La revisión de la Ley de Aire Limpio de Estados Unidos, impulsada por el presidente George W. Bush, podría frustrar los esfuerzos por detener la contaminación que causan las mayores empresas de energía del mundo, advirtieron activistas de la salud y el ambiente.
Cuando la Casa Blanca informó su política nacional sobre energía, en mayo, Bush ordenó a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y al Departamento de Energía que revisaran el impacto de la Ley de Aire Limpio sobre las centrales de electricidad alimentadas con carbón, gas y petróleo.
Está en juego una sección de la ley, llamada «Revisión de nuevas fuentes», que prohíbe a las operadores de centrales de energía ampliarlas sin instalar avanzados dispositivos de control de la contaminación.
Las compañías de servicios públicos ejercen fuertes presiones para derogar esta parte de la ley porque, de lo contrario, deberían invertir miles de millones de dólares para actualizar sus instalaciones.
La EPA calculó en 1997 que cada año podrían prevenirse hasta 15.000 muertes y decenas de miles de enfermedades respiratorias si se aplicaran las nuevas normas.
La agencia demandó a varias empresas por violar la ley, pero Bush exhortó al Departamento de Justicia a revisar esas demandas.
El presidente también pretende reemplazar la «revisión de nuevas fuentes» -considerada la esencia de la ley de aire limpio- por simples objetivos de emisión de ciertos contaminantes, anunció el jueves la administradora de la EPA, Christine Todd Whitman.
Las recomendaciones realizadas a partir de la revisión impulsada por Bush se publicarán el día 17.
«El plan de Bush acabaría con la Ley de Aire Limpio y crearía más contaminación», advirtió Peter Altman, coordinador de la Coalición para la Energía Sustentable y el Desarrollo Económico, con sede en Houston, Texas.
Altman fue uno de los ambientalistas de Texas y Louisiana, dos estados fuertemente industrializados, que llegaron a la capital la semana pasada para urgir a los legisladores a detener la revisión propuesta por Bush.
Muchos activistas, como Altman, llegaron de Houston, sede de numerosas refinerías petroleras, entre ellas la mayor del país, operada por ExxonMobil.
Una refinería promedio, señalaron, libera unas 250 toneladas de emisiones tóxicas, incluso dióxido sulfúrico, óxido nitroso y pequeñas partículas que afectan la respiración.
LaNell Anderson es una activista de la Brigada Texana del Balde, una organización ambientalista comunitaria llamada así por los baldes que utiliza para medir la calidad del aire, que vive cerca de varias refinerías y plantas químicas.
Anderson culpó a la contaminación del aire por el cáncer que mató a su madre y por las enfermedades inmunológicas que la afectan a ella, a sus hermanas y a su esposo.
«Se nos pide que sacrifiquemos a nuestros hijos y a nuestra familia en aras de las ganancias de las empresas. No podemos tolerar más de estas refinerías ilegales», dijo.
La disputa por la Ley de Aire Limpio se remonta a 1977, cuando las empresas de energía obtuvieron una excepción para sus viejas centrales, arguyendo que esas instalaciones pronto se cerrarían y que los controles de contaminación para ellas serían demasiado costosos. Hasta la fecha, muy pocas se han cerrado.
Según la EPA, varias refinerías viejas se ampliaron en los últimos años sin la instalación de modernos controles de contaminación, en violación de la normas sobre revisión de nuevas fuentes.
«Los contaminadores han quebrantado la ley durante años y ahora pretenden que los dejen limpios», dijo Arlene Polewarczyk, del grupo de Clear Lake por el Aire Limpio, también de Huston.
«En el proceso, la gran perdedora es nuestra salud», lamentó.
El Departamento de Justicia, en representación de la EPA, respondió a las infracciones iniciando acciones judiciales en 1999 y 2000 contra decenas de viejas centrales eléctricas.
Varios gobiernos estaduales y organizaciones ambientalistas se unieron al gobierno en la demanda. Por ejemplo, ocho estados y 17 grupos se unieron a la acción de EPA contra el gigante American Electric Power.
Por su parte, los acusados se unieron y formaron un nuevo grupo de presión llamado Consejo Nacional Coordinador para la Confiabilidad de la Energía Eléctrica.
El Consejo contrató a Haley Barbour, ex presidente del Comité Nacional Republicano, como abogado.
Mientras, los activistas acusaron a las compañías de utilizar el litigio para debilitar otras disposiciones de la Ley de Aire Limpio y los esfuerzos de EPA para actualizar sus normas sobre calidad del aire. (FIN/IPS/tra-en/dk/aa/mlm/en/01
