima a hacerlo. Se necesita un cambio de paradigma de las cuestiones humanitarias a las de derechos humanos», sostuvo Jennifer Klot, asesora sobre gobernabilidad, paz y seguridad de UNIFEM.
ACNUR respondió que ha creado pautas para su personal sobre violencia de género, que incluyen procedimientos para denunciar los delitos. Pero la agencia admite que en ocasiones el personal es insensible a las cuestiones de género y no está entrenado sobre las necesidades de las mujeres.
«Las agencias de ayuda se dedican a la asistencia humanitaria. (Pero) la misma no logra traducirse en desarrollo o derechos humanos», afirmó la antropóloga Tsehai Berhane-Selassie en una reunión del Programa para Mujeres Africanas en Crisis (PMAC), organizada por UNIFEM en Nairobi.
Todos los años se vierten miles de millones de dólares para la asistencia a situaciones de emergencia, de los cuales sólo 1,4 por ciento llega a las mujeres que la necesitan, según UNIFEM.
En la mayoría de los campamentos, las agricultoras son forzadas a trabajar en cestería, cerámica u otras manufacturas que dependen del mercado, sin considerar que el uso de la tierra para cultivar es esencial para su sustento, según un estudio de Berhane-Sellasie los campamentos de Sierra Leona.
UNIFEM lanzó en 1992 el Programa para Mujeres Africanas en Crisis para asistir a las urgentes necesidades de las mujeres refugiadas o desarraigadas, explicó la directora regional para Africa, Laketch Dirase. La agencia desempeñó un papel importante al exponer las consecuencias de las guerras en mujeres y niños.
«La guerra de hoy está abierta a todo tipo de gente, incluso a rebeldes sin causa, proclives a cometer atrocidades. También han cambiado sus métodos. Los tanques y aviones estan en manos del gobierno que centraliza su control. Pero las armas pequeñas colocan la guerra en medio de la población», explicó Bonaventure Rutinwa, de la Universidad de Dar es Salaam, de Tanzania.
En busca de abatir la violencia se crearon tribunales móviles en varios países para juzgar denuncias de violencia en los campamentos. En el campamento keniata de «Kakuba, el tribunal ambulante fue considerado la mejor práctica, pues lleva la justicia adonde está la gente», dijo Esther Olang de ACNUR. (FIN/IPS/tra-en/ja/mn/dc/aq/pr hd/01
