Un tribunal estadounidense ordenó a DuPont, la mayor industria química del país, a pagar 88,5 millones de dólares a dos empresas agrícolas de Costa Rica por el daño que el fungicida Benlate causó a sus plantaciones.
El tribunal del condado de Dade, en el meridional estado de Florida, encontró a DuPont culpable de negligencia, fraude y extorsión, y le ordenó pagar 46,5 millones de dólares y 42 millones de dólares a las empresas Palmas y Bambúes y Productora de Semillas, respectivamente.
El Benlate, que combate la proliferación de hongos y esporas en cultivos agrícolas, fue acusado en la última década de causar daños en plantaciones, malformaciones en fetos humanos y otros problemas de salud. El producto será retirado del mercado a fin de año por las molestias y costos de los juicios, anunció DuPont.
En los últimos 10 años los litigios relacionados con el Benlate sumaron 1.300 millones de dólares. En 2000 la venta del producto alcanzó 96 millones de dólares.
El fallo sienta un claro precedente para 120 procesos contra DuPont que esperan su turno en los tribunales. Los litigios contra el Benlate presentados ante el tribunal de Florida suman más de 150 millones de dólares.
El abogado litigante, Adam Moscowitz, expresó su satisfacción por el resultado. La firma negó que el producto fuera peligroso y afirmó que apelaría el fallo del 10 de agosto.
DuPont se quejó porque el tribunal no aceptó ciertas evidencias y señaló que los miembros del jurado no fueron informados que los tribunales de Costa Rica ya habían rechazado demandas similares iniciadas por agricultores locales.
«La conclusión de que es delito que una empresa defienda su producto, basada sobre todo en una campaña difamatoria y en pseudociencia, como fue este juicio, es un absurdo», señaló un comunicado de DuPont.
Las empresas costarricenses Palmas y Bambú y Productora de Semillas demandaron a DuPont por las pérdidas de cultivos que sufrieron en 1990 por el uso del Benlate.
Los testigos aseguraron que algunas plantas tratadas con el producto quedaron demasiado deformadas para ser vendidas, crecieron sólo 10 por ciento de lo esperado o perdieron todas sus hojas después del tratamiento.
La acusación de extorsión se basó en la distribución de un producto defectuoso y en la operación realizada por DuPont para ocultar las evidencias.
Esta es la primera vez que la justicia estudia evidencias acerca de las investigaciones secretas que DuPont realizó con el Benlate en 1992. La compañía destruyó las plantas afectadas, alteró documentos y creó registros ilegibles para ocultar los resultados negativos de esas pruebas.
Los demandantes se basaron en la Ley contra el Crimen Organizado de Florida, que se aplica tradicionalmente en los juicios penales contra organizaciones mafiosas, pero de escasa aplicación en la justicia civil.
En virtud de esa ley se triplican los montos de las indemnizaciones para los litigantes. Si el fallo se confirma en la apelación, Palmas y Bambú recibirá 46,5 millones de dólares y Productora de Semillas, 42 millones. Además DuPont deberá pagar, multiplicados, los honorarios del proceso.
En 1991, cuando agricultores de varios países denunciaron que el Benlate destruía hortalizas y cultivos vegetales, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) retiró temporalmente el producto y DuPont inició pagos de 500 millones de dólares para cubrir las pérdidas agrícolas.
Un año después, la compañía realizó investigaciones de campo y aseguró que las mismas probaban la seguridad del producto, por lo cual dejó de pagar por los daños causados. Se iniciaron entonces cientos de demandas judiciales, de las cuales 120 aún están pendientes.
DuPont culpó de los efectos negativos a una sustancia contaminante que se halló en algunas cajas de Benlate, pero las denuncias continuaron después de que el contaminante fue eliminado.
Hasta la fecha han sido infructuosas las demandas por problemas de salud y casos de malformaciones en recién nacidos causados por el Benlate.
Los padres de un niño nacido sin ojos, cuya madre fue expuesta al producto durante el embarazo, ganaron en primera instancia en 1996 un juicio por cuatro millones de dólares, pero el fallo fue rechazado por un tribunal de apelaciones.
Desde entonces, se han conocido casos similares en Australia, Canadá, Gran Bretaña y Nueva Zelanda, aparecidos en zonas donde se aplica el producto.
DuPont ya perdió dos demandas por el envenenamiento de camarones provocado por el escurrimiento de aguas con Benlate en Ecuador. El producto también ha sido vinculado a la resistencia química generada por ciertos hongos.
«El Benlate debería haber sido retirado del mercado hace años. Es trágico que tuviera que ocurrir todo este daño económico, ambiental y de salud para que la empresa decidiera» retirarlo, dijo Monica Moore, directora de la Red de Acción de Norteamérica contra los Plaguicidas.
DuPont siempre procuró proteger la información sobre el fungicida mediante órdenes de restricción y acuerdos de confidencialidad.
La firma ya había sido amonestada cinco veces en diferentes tribunales estadounidenses por aplicar tácticas jurídicas abusivas y mala conducta, incluso el encubrimiento de evidencias que apoyaban los reclamos de los agricultores.
Incluso la EPA inició dos reclamos administrativos infructuosos contra DuPont.
Después de llegar a un acuerdo con 20 agricultores, DuPont pactó en secreto en 1996 con los abogados litigantes a los que pagó 6,4 millones de dólares a condición de que no volvieran a auspiciar un juicio por el Benlate contra la firma.
Para Moore el retiro de la venta de un solo plaguicida tras años de denuncias y malas prácticas empresariales deja al descubierto los problemas para regular las sustancias químicas tóxicas.
«No basta con retirar los plaguicidas del mercado. Debe haber un respaldo mucho mayor al control de plagas compatible con el ambiente. Un sistema donde cada sustancia química es inocente hasta que se pruebe lo contrario no funciona», agregó. (FIN/IPS/tra-eng/ew/ks/aa/dc/aq/en/01
