La Real Comisión sobre Modificación Genética de Nueva Zelanda respaldó el desarrollo y uso de organismos genéticamente modificados, y despertó el rechazo de organizaciones que aspiran a un país «libre de transgénicos».
«Nueva Zelanda debería mantener abiertas sus posibilidades. Sería poco inteligente dar la espalda a las potenciales ventajas que se ofrecen, pero deberíamos proceder con cuidado, minimizando y administrando los riesgos», recomendó la comisión creada en abril de 2000 por el gobierno.
El gobierno decidirá antes del 31 de octubre si aplicará las recomendaciones de la Real Comisión.
La decisión alarmó a grupos de consumidores, ambientalistas y de la etnia minoritaria maorí, que habían organizado una campaña para declarar a Nueva Zelanda «país libre de ingeniería genética».
Los organismos genéticamente modificados, o transgénicos, son variedades vegetales alteradas mediante la introducción de genes de otras especies, animales o vegetales, con el fin de hacerlos más resistentes a plagas, sustancias químicas o condiciones climáticas.
Para introducir los genes se utilizan virus o bacterias como vectores biológicos.
No hay estudios científicos terminantes sobre los efectos de los transgénicos en la salud humana y el ambiente, por lo cual las organizaciones ambientalistas reclaman controles sobre la investigación y el uso de los mismos, así como la información al público.
La Real Comisión gastó 2,6 millones de dólares en su tarea, recibió 10.000 alegatos (90 por ciento de los mismos contrarios a diversos aspectos de los transgénicos) y reunió pruebas de más de 100 grupos de interés.
«En forma paralela se debería facilitar el desarrollo de la agricultura convencional, y los métodos orgánicos e integrados», agregó el organismo.
Los cultivos orgánicos se basan en semillas no modificadas genéticamente, y tampoco utilizan fertilizantes ni plaguicidas químicos.
«El informe establece que los cultivos transgénicos y los orgánicos pueden coexistir, a pesar de que toda la industria orgánica explicó a la comisión que esto era imposible, y a que los productores orgánicos de Estados Unidos acaban de admitir que su producción se contaminó con transgénicos», replicó la dirigente del opositor Partido Verde, Jeanette Fitzsimons.
Las conclusiones de la comisión desalentaron al Partido Verde, principal impulsor de la instalación de este cuerpo.
«Pese a las lindas palabras sobre mantener abiertas las posibilidades de Nueva Zelanda, la comisión recomendó un rápido camino a la liberación de los cultivos transgénicos, destruyendo nuestra actual ventaja comercial: la garantía de exportaciones agrícolas libres de transgénicos», afirmó Fitzsimons.
Las organizaciones maoríes manifestaron ante la comisión su intención de prohibir toda patente de formas de vida y reclamaron el fin de «las negociaciones de libre comercio y del ingreso a Aotearoa (nombre maorí de Nueva Zelanda) de las multinacionales biotecnológicas».
Los grupos indígenas reclamaron al gobierno que detenga la importación de alimentos con transgénicos y que fomente la inversión para convertir a Nueva Zelanda en un país de producción orgánica.
La comisión reconoció la profunda preocupación de la comunidad maorí, que comprende 10 por ciento de la población, pero rechazó todas sus recomendaciones.
La única concesión fue «procurar una enmienda al Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (TRIPS) de la Organización Mundial de Comercio para evitar la ofensa cultural como base específica de exclusión o reserva».
Aunque se presentaron alegatos que apoyaban el etiquetado obligatorio de los alimentos transgénicos, el cuerpo prefirió respaldar un sistema que no exige tal obligación.
La comisión «reconoce que la falta de un sistema amplio de etiquetado para los transgénicos fue una preocupación central de los alegatos, pero no recomienda el etiquetado obligatorio ni ninguna medida similar con el único argumento de que sería costoso», señaló la portavoz del Partido Verde, Sue Kedgeree.
La comisión también fue laxa en cuanto a la responsabilidad financiera de las empresas que desarrollan o aplican transgénicos. «Un sistema de responsabilidad estricto puede ser una barrera a la innovación o al progreso», señaló el informe.
El documento fue bien recibido por otros sectores. La Red de Ciencias de la Vida, que nuclea a las empresas con intereses en la biotecnología, lo consideraron un fuerte «respaldo a las estructuras regulatorias que ya existen en Nueva Zelanda», dijo su presidente, William Rolleston.
Mientras tanto, los defensores de los transgénicos reclaman que el gobierno levante la prohibición a la experimentación de campo de los transgénicos. «No hay razón para que el gobierno continúe con la suspensión voluntaria de las aplicaciones transgénicas en pruebas de campo», dijo Rolleston.
El plazo de esa suspensión vence el 31 de agosto. El gobierno deberá decidir si prorroga la medida o la levanta, lo que será la primera prueba sobre la reacción oficial ante este informe.
El influyente sector agrícola tradicional también procura una estructura regulatoria más «eficiente» para usos «de bajo riesgo» de productos transgénicos.
«Apreciamos la recomendación de atenuar las regulaciones para la actividad de 'bajo riesgo', lo cual reducirá los costos de investigación», manifestó el presidente de la Federación de Agricultores, Alistair Polson.
Pero la campaña para declarar a Nueva Zelanda libre de transgénicos está lejos de finalizar, advirtió Fitzsimons. «Pronostico que la primera aplicación de uso comercial (de los transgénicos) encenderá una cantidad sin precedentes de protestas públicas», sostuvo. (FIN/IPS/tra-en/bb/js/dc/aq/en if/01
