El Fondo Monetario Internacional (FMI) declaró no estar obligado a promover los derechos humanos en el mundo, en respuesta a acusaciones de indiferencia ante esos preceptos.
Grant B. Taplin, un representante del FMI, sostuvo ante la Subcomisión para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que ese organismo multilateral no tiene un mandato para impulsar esos valores.
El FMI tampoco está obligado por las diferentes declaraciones y convenios de derechos humanos, insistió.
La discusión en la subcomisión de la ONU se originó esta semana a causa de un estudio especializado que atribuyó a las instituciones financieras multilaterales «escasa dedicación de tiempo y espacio» a los derechos básicos y otros valores sociales.
La afirmación de los juristas Joseph Oloka-Onyango, de Uganda, y Deepika Udagama, de Sri Lanka, aludía al FMI y también al Banco Mundial y a la Organización Mundial del Comercio (OMC).
El informe, solicitado por la Subcomisión, sostuvo que las medidas del FMI y del Banco Mundial de reducción de la deuda y el tribunal de solución de diferencias de la OMC no toman en cuenta las dificultades para preservar los derechos humanos en los países en desarrollo.
La defensa de la representación del FMI se basó en los artículos del acuerdo internacional que creó, desde el 1 de enero de 1946, esa institución financiera. Los derechos humanos no se mencionan en el texto, alegó Taplin.
Por acuerdo con la ONU, el FMI goza de autonomía, recordó. Sin embargo, el organismo realiza «muchas cosas a través de diferentes canales» para promover los derechos humanos, como los nuevos programas contra la pobreza.
La jurista Udagama refutó que los planes del FMI contra la pobreza se limitan a una simple condicionalidad oculta por un ropaje diferente.
Una de las críticas más antiguas contra el FMI tiene por blanco el rigor de los requisitos que la institución establece para otorgar préstamos.
Sin embargo, Taplin observó que las reglas del FMI impiden aprobar ayudas financieras sin condiciones.
La mayoría de los 26 expertos independientes que integran la Subcomisión se declararon sorprendidos y fastidiados por la toma de distancia del FMI respecto de los derechos humanos.
Fisseha Yimer, de Etiopía, calificó de «contundentes» las manifestaciones del FMI al anunciar que «no se interesa por los derechos humanos», pero adopta decisiones que «igualmente los promueven».
Por su parte, Yozo Yokota, de Japón, recordó que los derechos humanos son normas vinculantes que no pueden ser ignoradas por acuerdos entre estados ni tampoco en las operaciones de las instituciones financieras internacionales.
A su vez, El-Hadji Guissé, de Senegal, transmitió preocupación por la declaración del Fondo Monetario Internacional, la entidad formada por 183 estados que, según indicó, desde su constitución sólo ha servido de recaudador de deudas para los países desarrollados o industrializados.
Guissé acusó al FMI y al Banco Mundial de practicar políticas proteccionistas y de amparar economías industrializadas, que están cerradas al resto del mundo.
El experto noruego Asbjrn Eide desechó la posibilidad de sostener un diálogo en estos momentos con el FMI, aunque afirmó que los estados miembros de esa institución están obligados por las leyes de derechos humanos.
En tanto, Paulho Sergio Pinheiro, de Brasil, aludió al «espléndido aislamiento» del FMI y propuso que las transcripciones del debate sean presentadas a los organismos especializados de la ONU para que «todos se beneficien con esta descarada y curiosa doctrina» del Fondo.
En cambio, Fried van Hoof, de Holanda, estimó que la declaración del representante del FMI había sido razonable y convincente.
También Louis Joinet, de Francia, evaluó que las manifestaciones del FMI no habían tenido la resonancia que le dieron los demás miembros de la Subcomisión.
El mexicano Alonso Gómez-Robledo opinó que tanto el FMI, como el Banco Mundial y la OMC, carecen de responsabilidad internacional debido a que no son sujetos de derecho internacional.
Para colmar ese vacío, Gómez-Robledo propuso la celebración de un acuerdo o convención marco entre entidades financieras internacionales.
El delegado mexicano estimó que para lograr ese objetivo se requiere una presión sistemática y coordinada de la opinión internacional y de la sociedad civil, que «en estos ámbitos es un arma verdaderamente poderosa». (FIN/IPS/pc/dm/ip hd/01
