Comunidades indígenas, juristas, científicos y autoridades colombianas y estadounidenses siguen trenzadas en una compleja polémica por la fumigación de los cultivos ilícitos de coca y amapola en Colombia con el agroquímico glifosato.
El caso lleva más de 20 años en la agenda judicial y ambiental de Bogotá y Washington, un periodo en el que Colombia pasó de ser sólo procesador de la pasta básica de la coca cultivada en Bolivia y Perú a primer productor de la planta.
En cuanto a la amapola, de la que se extrae el látex de opio para la heroína, cifras de Estados Unidos identifican a este país andino y amazónico como segundo productor, después de Afganistán.
La controversia por las fumigaciones volvió al primer plano por una acción de tutela interpuesta en julio por la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombia (OPIAC).
La OPIAC solicitó a un juzgado de la capital suspender las fumigaciones en territorios indígenas, arguyendo los efectos nocivos que el herbicida causa a la población, a las fuentes de agua y a la flora y la fauna.
Se invocó también el mandato constitucional que reconoce el derecho de los indígenas a participar en decisiones que afecten su territorio o pongan en riesgo su supervivencia cultural.
Las fumigaciones se interrumpieron, pero un fallo de primera instancia denegó la solicitud de la OPIAC y otra vez tienen vía libre.
El 9 de agosto, la organización indígena apeló el fallo, y se aguarda para septiembre una decisión definitiva de la Corte Constitucional.
Paralelamente, una acción popular ante el Tribunal de Cundinamarca -departamento en cuya jurisdicción se encuentra Bogotá- pidió a los institutos adscritos al Ministerio del Medio Ambiente estudiar y pronunciarse sobre los efectos de las fumigaciones.
Pero el Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, el Instituto Von Humboldt y el Instituto de Estudios Amazónicos Sinchi respondieron que el caso no es de su competencia, sino de la Dirección Nacional de Estupefacientes, que tiene plazo hasta noviembre para evaluar el impacto ambiental de las aspersiones con glifosato.
«No hay en Colombia ningún informe riguroso sobre los efectos del glifosato», aseguró a Tierramérica el agrólogo Tomás León, profesor del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Bogotá.
En cambio, se conoce un estudio sobre la alta concentración de herbicidas en los cultivos ilícitos, puntualizó León.
Según esa investigación, en una superficie de 78.000 hectáreas, se emplearon 148.000 toneladas de herbicidas en 1998, 18 veces más que las utilizadas en todo el país para los cultivos agrícolas legales.
La cantidad corresponde a la suma de los plaguicidas utilizados por los cultivadores de coca y amapola y del glifosato fumigado por el Estado para la erradicación de los sembrados, explicó.
La embajadora de Estados Unidos en Bogotá, Anne Patterson, y el ministro del Interior colombiano Armando Estrada ya han dado su fallo a favor de las fumigaciones.
El 6 de agosto, Patterson advirtió ante el Congreso colombiano que poner fin a las fumigaciones implicaría suspender el Plan Colombia, eje de la política antinarcóticos concertada entre Washington y Bogotá.
El plan tiene un costo de 7.500 millones de dólares, de los cuales Estados Unidos aporta 1.300 millones, principalmente en pertrechos para las bases militares del sur y sudeste del país, dos zonas de alta presencia de organizaciones guerrilleras.
Dos días después, Ricardo Vargas, experto en asuntos de narcotráfico y miembro de la no gubernamental Acción Andina y del Transational Institute, envió una carta abierta a la embajadora en la que le propone un escenario sin fumigaciones.
«Al suspender la fumigación y las acciones de fuerza en las zonas cocaleras, en muy corto plazo se produciría una superproducción de hoja de coca con la consiguiente caída espectacular del precio de la pasta básica», señaló Vargas en el primero de los 15 puntos de su carta.
De ese modo, «se produciría un efecto que en 25 años de fumigaciones en Colombia no se ha logrado: bajar las áreas de producción», agregó.
La superficie cultivada ha aumentado. El indígena Floro Tunubalá, gobernador del meridional departamento del Cauca, quien se opone a la fumigación por dañina, «costosa e ineficaz», calculó que desde 1976, los cultivos ilícitos pasaron de 20.000 a 160.000 hectáreas.
Así mismo, Parmenio Cuéllar, gobernador del estado de Nariño, también del sur, se entrevistó con congresistas en Washington en procura de respaldo a su solicitud de suspensión de la ayuda económica de Estados Unidos para la fumigación aérea de los cultivos ilegales hasta verificarse todos sus efectos.
Por su parte, el ministro Estrada sostiene que la prioridad es enfrentar el narcotráfico, «combustible de la violencia, (origen) de situaciones de corrupción (y) responsable del aumento de la drogadicción de gran parte de la juventud colombiana».
«Para enfrentar este mal el gobierno tiene diferentes políticas»: fumigación, interdicción y erradicación voluntaria y manual de los cultivos ilegales, dijo el ministro. (FIN/TA/mig/en/01
