Casi un décimo de la población rumana fue vigilada por el Departamento de Seguridad del Estado durante 42 años de régimen comunista, pero sólo poco más de 3.000 de los 22 millones de habitantes del país quieren revisar esos archivos.
La mayoría de quienes están dispuestos a revisarlos fueron presos políticos o exiliados que se opusieron al régimen desde el exterior, dijo Gheorghe Onisoru, director del Consejo para el Estudio de los Archivos de Securitate (CNSAS), como se llamaba la policía secreta.
El régimen socialista gobernó Rumania entre 1947 y 1989, cuando fue derrocado y ejecutado el entonces presidente Nicolás Ceausescu.
Pero 12 años después, los rumanos no parecen tener interés en conocer lo que la policía secreta sabía y registraba en archivos que extendidos habrían cubierto 60 kilómetros de longitud.
El parlamento discutió diez años la ley de habeas data que permitió abrir los expedientes, promulgada finalmente en noviembre de 1999. La misma autoriza a todos los ciudadanos perseguidos por la Securitate a leer sus archivos personales.
El nombramiento del CNSAS, organismo encargado de supervisar el proceso de apertura de los archivos, demoró meses debido a disputas entre los partidos políticos.
Según la legislación, el CNSAS debe confirmar las razones esgrimidas por quienes aspiran a leer sus expedientes, antes de dar su autorización.
Los medios periodísticos, las organizaciones no gubernamentales y las instituciones públicas también pueden acceder a los archivos de personas que ocupan cargos importantes en la presidencia, el gobierno, el poder judicial y los medios de comunicación, con excepción de los funcionarios diplomáticos.
La Securitate no sólo utilizaba a sus funcionarios, sino que disponía de unos «700.000 informantes procedentes de todos los sectores sociales, y cuya edad mínima era de 14 años», explicó Onisoru.
Cada informante se ocupaba de vigilar a dos o tres ciudadanos sospechosos de ser opositores. Según Onisoru, algunos eran empujados al espionaje apelando a su patriotismo, otros eran chantajeados.
La compensación, cuando la había, era simbólica. «Una invitación a beber una cerveza, o el equivalente a algunos cuantos dólares de tanto en tanto eran las recompensas habituales. Algunos pueden haber obtenido algo muy valioso como una visa o un pasaporte», señaló Onisoru.
«Cuando leí mi expediente quedé asombrado al descubrir que algunos de mis colegas declararon falsedades sobre mi actividad profesional y mi vida privada», dijo Constantin Badea, un ingeniero de 57 años vigilado por la Securitate entre 1980 y 1986.
«Pensé que la vigilancia se debía a las bromas que hacíamos con mis amigos sobre el ex dictador Ceausescu. Pero fui espiado porque alguien me acusó de haber cometido una travesura en la infancia», aseguró Badea, si bien no aclaró qué travesura puso la sombra de la Securitate sobre su persona.
«Ningún antiguo informante debe temer venganza de mi parte. Leí los archivos porque quería explicar a mis nietos lo que significa el comunismo en la práctica», sostuvo.
Los métodos más frecuentes para detectar la actividad disidente incluían la intervención de teléfonos, la intercepción del correo y la colocación de micrófonos en las casas.
Cualquiera que se atreviera a criticar al gobierno era puesto bajo estricta vigilancia. Los oficiales de la Securitate seguían a una persona por la calle, o permanecían durante horas en un automóvil cerca de su hogar, en espera de visitantes pero también como un aviso al vigilado.
El escaso interés en leer los archivos de la policía secreta es atribuido al temor de la población a revisar uno de los periodos más oscuros de la historia rumana, debido a las tensiones sociales que podrían manifestarse.
Esto se explica, en parte, porque ex funcionarios y colaboradores de la Securitate ocupan actualmente altos cargos en la prensa, la política y la actividad empresarial.
«¿Por qué habría que exponer lo que pasó hace decenas de años? Lo que necesitamos ahora es más dinero para vivir decentemente y no un clima de chantaje y terror que podría dividir a la sociedad», dijo Eugenia Cristescu, una maestra jubilada de 65 años.
Pero algunos estiman que abrir los archivos serviría para conjurar el fantasma de la ambigüedad moral en la cual muchos rumanos se refugiaron durante la era comunista.
El ex disidente Gabriel Andreescu criticó la decisión de las autoridades de no abrir por completo los archivos de la Securitate. «Debemos enfrentar nuestro pasado comunista con sus luces y sus sombras», sostuvo. (FIN/IPS/tra-en/mc/raj/mn/dc/aq/ip hd/01
