Colombia y Estados Unidos deben indemnizar a la población de Ecuador afectada por los agroquímicos utilizados en las fumigaciones antidroga en el sur colombiano, dijeron en Bogotá dirigentes indígenas y ambientalistas ecuatorianos.
Adolfo Maldonado y Lucía Gallardo, de Acción Ecológica, y Blanca Chancoso, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), presentaron el jueves en el Congreso legislativo de Colombia un estudio del impacto en el norte ecuatoriano de esas fumigaciones para erradicar cultivos ilegales de coca y amapolas.
Los activistas fundamentaron así su reclamo respecto de los efectos en la frontera colombo-ecuatoriana de la puesta en marcha del Plan Colombia, de lucha antidrogas y de desarrollo, implementado por el gobierno de Andrés Pastrana con ayuda especial de Washington.
Chancoso indicó que la investigación realizada en la frontera ecuatoriana determinó el alto índice de enfermedades a causa de las fumigaciones con agroquímicos.
El estudio comprobó también que el rociado quemó decenas de sembradíos y la piel de los animales domésticos, añadió.
«Presentamos a los legisladores colombianos muestras gráficas de las afecciones en la piel de campesinos de la frontera, y el estudio de los síntomas de distintas enfermedades vinculadas a la aplicación de esas fumigaciones», informó el médico Adolfo Maldonado.
La investigación presentada por los dirigentes indígenas y ambientalistas fue realizada en comunidades de la provincia amazónica de Sucumbíos, fronteriza con Colombia, con una muestra representativa de 2.000 habitantes.
Las comunidades fueron divididas en tres grupos, según la distancia de la zona de fumigaciones, tomando como referencia la línea fronteriza, explicaron.
Esa división determinó que en las zonas más alejadas del área colombiana donde se realizan las aspersiones los pobladores presentaban afecciones menores.
Maldonado apuntó que «100 por ciento de las personas que habitan a menos de cinco kilómetros de la frontera sufrieron intoxicaciones agudas, mientras que la cantidad de intoxicados disminuye a 89 por ciento en la zona alejada hasta 10 kilómetros».
También precisó que en las escuelas ubicadas a menos de dos kilómetros del área de fumigación se enfermaron todos los niños, por lo cual algunos centros tuvieron que cerrar.
«El síntoma más frecuente en las personas que viven en las zonas más cercanas a la frontera es la fiebre, indicativo de la presencia en la sangre del químico fumigado», se sostiene en el informe.
Esa fiebre es acompañada con diarreas frecuentes, cefaleas y tos, «signos de que el químico ha penetrado en el organismo por vía oral y respiratoria y produce efectos sistémicos», se explica.
Muy próximos están los datos de dermatitis, irritación de conjuntivas y vómitos, «que confirman la entrada del Roundup por piel y mucosas».
El glifosato es el componente clave del químico Roundup, producido por la firma transnacional Monsanto y utilizado por las fuerzas armadas colombianas para la erradicación de plantaciones ilegales.
El trabajo de los expertos también reveló la existencia de una relación directa entre las patologías presentadas y el tiempo transcurrido desde la realización de las fumigaciones.
«En los días más cercanos a la finalización de las fumigaciones, las intoxicaciones son mayores y, con el transcurso del tiempo, van disminuyendo», detalló Maldonado.
Por su parte, Chancoso comentó que la Conaie no fue escuchada por el gobierno ecuatoriano de Gustavo Noboa, cuando le pidió que se opusiera a las fumigaciones realizadas por Colombia.
«En el marco del diálogo que mantuvimos con el gobierno hasta hace algunas semanas, presentamos las pruebas y le pedimos que asumiera una posición de protección hacia los habitantes de la frontera, pero éste no lo hizo», agregó.
A su vez, Gallardo resaltó que el gobierno de Noboa no cumplió el compromiso contraído con indígenas y ambientalistas de crear una comisión mixta para verificar los efectos de las aspersiones.
Quito se limitó a pedir a Bogotá que las fumigaciones sólo se hicieran hasta una distancia de 10 kilómetros de la frontera entre los dos países, dijo.
Gallardo se lamentó que «el gobierno ecuatoriano realizó un pedido que ni siquiera fue escuchado por Colombia y no exigió indemnización para los afectados por estas fumigaciones y la aplicación general del plan antidrogas».
Según la ambientalista, la actitud del gobierno de Noboa se debe a su compromiso con el Plan Colombia, «en lugar de asumir una posición neutral ante el conflicto interno armado de ese país».
Para Chancoso, ese compromiso se observa sobre todo «en la posición intransigente de no modificar el acuerdo que permitió a las fuerzas armadas de Estados Unidos utilizar la base aérea y el puerto de Manta, en la costa ecuatoriana del océano Pacífico, involucrando al país en la guerra civil de Colombia».
Por otra parte, Gallardo explicó que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos considera que la exposición al glifosato de las aguas, por encima del limite máximo autorizado de 0,7 miligramos por litro, puede causar respiración acelerada, congestión pulmonar, daño renal y efectos reproductivos en los humanos.
«El glifosato es un herbicida no selectivo, de amplio espectro, que ataca toda clase de plantas, pues inhibe unas enzimas indispensables en la síntesis de proteínas, lo cual hace que se marchiten, mueran o se debiliten y queden expuestas a las plagas y enfermedades», aseguró.
En tanto, Maldonado explicó que el producto utilizado en las fumigaciones es «mucho más peligroso que el glifosato normal», pues se está utilizando Roundup Ultra, que también contiene POEA (polioxietilamina, muy tóxica), a lo que se añade Cosmo Flux 411.
«El Cosmo Flux 411 cuadruplica la acción biológica del agrotóxico, y adquiere así dimensiones alarmantes», arguyó.
El POEA y el Cosmo Flux son dos surfactantes que ayudan a una mayor penetración del componente en la hoja de la planta y adhieren el químico a ellas y a la tierra.
«De la misma manera actúan en la piel y membranas mucosas del ser humano, provocando las graves afecciones dérmicas y otros síntomas de intoxicación que se comprobó con la investigación», advirtió Maldonado.
El Consejo Nacional de Estupefacientes de Colombia señaló que en esa mezcla, el glifosato tiene una concentración 26 veces mayor que la recomendada en la agricultura.
Gwen Clare, quien hace unas semanas abandonó su cargo de embajadora de Estados Unidos en Ecuador, minimizó el problema al indicar que «el glifosato tiene los mismos efectos de la sal común o la aspirina».
«Es menos dañino que la nicotina o la vitamina A, por lo cual se lo utiliza en la mayoría de las plantaciones del mundo y hasta en jardines», recalcó.
Un documento sobre las operaciones antidrogas en Putumayo, elaborado por la embajada de Washington en Bogotá, informó que la primera etapa de las fumigaciones del Plan Colombia en esa zona se desarrolló del 22 de diciembre al 28 de enero y abarcó entre 25.000 y 29.000 hectáreas. (FIN/IPS/kl/dm/en ip/01
