Los funcionarios del Instituto Nacional de Seguridad Social de Brasil se adelantaron hoy, con una huelga en defensa de un aumento salarial obtenido en 1987, a un paro general en la administración central anunciado para el 22 de este mes.
Los funcionarios públicos pagaron un alto precio por la estabilización monetaria iniciada en 1994. Sus salarios están congelados desde entonces y pretenden ahora recuperar las pérdidas por la inflación acumulada en estos siete años, de 75,48 por ciento.
El reclamo de recuperación de esas pérdidas pone en situación difícil al gobierno, que acaba de acordar un recorte adicional de sus gastos para obtener un préstamo de 15.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional.
Los sindicatos decidieron promover una huelga por tiempo indeterminado a partir del día 22, después de comprobar que el presupuesto para el próximo año no contempla ningún aumento salarial en la administración central.
El gobierno se propone lograr un superávit de 3,5 por ciento del producto interno bruto en sus cuentas primarias, que excluyen los intereses de la deuda pública.
El objetivo no podrá alcanzarse si se concede la corrección salarial exigida por los sindicalistas para medio millón de funcionarios en actividad, que se extendería a una cantidad un poco superior de jubilados.
El gasto adicional alcanzaría a 49.000 millones de reales (20.400 millones de dólares), una cantidad que anularía el superávit de 45.700 millones de reales (cerca de 19.000 millones de dólares en el cambio actual) buscado por el gobierno.
En las negociaciones con la Coordinación Nacional de Entidades de Funcionarios Federales, que encabeza el movimiento, el gobierno aceptó incluir en el presupuesto de 2002 un aumento salarial de sólo diez por ciento.
El gobierno debe conceder el incremento de 75,48 por ciento, o afrontará la huelga «más dura» de los últimos años, advirtieron los líderes sindicales. El ofrecimiento de diez por ciento «ni siquiera permite iniciar el diálogo», señaló Fernando Molinos, uno de los dirigentes del movimiento.
Los funcionarios públicos federales se mantuvieron en huelga el año pasado durante 112 dias, pero con escasa adhesión. Esta vez será distinto, aseguraron los dirigentes.
En en caso de los 38.000 empleados del Instituto Nacional de Seguridad Social, se trata de una batalla específica. El paro que comenzaron este miércoles determinó el cierre de numerosas oficinas de la institución en 17 de los 27 estados brasileños.
El gobierno pretende anularles un aumento salarial de 47,11 por ciento obtenido en 1987 como adelanto de un anunciado plan de reestructuración de la carrera administrativa de esos funcionarios. Como el plan no se implementó, el pago de la suma se interrumpirá el 18 de este mes, anunció el Ministerio de Planificación y Presupuesto.
La huelga continuará hasta que se asegure la vigencia del aumento, afirmó Vladimir Nepomuceno, director de la Confederación Nacional de los Trabajadores de la Seguridad Social.
El sector público es desde la década pasada el principal escenario de las movilizaciones sindicales en Brasil. Las organizaciones laborales se han debilitamiento en las empresas privadas al ritmo del aumento del desempleo que ha causado la internacionalización de la economía.
Los funcionarios públicos tienen asegurada la estabilidad en el empleo y solo pueden ser despedidos en casos excepcionales, por corrupción u otros delitos graves. La ausencia de riesgo favorece la adhesión a las huelgas.
Los empleados del Banco Central, por ejemplo, iniciaron este miércoles manifestaciones en apoyo de la demanda de corrección salarial de 75,48 por ciento. Algunos servicios fueron interrumpidos por algunas horas en las nueve capitales provinciales donde la autoridad monetaria mantiene oficinas.
Otra área agitada es la policial, que afecta a los gobiernos estaduales. Policías de varios estados protagonizaron huelgas de variada duración desde mayo, reclamando aumentos salariales.
El movimiento comprendió a la Policía Militar, encargada de la seguridad en las calles, aunque su participación es considerada ilegal por la justicia. En dos estados fue solicitada la intervención de las Fuerzas Armadas, en un caso para contener la violencia callejera y un brote incontrolado de asaltos y saqueos de comercios.
Para contener la rebelión policial, el gobierno central anunció este miércoles un conjunto de medidas. Los huelguistas podrán ser despedidos, serán disueltas las asociaciones de policías militares, que actúan como «verdaderos sindicatos», y se castigará como delito la ocupación de cuarteles y sedes gubernamentales, dijo el ministro de Justicia, José Gregori. (FIN/IPS/mo/ff/lb/01
