Las autoridades aeronáuticas cubanas investigan el aterrizaje forzoso en La Habana de una avioneta procedente de Estados Unidos, mientras permanecen en el misterio los motivos que llevaron al piloto a efectuar su viaje.
El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que una avioneta modelo Cessna 172 se lanzó sobre las rocas de la costa norte de La Habana a las 21:00 GMT del martes, en un área cercana al pueblo pesquero de Cojimar.
Según informes estadounidenses citados por la cancillería cubana, la nave partió de Cayo Maratón, en el meridional estado de Florida, con un plan de vuelo que consistía en sobrevolar esa área.
«Sin embargo, tomó rumbo sur y desapareció del radar a unas millas frente a la costa cubana, aparentemente sin combustible», añadió este miércoles el texto publicado por el diario Granma, portavoz oficial del gobernante Partido Comunista.
Hasta el momento, ninguna de las organizaciones de exiliados cubanos contrarios al gobierno de Fidel Castro radicadas en Estados Unidos se han pronunciado sobre el incidente.
El diario El Nuevo Herald, de Miami, aseguró que el aviador que realizó el aterrizaje forzoso de la víspera es John Reese, un repartidor de pizzas de 58 años que habría robado la nave para realizar el primer vuelo de su vida.
«Eso no tiene nada que ver con el hombre que yo conozco. Cuba es el último lugar a donde mi esposo iría. A él no le gusta Cuba», dijo Sandra Reese, su esposa.
Mientras, La Habana evitó cualquier comentario y se limitó a informar que el piloto estadounidense se encontraba lesionado y que había sido trasladado a un hospital militar cerca de Cojimar.
«Las autoridades aeronáuticas cubanas realizan actualmente las investigaciones de rigor sobre este accidente», concluye la nota de la cancillería.
El accidente originó de inmediato una polémica en la población cubana que deja entrever dudas y suspicacias, como ocurre siempre con todo lo que procede de Estados Unidos, en este caso sobre los verdaderos motivos del vuelo de Reese.
Adalberto Fuentes, vecino de un complejo de altos edificios muy cercano a Cojimar, vio desde su casa cómo el avión se aproximaba a toda velocidad. «Podría haber ocasionado muchas muertes si cae sobre alguna de estas construcciones», comentó.
«Ojalá que sea un accidente aislado y no que estemos volviendo a lo mismo», dijo Ivette Ramírez, habitante del mismo reparto, quien a mediados de los años 90 presenció cómo una avioneta sobrevolaba La Habana lanzando octavillas.
Las constantes violaciones del espacio aéreo cubano por naves procedentes de Estados Unidos culminaron el 24 de febrero de 1996, con el derribo de dos avionetas de el grupo de exiliados anticastristas Hermanos al Rescate por la Fuerza Aérea.
La «crisis de las avionetas» duró varios meses, puso punto final a un periodo de incipiente distensión entre los gobiernos de Fidel Castro y Bill Clinton (1993-2001) y aceleró la sanción presidencial de la ley Helms-Burton.
Esa ley endurece las sanciones económicas dispuestas por Estados Unidos contra Cuba desde inicios de los años 60 y amplió su alcance a empresas de terceros países que «trafiquen» con antiguas propiedades estadounidenses requisadas por la revolución encabezada por Castro, que triunfó en 1959.
Sin embargo, el gobierno estadounidense ha mantenido suspendida la aplicación del título III de la ley, que permite a estadounidenses que sufrieron la confiscación de propiedades demandar ante los tribunales de Estados Unidos a firmas de cualquier nacionalidad que negocien con esos bienes.
Las comunicaciones telefónicas directas entre ambos países quedaron interrumpidas en 2000, luego de que un tribunal decidiera indemnizar a los familiares de las víctimas del 24 de febrero con fondos cubanos congelados en Estados Unidos.
Las tensiones por la crisis afloraron nuevamente este año con un proceso judicial en el estado de Florida contra cinco espías cubanos, uno de ellos acusado de causar con la información aportada a La Habana la muerte de los pilotos.
Gerardo Hernández Nordelo, quien estuvo infiltrado en Hermanos al Rescate, podría ser condenado a cadena perpetua por los delitos de conspiración, espionaje, conspiración para cometer asesinato, documentación falsa y agente de un gobierno extranjero.
Para justificar el espionaje a organizaciones anticastristas del exilio, el gobierno cubano sostuvo que entre 1990 y 2000 éstas organizaron 140 planes de acciones terroristas contra Cuba, entre ellos 16 de atentados contra Castro y ocho contra otros miembros del gobierno.
Las violaciones del espacio áereo y marítimo cubano se mantuvieron incluso tras la crisis de las avionetas, según La Habana.
El caso más conocido ocurrió el 1 de enero de 2000, cuando un estadounidense de origen vietnamita sobrevoló La Habana y lanzó miles de proclamas sobre la ciudad llamando a la población a un levantamiento general contra Castro.
En una inusual coincidencia con La Habana, el Departamento de Estado (cancillería), calificó ese vuelo de «acto provocador e irresponsable». Por su parte, Cuba anunció que la «grosera ofensa» sería considerada como un episodio más en el largo conflicto con Estados Unidos. (FIN/IPS/da/mj/ip/01
