Más de 200.000 niños y niñas trabajan en España y algunos de ellos realizan duras faenas agrícolas o venta callejera, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y organizaciones no gubernamentales.
Unicef advirtió en un informe que la peor parte de esta situación la viven los menores inmigrantes, procedentes en especial del norte de Africa, que son utilizados para la recolección de aceitunas en la meridional Andalucía, la región más vasta y más poblada de olivos de España.
«Los menores no deben trabajar, aunque sean inmigrantes. No debe haber niños de primera y de segunda», afirmó de manera tajante Joaquín Ruiz Giménez, presidente del comité español de Unicef, encargado de la investigación pedida por el Ministerio de Trabajo y Acción Social.
Ruiz Giménez, de 87 años, pese a reclamar contra la explotación de menores en España, aclaró que el problema dista de tener la gravedad que presenta en otras partes del mundo, como en el caso de las naciones pobres.
La situación laboral de los menores en España es similar a la de otros miembros de la Unión Europea, precisó Ruiz Giménez.
En cambio, en el Sur en desarrollo existen millones de niños que trabajan, muchos de ellos en condiciones de esclavitud, señala también el último informe del grupo no gubernamental Anti-Slavery International (Asociación Internacional contra la Esclavitud), con sede en Londres.
Anti-Slavery denunció la existencia de la esclavitud en países del Sur, como Costa de Marfil, donde un joven puede ser comprado por poco más de cincuenta dólares, mucho menos de los 50.000 dólares que costaba un esclavo durante el esplendor del tráfico de personas a mediados del siglo XIX en Alabama, Estados Unidos.
El informe del comité español de Unicef indica que el trabajo infantil no debe ser considerado grave en este país de 40 millones de habitantes, pero eso «no significa que se pueda obviar la existencia de un buen número de menores que dedica un tiempo excesivo a trabajar».
Ruiz Giménez explicó que el trabajo aparta a esos niños de la educación, violando uno de los derechos fundamentales de la infancia, ya que «utilizarlos para trabajar es robarles tiempo para estudiar, una condición indispensable para el futuro de ellos en la sociedad del conocimiento».
El documento de Unicef puntualiza que encuestas realizadas en escuelas revelan que unos 170.000 niños trabajan en este país, aunque no todos a tiempo completo.
A esta cantidad, sin embargo, se le agregan al menos 70.000 trabajadores menores que ni siquiera concurren a centros escolares, según la organización no gubernamental Save the Children, filial española.
Unicef advirtió también que no han podido ser sumados a las estadísticas aquellos menores que trabajan en el servicio doméstico y en empresas familiares o que son explotados sexualmente o se dedican a la mendicidad, pues los inspectores de trabajo carecen de competencia para intervenir en esos casos.
Ruiz Giménez, «don Joaquín» como es llamado por colaboradores y amigos, subraya que en España se han detectado cadenas de explotación sexual de niños.
No cabe otra alternativa que «atajarlas, pero atajarlas ya, con decisión» y, para ello, es necesario decisión política y modernizar la legislación», apuntó.
El documento de Unicef añade que seis por ciento de los alumnos encuestados sufre ciertas formas de explotación laboral, más de la mitad de ese seis por ciento, en su mayoría niñas, son obligados a trabajar en su casa más de tres horas al día.
También detalla que unos 15.000 niños trabajan en negocios familiares y una cifra similar lo hacen en el campo, recogiendo cosechas, cuidado ganados o ayudando a los pescadores.
Una peculiaridad que destaca el estudio y que parece propia de un país desarrollado es el trabajo de unos 10.000 niños en la televisión, en anuncios publicitarios o como participantes en programas con asistencia de público.
Mientras, la situación que más molesta a la conciencia de los adultos con sensibilidad social es la actividad de los niños mendigos, en su mayoría inmigrantes, que se mueven por el centro de las grandes ciudades españolas.
Aunque no son la mayoría de los niños que trabajan y que no asisten a las escuelas, son la evidencia más visible de una situación de injusticia social. (FIN/IPS/af/dm/hd lb/01
