La liberalización del comercio agrícola beneficiaría a los países en desarrollo y también al ambiente mundial, sostuvieron hoy Rubens Ricúpero, secretario general de la UNCTAD, y Maurice Strong, presidente del no gubernamental Consejo de la Tierra.
Este argumento debería ser tomado en cuenta en las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio, pues el proteccionismo y los subsidios agrícolas promueven un «productivismo excesivo», que apela al uso intensivo de agrotóxicos causantes de desastres ambientales, dijo Ricúpero.
Es una cuestión vital, incluso porque los asuntos que más interesan a los países en desarrollo em las negociaciones multilaterales de comercio, como la agricultura, avanzan más lentamente que las cuestions que favorecen a los países industrializados, sostuvo Strong.
Ricúpero y Strong coordinan el quinto Foro de Políticas sobre Comercio y Cambios Climáticos, que reúne a unos 300 empresarios y autoridades de más de 30 países en Río de Janeiro hasta este viernes, para discutir los nuevos mecanismos de lucha contra los gases invernadero, causantes del recalentamiento de la Tierra.
El desarrollo del mercado ambiental mundial requiere la puesta en vigor del Protocolo de Kyoto de la Convención sobre Cambio Climático, firmado en 1997, que establece metas de reducción de las emisiones de gases invernadero y mecanismos que permiten a los países negociar las obligaciones al respecto.
La reunión en Río de Janeiro es promovida por la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), Consejo de la Tierra y la Asociación Internacional de Comercio de Emisiones.
Ricúpero estimó entre 10.000 y 15.000 millones de dólares las inversiones anuales que podrán recibir en los próximos años proyectos de disminución de emisiones de gases invernadero en el mundo en desarrollo y que permitiría a los países industriales reducir sus compromisos.
Eso representaría sólo un tercio del mercado potencial futuro de servicios ambientales, agregó.
Los países ricos, como Estados Unidos, Japón y miembros de la Unión Europea, suelen proponer en las negociaciones multilaterales restricciones a las importaciones de carácter no comercial, como las referidas a la seguridad de los alimentos, al ambiente y a los derechos laborales.
Son condiciones rechazadas por los países en desarrollo, que temen su aplicación como barreras proteccionistas. En este caso, los países industrializados piden que se les permita condicionar la importación de productos al cumplimiento en su producción de normas ambientales y laborales.
Pero sería conveniente cuestionar en términos generales los subsidios que conceden los países ricos a su agricultura, distorsionando el comercio mundial.
«Sin los subsidios, ocurriría una redistribución de la producción agrícola mundial según la lógica de los costos y condiciones naturales, con menor agresión al medio ambiente», destacó Ricúpero, en respuesta a una pregunta de IPS.
El caso más evidente es el del azúcar y alcohol, producidos a partir de la caña en países tropicales, que afrontan un «variado y complejo conjunto de medidas proteccionistas» en todo el mundo, a pesar de sus ventajas ambientales y de costos, ejemplificó Ricúpero, diplomático y ex ministro de Hacienda de Brasil.
Brasil es un gran productor de alcohol, que utiliza como combustible de automóviles menos contaminante, pero no logra exportarlo, ni siquiera como sustituto del plomo que muchos países aún añaden a la gasolina a pesar de los reconocidos daños ambientales y a la salud humana que causa esa mezcla.
Los países industrializados son los principales emisores de gases invernadero, en especial el dióxido de carbono, que causan el recalentamiento de la Tierra y por los que se prevén graves desastres ambientales para el futuro, pues permanecen activos en la atmósfera décadas o hasta siglos.
Los países industriales responderán por la meta de reducción mundial de 5,2 por ciento de las emisiones hasta 2012 respecto de las de 1990.
La cuestion crucial es cómo distribuir los costos, según Gylvan Meira Filho, presidente de la Agencia Espacial Brasileña e impulsor del concepto de responsabilidad histórica de los países industrializados en el recalentamiento de la Tierra.
El gobierno de Estados Unidos se negó a impulsar en el Congreso legislativo la ratificación del Protocolo de Kyoto, con el argumento de que el convenio representaría grandes costos económicos, ya que sería el país más afectado en su carácter de mayor emisor de gases invernadero, un cuarto del total mundial.
La decisión de Washington impide un efectivo combate al mayor riesgo ambiental con que enfrenta el planeta, según expertos.
«Fue una decepción», pero hay «esperanzas» de que Estados Unidos cambie su posición ante la presión de la opinión pública, evaluó Strong, organizador de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo (Cumbre de la Tierra), realizada en Río de Janeiro en 1992.
Strong señaló que 70 por ciento de la población estadounidense quiere que su gobierno actúe contra el cambio climático.
Washington ya se comprometió a promover acciones internas en esa cuestión y reconoció la relación entre la emisión de gases y el recalentamiento planetario, observó el presidente del Consejo de la Tierra.
«Estados Unidos adherirá más pronto que lo imaginado» al Protocolo de Kyoto, pues las empresas privadas de ese país tienen posiciones divergentes sobre el convenio y muchas ya se preparan para aprovechar las oportunidades de negocios que éste abre, pronosticó Ricúpero.
Como mayor exportador mundial de tecnología, Estados Unidos tiene mucho que ganar en ese nuevo mercado, argumentó. (FIN/IPS/mo/mj/en/01
