Miles de argentinos se manifestaron hoy contra el recorte del gasto público, que incluye la rebaja de salarios de los funcionarios y de pensionados, al finalizar dos días de protestas con bloqueo de rutas, una medida que se repetirá por 72 horas la semana próxima.
Los manifestantes cuestionaron las medidas adoptadas por el gobierno de Fernando de la Rúa en busca de eliminar el déficit fiscal y evitar así el cese de pagos, que se tradujo hasta ahora en la reducción de 13 por ciento de sueldos estatales y pensiones superiores a los 500 dólares mensuales.
Los desocupados, en particular, temen que el recorte alcance también a los subsidios y planes de empleo público que otorgan a cada uno de ellos entre 120 y 250 dólares al mes, y advierten que el ajuste no servirá para lograr la reactivación económica.
La principal marcha de este miércoles llegó hasta plaza de Mayo, frente a la sede del gobierno en la capital argentina, mientras se desarrollaban protestas similares y cortes de ruta en las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Fe y Tierra del Fuego.
Trabajadores públicos y privados, estudiantes, jubilados, productores rurales y desocupados conforman este movimiento de protesta que ya realizó la semana pasada un día de cortes de tránsito en calles y carreteras de distintas partes del país.
Los cortes de caminos realizados por los manifestantes, también denominados «piqueteros», se practicaron en forma continua el martes y este miércoles, duplicando el número de asistentes, según los organizadores.
Maestros y médicos de hospitales estatales explicaron que su presencia en las protestas no sólo es para expresar su rechazo al recorte del gasto y al atraso en el cobro de salarios, sino también para advertir a la sociedad sobre la miseria por la que atraviesa la población pobre e indigente.
«En el hospital no hay ni insumos mínimos para atender y operar, y no podemos hacer prevención o tratamientos a gente que no tiene dinero ni para viajar en autobús hasta los consultorios», comentó un médico que participó de los cortes en la localidad de La Matanza, en la periferia de la ciudad de Buenos Aires.
Por su parte, la maestra María Raigada, que consume tres horas cada día par ir y venir a la escuela en la que trabaja, indicó que ese centro «es lo único que les queda a la mayoría de los padres».
Esos adultos tienen en el centro de educación de sus hijos «el único lugar de contacto social con el mundo externo, el lugar al que vienen a ofrecerse para trabajar o para conseguir un empleo, el lugar al que vienen a comer», señaló Raigada, vicedirectora de la escuela de Virrey del Pino, en la provincia de Buenos Aires.
Raigada añadió que cuando un niño se accidenta y es llevado al hospital, se debe avisar a los padres y también darles el dinero para el autobús. «No entiendo cómo los niños vienen vestidos a la escuela», admitió, para graficar el grado de pobreza.
La maestra precisó que, con 20 años de trabajo, percibía 900 dólares por mes de sueldo, pero a partir de ahora sufrirá 20 por ciento de descuento.
Además, Raigada, al igual que el resto de los empleados estatales de la provincia de Buenos Aires, recibirá a partir de esta semana una parte de su salario en bonos, que aún se desconoce si serán aceptados a su valor nominal por los comercios.
Las protestas de este miércoles fueron convocadas por el Frente contra la Pobreza y el Desempleo, agrupación que convocó al congreso de desempleados de julio que resolvió los cortes de rutas en todo el país a lo largo de tres semanas.
La semana pasada se registraron cortes de tránsito en unos 200 puntos del país, con la presencia de unos 120.000 manifestantes, mientras que esta vez se adhirieron unas 150.000 personas, según los organizadores.
Este frente de protesta cuenta con el respaldo del Congreso de Trabajadores Argentinos (CTA), una de las tres centrales sindicales del país y la más crítica del gobierno, que agrupa en especial a empleados públicos, maestros, judiciales y médicos, los cuales realizaron este miércoles un paro de actividades.
La CTA propuso hace más de un año la entrega de subsidios a jefes y jefas de hogares de 380 dólares al mes, que permita aliviar la pobreza y reactivar el mercado doméstico, un estímulo que creen serviría para recaudar más y aumentar los ingresos fiscales.
Sin embargo, la iniciativa no fue tenida en cuenta por el gobierno de De la Rúa ni por la oposición.
Los maestros y profesores también comenzaron este miércoles un paro de actividades por tiempo indeterminado, en protesta por el atraso en el pago de salarios, en algunos casos desde mayo.
Las protestas son convocadas por una camada de nuevos dirigentes barriales y sindicales en respuesta a los sucesivos ajustes dispuestos por el gobierno para reducir el déficit fiscal y tratar de reactivar la economía, estancada desde hace más de tres años, y combatir contra el desempleo que ya alcanza a 16,4 por ciento de la población económicamente activa.
Mientras, el gobierno sigue procurando aventar la amenaza de una cesación de pagos o de una devaluación de la moneda, mediante nuevos créditos que esta vez deberán estar destinados a completar las reservas que se perdieron en las últimas semanas. (FIN/IPS/mv/dm/ip/01
