Ontario, la provincia más poblada y de mayor diversidad étnica de Canadá, exigirá a partir del próximo año a los aspirantes a recibir ayuda social la aprobación de exámenes de alfabetismo.
Las pruebas serán obligatorias para todos los solicitantes de asistencia que tengan menos de 12 años de educación escolar, con excepción de las madres con hijos pequeños y los inmigrantes que no dominen el idioma inglés. La población canadiense registra un alfabetismo de 97 por ciento.
El programa de ayuda provincial Ontario Trabaja estipula que quienes reprueben deberán tomar clases especiales, pero el gobierno provincial redujo el presupuesto de los planes educativos para adultos. Unos 75.000 adultos por año reciben asistencia social.
Ontario Trabaja se pondrá en marcha en marzo de 2002, pero varias organizaciones civiles presentaron una demanda judicial contra el programa, por estimar que viola derechos constitucionales.
Las empresas canadienses han utilizado las pruebas de alfabetismo en forma discriminatoria hacia los inmigrantes, las minorías étnicas y la población pobre, dicen las organizaciones no gubernamentales.
La prueba obligatoria de lectura, escritura y matemática «sólo refuerza el estereotipo del desempleado perezoso y dependiente» y por tanto es una forma de discriminación, afirmó Jacquie Chic, abogado de Toronto.
Los pobres no reciben el mismo trato que el resto de la población de Ontario y esa desigualdad empeorará con esta iniciativa, sostuvo Alain Borovoy, consejero de la Asociación Canadiense de Libertades Civiles y uno de los principales expertos del problema.
«Ontario creó un régimen de obstáculos para la gente más desvalida, que incluye pruebas de alfabetismo y de consumo de drogas y trabajo comunitario obligatorio» para acceder a los beneficios, dijo Borovoy.
Ontario será la primera jurisdicción de toda América del Norte en obligar a quienes necesitan ayuda estatal a aprobar exámenes de lenguaje y matemática a riesgo de perder esa ayuda, afirmó por su parte Jamie Peck, profesor de geografía económica de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos.
Sin embargo, el gobierno de Ontario no es el único que hace más rigurosas las condiciones de la ayuda social. Este fenómeno «se registra en Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña», y en muchos aspectos los programas canadienses siguen siendo más liberales, dijo Peck.
En Estados Unidos, la prueba de alfabetismo constituye un estigma porque se utilizó históricamente para impedir que los votantes negros, más pobres, se inscribieran en los registros electorales, explicó.
Si bien los extranjeros que no dominen el inglés están exentos de las pruebas, los habitantes africanos, asiáticos e indígenas son más proclives al desempleo que los de origen europeo con igual experiencia y educación, sostuvo Basil Martin, del Consejo de Agencias que trabajan con la población inmigrante.
Toronto es la principal ciudad del país y la de mayor diversidad étnica de Canadá. Casi 53 por ciento de sus más de 4,5 millones de habitantes no son de origen europeo.
El desempleo asciende a seis por ciento, pero se mantiene entre 23 y 45 por ciento para la población de origen africano y en 20 por ciento para la asiática, según un análisis de la alcaldía sobre los datos del censo nacional de 1996.
Muchos inmigrantes que necesitan asistencia social y que proceden de países con gobiernos autoritarios no están dispuestos a protestar o a iniciar acciones contra el tratamiento que reciben, sostuvo Susan Nielsen, directora de la Asociación de Estudiantes Adultos de Toronto.
«Quienes nacieron en Canadá entienden mejor que la ayuda social es un derecho en este país», afirmó.
El intento por mejorar el conocimiento de la lengua y de la matemática no está mal, pero la obligatoriedad es intimidante, dijo Nielsen.
Por ejemplo, quienes padecen dificultades de aprendizaje como la dislexia pueden renunciar a lo que les corresponde antes de pasar por una prueba humillante. «Es una cuestión de autoestima», agregó.
Por otra parte los planes educativos para adultos son cada vez menos. En 1999 el Consejo Escolar de Toronto «recortó los programas de todas las escuelas para adultos. El objetivo no es transformar la educación de la población en ayuda», sino desalentar la solicitud de ayuda, dijo Ellen Long, investigadora en alfabetización.
Los recortes llevaron a una sobrecarga de los programas educativos de las organizaciones civiles, pero éstas solo pueden atender a 3.500 personas, mientras son 75.000 los adultos que por año reciben asistencia estatal.
Si los planes de alfabetización de la sociedad civil no pueden satisfacer la demanda, existen empresas de capacitación «con experiencia» para dictar las clases necesarias, dijo Mike Van Soelen, del Ministerio de Servicios Sociales y Comunidad.
En última instancia, los trabajadores sociales de la alcaldía determinarán si un aspirante a la ayuda social que busca trabajo debe recibir más instrucción en lectura, escritura y matemática, señaló.
El énfasis en los conocimientos busca ayudar a la gente a ingresar a la fuerza laboral, según el gobierno. Mas para la Federación de Trabajadores de Ontario muchos empleadores usan las pruebas de conocimientos y la exigencia de credenciales para «descartar» aspirantes.
El formulario de la prueba a la que deberán someterse los destinatarios de la ayuda social apunta más a «determinar la disposición al trabajo» del aspirante que a confirmar sus conocimientos, dijo la activista Josephine Grey.
De hecho, los programas educativos pretenden cubrir las necesidades inmediatas de mano de obra de las empresas, en lugar aspirar al desarrollo de ciudadanos con autoestima y conciencia civil.
En el provincial Programa de Capacitación Preparatorio, cientos de beneficiarios de ayuda social toman cursos cortos para leer memoranda, instrucciones y agendas, vinculados a puestos de trabajo específicos.
«La población pobre o de bajos ingresos es la menos alfabetizada. La cuestión no es el alfabetismo, sino la pobreza y la injusticia», sostuvo John O'Leary, director de Frontier College, un grupo nacional de educadores voluntarios.
«No creemos que sea necesario obligar a la gente a estudiar. El desafío es lograr que el aprendizaje tenga sentido y sea accesible», precisó.
Por otra parte, el programa Ontario Trabaja prohibirá el acceso a la asistencia social de por vida a toda persona procesada por recibir beneficios mediante fraude.
Borovoy, de la Asociación Canadiense de Libertades Civiles consideró que la disposición tiene un carácter condenatorio. «Nadie más está sujeto a tales imposiciones», dijo. (FIN/IPS/tra-en/pw/aa/dc/aq/hd/01
