Grupos guerrilleros que presionan por incorporarse a las negociaciones de paz son los responsables de los atentados en el noroeste y nordeste de Colombia, cuyo saldo fue un muerto, 40 heridos y elevadas pérdidas materiales, aseguraron las fuerzas de seguridad.
Una de las explosiones destruyó el jueves las instalaciones de la cadena de radio Caracol en un sector residencial de Medellín, capital del departamento de Antioquia, 430 hilómetros al noroeste de Bogotá.
Caracol informó que «el impacto dejó pérdidas cercanas a los 250.000 dólares» en sus instalaciones y edificios aledaños. Dieciocho personas de las casi 40 heridas en el ataque permanecían hospitalizadas este viernes.
El mismo jueves, la detonación de un coche-bomba frente al comando de policía de la localidad de Marinilla, a 60 kilómetros de Medellín, causó la muerte de una persona y heridas a 25. La policía atribuyó este atentado al Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Otros siete explosivos de bajo poder estallados entre el jueves y este viernes en bancos y comercios de Medellín fueron atribuidos por las autoridades a las Milicias Bolivarianas, células urbanas afines a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), principal organización guerrillera de este país.
El comandante de la policía de Antioquia, coronel Guillermo Aranda, advirtió que los civiles son los más afectados por estas acciones, que «no son la forma en que los grupos armados pueden llegar a hablar de paz».
No obstante, el gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, afirmó que aún se desconoce la autoría de los atentados.
El ELN, segunda organización guerrillera colombiana, suspendió en julio los contactos para el inicio de negociaciones de paz con el gobierno, por considerar que el presidente Andrés Pastrana no había mostrado «voluntad política» para desmilitarizar una zona del norte del país.
La organización guerrillera pretendía la desmilitarización de esa área para celebrar allí una convención nacional con grupos de la sociedad civil y concertar con ellos la agenda de las negociaciones.
Así mismo, las FARC pidieron este jueves al gobierno que confirme si el aplazamiento de una reunión prevista para el 16 de este mes implica un congelamiento de las negociaciones iniciadas por las dos partes en enero de 1999, que han sufrido varias interrupciones.
El comisionado de Paz del gobierno, Camilo Gómez, respondió que las negociaciones con las FARC no están congeladas, pero pidió a los rebeldes la inmediata liberación de tres ciudadanos alemanes que la organización mantiene secuestrados.
El presidente de la Conferencia Episcopal colombiana, Alberto Giraldo, dijo que los atentados perpetrados el jueves en Medellín son «desconcertantes, porque no se sabe qué quieren lograr sus autores».
Los ataques del jueves recuerdan el «narcoterrorismo» de 1989 a 1993, cuando Medellín y otras ciudades fueron blanco de atentados con coches-bomba para presionar al gobierno contra la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos, dijo Juan Manuel Restrepo, secretario de gobierno de Antioquia.
Los atentados de este jueves se produjeron 24 horas después de que la Corte Suprema de Justicia aprobara la extradición a Estados Unidos de Fabio Ochoa, requerido por la justicia de ese país por su supuesta participación en el envío de un cargamento de cocaína en junio de 1999.
Ochoa, quien cumplió ocho años de cárcel en Colombia, libra una batalla judicial contra su extradición con el argumento de que la justicia estadounidense manipula pruebas para hacerlo aparecer como reincidente.
La ola de ataques se extendió también a Cúcuta, principal centro urbano del nordeste, donde explotó un coche-bomba en la madrugada de este viernes cerca de la sede del gobierno local, que causó daños materiales pero no dejó víctimas.
Los ataques tendrían dos explicaciones posibles: la etapa preelectoral que se avecina y el cerco militar que el ejército esta tendiendo a las FARC en algunas zonas del país, sostuvo Rubén Flores, del programa UN Análisis, de la estatal Universidad Nacional.
En opinión de Flores, las principales cuestiones de la campaña electoral serán la guerra civil y las reformas sociales y económicas. (FIN/IPS/yf/mj/ip/01
