La Conferencia Mundial contra el Racismo que comienza este viernes en Sudáfrica debe condenar al gobierno de Costa de Marfil por promover la matanza de decenas de civiles en 2000, exhortó hoy Human Rights Watch (HRW).
La organización de derechos humanos con sede en Nueva York acusó al presidente Laurent Gbagbo, a los jefes de las fuerzas de seguridad y a otros gobernantes de ese país de Africa occidental de incitar a la violencia y arrasar los derechos de decenas de personas en las elecciones de 2000.
HRW reclamó a los países y organizaciones donantes que «usen todas las medidas posibles para exigir el respeto a los derechos humanos» en Costa de Marfil.
El fracaso de esas presiones propagaría «la violencia y la ilegalidad» a las vecinas Liberia y Sierra Leona, advirtió HRW en un documento de 68 páginas titulado «El nuevo racismo: la manipulación política del origen étnico en Costa de Marfil».
«El clima social y político es inestable, marcado por la intolerancia, la xenofobia y la sospecha. La brutalidad del período electoral fue fruto de la peligrosa política de la manipulación étnica con fines políticos», agregó.
Los países africanos, que buscan reparaciones económicas por el colonialismo europeo y el tráfico de esclavos, no son inmunes al racismo, afirma el documento publicado ante la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia que se celebrará en la ciudad de Durban entre el 31 de agosto y el 7 de septiembre.
«Los africanos fueron frecuentes víctimas del racismo, pero también pueden ser perpetradores. En Costa de Marfil vemos la intolerancia y el fanatismo que debe enfrentar la conferencia», señaló Peter Takirambudde, director de la división de Africa de HRW.
Costa de Marfil ingresó en una etapa de tensión étnica en el proceso electoral de 1995, que enfrentó al presidente en ejercicio Henri Konan Bedie —en el poder desde la muerte del dictador Felix Houphouet Boigny en 1993— y al ex primer ministro Alassane Ouattara.
Este, ex funcionario del Fondo Monetario Internacional, encabezó el partido Reunión de los Republicanos (RDR), cuya base electoral se concentraba en el norte mayoritariamente musulmán.
En la campaña, Bedie insistió en que su contrincante no era nacido en el país, sino en la vecina Burkina Faso, y logró derrotarlo por amplio margen.
En una población de 15 millones de habitantes, una de cada cuatro personas nació en el exterior o desciende de inmigrantes, muchos de los cuales llegaron a Costa de Marfil en los prósperos años 60 y 70, procedentes de las empobrecidas naciones septentrionales en las que predomina la tradición islámica.
El gobierno de Bedie se caracterizó por la corrupción y la decadencia económica, sumadas a una prolongada campaña contra los extranjeros y por la «nacionalidad».
En diciembre de 1999, un golpe de Estado encabezado por el general Robert Guei derrocó a Bedie con la promesa de encabezar un gobierno amplio que incluyera al RDR y a otros partidos opositores.
Pero Guei no tardó en mostrar sus propias aspiraciones presidenciales. En agosto de 2000, un referéndum aprobó una enmienda constitucional que exigía a los candidatos presidenciales tener padres nacidos en el país.
En base a esa disposición, la Corte Suprema, con miembros designados por Guei, descalificó a Ouattara y a 13 de los 18 candidatos presidenciales dos semanas antes de las elecciones del 22 de octubre.
A pesar de las pruebas en contrario, Guei se proclamó ganador, provocando manifestaciones sin precedentes en Abidján. Tras la matanza que la guardia presidencial perpetró contra decenas de personas, Guei huyó del país, permitiendo la proclamación del líder del Frente Popular de Costa de Marfil (FPI) Laurent Gbagbo.
El RDR de Ouattara participó de las protestas contra Guei y reclamó nuevas elecciones basándose en la ilegalidad de su exclusión y la de otros candidatos.
Estallaron entonces los enfrentamientos entre seguidores del RDR, fuerzas de seguridad y partidarios de Gbagbo. En uno de los incidentes más graves, 57 jóvenes fueron asesinados por efectivos de seguridad, luego de haber sido detenidos por su supuesta pertenencia al RDR.
Los cuerpos fueron enterrados en una tumba colectiva en las afueras de la ciudad, conocida desde entonces como el Osario de Yopougon. Decenas de muertes, desapariciones, violaciones y cientos de casos de torturas se produjeron en la capital y en otras ciudades en los días posteriores a la elección, sostiene el informe de HRW.
El documento contiene detalles sobre hechos poco conocidos y acusa a los efectivos gubernamentales de apoyar en los actos de violencia a la rama juvenil del FPI y a milicias de grupos étnicos aliados a Gbagbo.
Las protestas y la represión se reiteraron en las elecciones parlamentarias de diciembre, cuando el gobierno excluyó nuevamente del proceso a Ouattara.
En enero, un fracasado intento de golpe de Estado dio pie a otra andanada contra extranjeros sospechosos de complotar contra el gobierno. El presidente acusó a Burkina Faso de promover el golpe.
En el curso de tres meses, «las fuerzas de seguridad comenzaron a perseguir a civiles, no por su pertenencia al RDR, sino explícitamente por su religión, origen étnico o supuesta nacionalidad», sostiene el documento de Human Rights Watch.
Decenas de miles de extranjeros, en su mayor parte de Burkina Faso, abandonaron el país. A pesar de la abrumadora evidencia de asesinatos y otros crímenes cometidos por los efectivos de seguridad desde octubre, ninguno fue detenido, afirma HRW.
Un tribunal absolvió este mes a ocho efectivos de seguridad acusados de asesinatos por la masacre de Yopougon. Dos sobrevivientes se negaron a atestiguar por temor a represalias, y uno de los acusados, el capitán que comandaba el campamento donde se llevaron a cabo los asesinatos, fue ascendido a mayor.
«La explotación de las diferencias étnicas es demasiado frecuente en Africa. Los líderes de Costa de Marfil deberían corregir el rumbo ya, antes de que sea muy tarde», urgió Takirambudde, de Human Rights Watch. (FIN/IPS/tra-eng/jl/aa/dc/mlm/hd/01
