El gobierno de Chile restó hoy dramatismo al aplazamiento en el Congreso de Estados Unidos de la votación de la llamada «vía rápida» para que el presidente George W. Bush negocie el ALCA, mientras el movimiento ecologista celebró la decisión, que afecta a ese proyecto continental.
La canciller chilena Soledad Alvear dijo que la postergación hasta septiembre del pronunciamiento de los congresistas responde al propósito del gobierno de Bush de «buscar consensos» en torno al ALCA (Area de Libre Comercio de las Américas) y en las negociaciones multilaterales en la Organización Mundial de Comercio.
La postergación del debate sobre la «vía rápida (fast track) causó especial impacto en Chile, ya que incide también en las negociaciones del gobierno de Ricardo Lagos con Estados Unidos de un tratado bilateral de libre comercio.
Manuel Baquedano, presidente del Instituto de Ecología Política (IEP), una organización no gubernamental, sostuvo antes del pronunciamiento de la canciller Alvear que el gobierno chileno «tratará de bajarle el perfil a esta derrota».
La decisión de diferir el debate legislativo sobre el otorgamiento al presidente Bush de la facultad de la vía rápida, fue adoptada el martes por los líderes de su propio partido, el Republicano, en la Cámara de Representantes.
Los legisladores republicanos estimaron que no contaban con votos suficientes entre el opositor Partido Demócrata para aprobar en la cámara la «autorización de promoción comercial» al mandatario.
La vía rápida significa que el Congreso estadounidense renuncia a la prerrogativa de discutir y enmendar las cláusulas de tratados comerciales propuestos por el gobierno, limitándose a votar los textos en bloque.
Este mecanismo fue fundamental para que se aprobara en Estados Unidos la adhesión desde 1994 de México al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, formado además por Canadá.
Se considera que sin la vía rápida en Estados Unidos se dificultará la creación del ALCA, cuya negociación debería finalizar a comienzos de 2005 para lograr durante ese año las ratificaciones legislativas del tratado en 34 países del continente.
El plazo fue establecido en abril en Québec, Canadá, durante la tercera Cumbre de las Américas, instancia continental de la cual está excluida únicamente Cuba.
Bush también debe emprender las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio, así como concluir conversaciones avanzadas para acuerdos bilaterales con Chile y Singapur.
En todos estos frentes influyen las presiones sobre los congresistas estadounidenses de sectores ambientalistas y sindicales, así como de grupos empresariales, que dificultan la entrega a Bush de la potestad de la vía rápida.
Los legisladores exigen la inclusión en los tratados comerciales de cláusulas ambientales y laborales, mientras empresarios estadounidenses cuyas productos compiten con exportaciones latinoamericanas rechazan reformas a la legislación «antidumping» de su país.
La mayoría de los gobiernos latinoamericanos y caribeños demandan a su vez, como condición para negociar el ALCA en buenos términos, que Estados Unidos derogue esa legislación que pena supuestas prácticas de competencia desleal de precios en el comercio exterior.
También los interlocutores de Bush en la región sostienen que los tratados comerciales no deben incluir aspectos laborales y ambientales, que redunden en sanciones económicas para supuestas transgresiones de derechos sindicales o normativas ecológicas.
Chile ha propuesto en su negociación bilateral con Estados Unidos que los aspectos laborales y ambientales sean incorporados en protocolos anexos, tal como se hizo en el tratado comercial que firmó con Canadá en 1996.
En la sexta ronda de negociaciones de Estados Unidos y Chile, celebrada la semana pasada en Santiago, el gobierno de Lagos presentó 50 criterios sobre reformas a las leyes «antidumping» de Washington que no fueron acogidos por los negociadores estadounidenses, según trascendió extraoficialmente.
Baquedano sostuvo que «hoy no es posible aprobar un tipo de legislación comercial que no respeta a los trabajadores y al ambiente».
El dirigente ambientalista calificó la postergación del debate sobre la vía rápida como una «derrota» para Bush, quien «ahora se verá muy desanimado, porque este tema nuevamente puede ser rechazado en la Cámara de Representantes».
Del mismo modo, la presencia de una mayoría demócrata en el Senado «pone en peligro la vista este año del tratado de libre comercio (con Chile)», agregó Baquedano.
La canciller Alvear y el senador Jaime Gazmuri, del cogobernante Partido Socialista, opinaron que la negociación del tratado con Chile no está afectada, porque es posible seguir avanzando en cuestiones técnicas mientras en Washington el gobierno de Bush procura acuerdos políticos para la vía rápida.
La ministra señaló que, aun sin esta prerrogativa, el Congreso legislativo estadounidense podría dar luz verde al acuerdo con Chile.
«Muchos senadores y congresistas norteamericanos le han transmitido a nuestros parlamentarios chilenos que no tienen dificultades en aprobar un tratado de libre comercio con Chile», subrayó Alvear.
Baquedano sostuvo, en cambio, que las negociaciones entre Estados Unidos y Chile, «aunque estén muy preparadas o terminadas este año, sin la vía rápida no sirven para nada».
En caso de que el Congreso estadounidense no conceda esa facultad especial al Poder Ejecutivo, «el tratado con Chile debe ser aprobado en el Senado norteamericano y allí le pondrían enmiendas laborales y ambientales, que lo harían no deseado para los empresarios y los amantes del libre comercio», señaló el dirigente. (FIN/IPS/ggr/dm-mj/if/01
