Parlamentarios colombianos pidieron suspender la fumigación aérea de cultivos de drogas con el herbicida glifosato, que no produjo los resultados esperados y tiene efectos nocivos en el ambiente y la salud de la población indígena y campesina del sur.
Rafael Orduz, legislador independiente, y Juan Ospina, del opositor Partido Liberal, que impulsan la prohibición por ley de la fumigación de cultivos ilícitos, afirmaron que esos operativos demostraron su ineficacia en los 15 años en que se han realizado.
Organismos de seguridad informaron que la eliminación de cultivos de coca, materia prima de la cocaína, pasó de 112.000 hectáreas en 1999 a 122.500 en 2000.
La fumigación en Colombia responde a lineamientos del gobierno estadounidense, que se concentra en la represión de la producción y que «confunde narcotráfico con cultivos ilícitos», dijo a IPS Ricardo Vargas, analista de la institución académica Acción Andina, especializada en la cuestión de la droga.
Mientras, Orduz señaló a IPS que el rociado con glifosato demostró ser ineficaz, pues «a mayor fumigación» aumenta la superficie cultivada. «Eran 40.000 hectáreas hace 10 años y hoy superan las 160.000» entre coca, amapola (o adormidera, materia prima de la morfina y la heroína) y marihuana, aseguró.
Además, existe evidencia «de riesgo ambiental, como lo expresan las denuncias sobre destrucción de cultivos de subsistencia y de animales domésticos y (sobre) la salud de la población», sostuvo el legislador independiente.
Orduz aseguró que las fumigaciones originaron el desplazamiento de campesinos e indígenas a otras regiones.
Pero el ministro de Justicia, Rómulo Gallegos, aseguró el martes al Senado que es «más dañino el detergente con que se lavan platos que el glifosato».
Indígenas de la comunidad inga, del meridional departamento de Nariño, afirmaron que sus parcelas son fumigadas por avionetas desde hace dos semanas. En esos predios, los nativos cultivan amapola en pequeñas cantidades, en medio de tubérculos, maíz y otros productos para su subsistencia.
Esas fumigaciones fueron devastadoras, e incluso afectaron el centro de estudios agrícolas San Martín de Porres.
El director de la policía antinarcóticos, Carlos Rivera, afirmó que esa fuerza está realizando «un trabajo muy profesional, planificado y debidamente autorizado» por las autoridades.
No obstante, el Ministerio del Medio Ambiente pidió en mayo a la Dirección Nacional de Estupefacientes la suspensión de las fumigaciones en el sur, así como la elaboración en un plazo de seis meses de un Plan de Manejo Ambiental adecuado para reanudar las operaciones.
La erradicación de cultivos ilícitos mediante fumigación con glifosato se realiza en el sudeste de Colombia sin evaluación adecuada del impacto ambiental ni acciones concretas para mitigarlo, sostuvo el Ministerio.
Pero la justicia, que había suspendido preventivamente una demanda de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia para suspender las fumigaciones, no hizo lugar luego al reclamo en primera instancia. El fallo fue apelado la semana pasada y se prevé la decisión final de la Corte Constitucional para el 20 de este mes.
«Hay un divorcio entre lo que dice la política oficial (de erradicación de cultivos ilícitos) y lo que se hace», sostuvo el gobernador del departamento de Nariño y ex ministro de Justicia, Parmenio Cuéllar.
El presidente Andrés Pastrana se comprometió ante Cuéllar y ante su par del meridional departamento de Cauca, Floro Tunubalá, que sólo serían fumigados los cultivos ilícitos superiores a tres hectáreas, aseguró el gobernador de Nariño.
Pero en ese departamento se han fumigado «los pequeños cultivos de subsistencia de los campesinos», aseguró.
Setenta y seis por ciento de los 1,6 millones de habitantes de Nariño, limítrofe con Ecuador, viven en situación de pobreza (la proporción nacional es de 52 por ciento).
Cuéllar sostuvo que 85 por ciento de los predios rurales no superan las cinco hectáreas por propietario, y que 52 por ciento tienen menos de una hectárea.
El gobernador de Nariño se entrevistó la semana pasada con legisladores estadounidenses para pedirles apoyo en su solicitud de suspensión de la ayuda económica destinada a las fumigaciones. Los campesinos del sur de Colombia son objeto de «un genocidio», sostuvo entonces Cuéllar.
A los campesinos «se les señala como narcotraficantes y delincuentes cuando sólo hacen lo necesario para subsistir», dijo el domingo al diario El Colombiano, de Medellín. (FIN/IPS/yf/mj/ip/01
