La XV Cumbre del Grupo de Río, que comenzó hoy en Santiago de Chile con la reunión de coordinadores nacionales, tiene el apoyo de organizaciones antiglobalización, pero eso no impedirá protestas de grupos perjudicados por la mundialización de la economía.
Aucán Huilcamán, líder del Consejo de Todas las Tierras, la más activa de las agrupaciones de la etnia mapuche en Chile, anunció que este viernes entregará un documento a los 19 gobernantes reunidos en la cumbre, y que si éste no es acogido habrá manifestaciones de indígenas.
Uno de los puntos centrales de la presentación del Consejo de Todas las Tierras es la creación de «instancias de apelación a los acuerdos económicos internacionales que dañan los intereses indígenas», señaló Huilcamán.
La propia agenda oficial de la cumbre tiene como centro la inserción de América Latina en un mundo globalizado en general, y el análisis de la sociedad de la información, la nueva economía y la brecha digital en particular.
A ellos se suman otros puntos que también remiten a problemas globales, como la promoción de los derechos humanos y la lucha contra el racismo, el reforzamiento de las instituciones democráticas y las acciones colectivas ante el narcotráfico y el lavado de dinero procedente de actividades ilícitas.
El fantasma de una nueva crisis financiera internacional, otro fenómeno recurrente en el escenario de la mundialización, estará presente en la cumbre, en esperados pronunciamientos de los mandatarios acerca de la situación de Argentina.
La crisis argentina es el «gran tema» de esta décimoquinta cumbre del Grupo de Río, independientemente de la agenda oficial, pues será tratada en las tres sesiones de trabajo a puertas cerradas que los mandatarios realizarán este viernes.
La Declaración de Santiago, cuyo borrador deberá ser concluido este jueves por los cancilleres de los 19 países, será suscrita este sábado, al término de la cumbre.
Se espera que el documento contenga una firme exhortación a los países industrializados y a los organismos financieros multilaterales para que apoyen con mayores recursos crediticios los planes del gobierno de Fernando de la Rúa.
Según el presidente chileno, Ricardo Lagos, anfitrión de la cita, América Latina «ha hecho bien la tarea» de las reformas estructurales hacia la disciplina fiscal y la apertura internacional.
Por lo tanto, América Latina merece solidaridad ante una crisis que encontraría sus primeras víctimas en la región pero que puede contagiar a todo el mundo, agregó Lagos.
En la maraña de conflictos que convergen sobre la cumbre del Grupo de Río no se descartan manifestaciones de unos 2.000 trabajadores de Aero Continente, empresa peruana de aviación comercial cuyos bienes están incautados en Chile debido a una investigación judicial por lavado de dinero.
Los ejecutivos de la empresa aseguran ser víctimas de una persecución inspirada en intereses económicos, lo cual puede repercutir negativamente sobre la «nueva era en las relaciones» que quieren iniciar el presidente Lagos y su par peruano, Alejandro Toledo, quien asumió el 28 de julio.
Los vientos de la crisis argentina, que atraviesan la cordillera de los Andes y soplan en Chile a través del aumento del desempleo, llevaron a la Central Unitaria de Trabajadores a convocar a una manifestación de protesta en Santiago para este jueves.
Pese a que los líderes de la mayor matriz sindical chilena puntualizaron que su movilización no procura atacar al Grupo de Río, se prevé que grupos de extrema izquierda participen en la manifestación con el objetivo de producir actos de violencia y afectar así la imagen de la cumbre.
La policía de Carabineros dispuso la movilización de 500 efectivos para custodiar la sede de la cumbre, el Centro Cultural de la Estación Mapocho, antigua estación ferroviaria remodelada como centro de reuniones y exposiciones.
Otros 1.500 carabineros se desplazarán por la capital chilena en estos días con misiones específicas de controlar manifestaciones y velar por la seguridad de las 18 delegaciones visitantes.
El no gubernamental Instituto de Ecología Política (IEP) expresó esta semana no sólo el rechazo a eventuales ataques «globalifóbicos» contra la cumbre, sino que además entregó su saludo y apoyo a la cita de presidentes latinoamericanos.
El Grupo de Río representa «una incipiente colaboración que apunta a pensar nuestro continente desde América Latina», dijo Manuel Baquedano, presidente del IEP.
«Esta es una de las pocas instancias autónomas a nivel presidencial, capaz de enfrentar las reivindicaciones que teneos como países latinoamericanos frente a naciones del Norte, (de) Asia y (de) Europa», agregó el dirigente.
Pero tanto el IEP como el Comité ATTAC Chile recalcaron que esta instancia latinoamericana debe ser capaz de interpretar y proyectar las demandas sociales, opuestas a una «globalización neoliberal» controlada por las corporaciones transnacionales.
ATTAC (Asociación por la Tasa Tobin de Ayuda a los Ciudadanos) se basa en la propuesta del premio Nobel de Economía James Tobin de gravar con un impuesto mundial de 0,1 por ciento las transacciones financieras especulativas, con el fin de dirigir recursos a los países más pobres.
José Cardemartori, ex ministro de Economía del gobierno de Salvador Allende (1970-1973) y miembro de ATTAC Chile, señaló que el Grupo de Río «es la instancia política más apropiada para debatir la integración latinoamericana. No está Estados Unidos ni el rey de España».
Sin embargo, la agenda de la cumbre «se está yendo por las ramas, son temas muy generales y no cosas específicas», comentó Cademartori.
El ex ministro señaló que el Grupo de Río debería plantear la suspensión de las negociaciones por la creación del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), «mientras no tengamos una posición firme y común de los países latinoamericanos ante Estados Unidos».
Al margen de ATTAC, Aucán Huilcamán señaló que los grupos indígenas plantearán sus requerimientos a los gobernantes de la región.
El documento que entregarán este viernes a la cumbre incluye seis puntos centrales. El primero es la autodeterminación de los pueblos indígenas de América.
«El derecho a la restitución de terrenos (indígenas) afectados por las transnacionales, como las compañías forestales, petroleras y mineras», indica el segundo punto.
Los gobiernos latinoamericanos deben «crear instancias de apelación a los acuerdos económicos internacionales que dañan los intereses indígenas», agrega el documento.
Incluir la opinión de los pueblos originarios en los procesos democráticos, poner fin a la biopiratería que ejercen las empresas farmaceúticas en territorios indígenas e impedir la usurpación de la propiedad intelectual, son los otros tres requerimientos.
El Grupo de Río fue creado el 18 de diciembre de 1986 con la Declaración de Río de Janeiro, que lo definió como un mecanismo permanente de consulta y concertación política de los gobiernos latinoamericanos.
Está integrado actualmente por Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. (FIN/IPS/ggr/mj/ip/01
