La capital de Perú necesita más 500 millones de dólares para evitar que los residuos orgánicos y desperdicios químicos contenidos en los dos millones de metros cúbicos diarios de aguas servidas que expulsa no sigan envenenando el océano Pacífico.
El sistema de drenaje de Lima comprende unos 8.000 kilómetros de alcantarillas, que recogen 18.000 litros de aguas servidas cada segundo para volcarlas al océano a través de ocho colectores, lo cual se suma a la que recogen los ríos Rimac y Lurín.
Un informe de Sedapal, la empresa estatal que administra el servicio de agua y alcantarillado, señala que los desechos líquidos han creado una peligrosa insalubridad en las playas situadas frente a la ciudad y en las zonas vecinas.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) también ha dado la voz de alerta, en un documento que destaca el riesgo provocado por la falta de sistemas de tratamiento de las aguas servidas de Lima y de las otras ciudades costeras del país.
«La situación advertida por la OPS fue demostrada en la epidemia de cólera que sufrió Perú en 1991, que costó miles de muertos, cientos de millones de dólares en gastos de salud», además de pérdidas no calculadas por los problemas que afrontaron las exportaciones y el turismo, comentó Teresa Chipoco.
Las aguas residuales vertidas por las ciudades litoraleñas infectan las playas y se suman a los factores contaminantes que causan la progresiva desaparición del fitoplancton, conformado por plantas muy pequeñas que flotan en la superficie, primer eslabón de la cadena alimenticia acuática y actor principal del equilibrio climático.
«El Hombre necesita del agua, no puede vivir sin ella, pero las ciudades tienden a provocar su muerte al arrojar sus desperdicios líquidos, así que conjurar ese peligro es costoso, pero urgente e imprescindible», opinó Chipoco, urbanista del Centro Peruano de Estudios para el Desarrollo Regional.
«Desde que surgieron las ciudades, los hombres han arrojado sus desechos líquidos en los ríos, mares u océanos, creyendo que eran capaces de soportar todo lo que les echemos encima, pero no es así, son vulnerables», apuntó.
En tanto, el dermatólogo Julián Escuza explicó que «las bacterias y microbios que se vierten al mar a través de los desagües se mantiene por largo tiempo en las aguas y arenas de las playas, además de convertirlas en focos infecciosos que amenazan la salud humana».
«En las playas de alta contaminación por microorganismos patógenos, cada centímetro cúbico puede contener millones de bacterias», añadió.
Además, las aguas servidas transportan igualmente otros productos contaminantes, como metales pesados y derivados de petróleo. Se calcula que 46 por ciento de los derivados de hidrocarburo llegan al mar a través de los desagües urbanos e industriales.
«Ese tipo de contaminación provoca la muerte del fitoplancton, muy sensible y a través del cual el mar cumple su función más importante que es regular el clima de la Tierra mediante la fijación del carbono de la atmósfera y su introducción en la cadena trófica», comentó la bióloga Yolanda Morales.
La comunidad científica evalúa con preocupación los factores que provocan la progresiva desaparición del fitoplancton, especialmente en el hemisferio sur, en donde la contaminación de las aguas marinas se suma a la mayor incidencia de los rayos ultravioleta, añadió.
En enero, en pleno verano austral, el movimiento ecologista Alternativa Verde demandó la intervención de la Dirección General de Salud, del Ministerio de Salud, para analizar el grado de contaminación de las playas de Lima, tras lo cual obtuvo que se prohibiera el acceso de bañistas a algunas de ellas.
Frente a esa situación, Sedapal proyecta instalar tres plantas de tratamiento de aguas servidas en la capital peruana, una de las cuales entrará en operación a fines de octubre, la segunda comenzará a construirse el próximo año y la tercera está en fase de estudio.
La primera planta, que costó 130 millones de dólares, fue ubicada en San Bartolo, a 50 kilómetros al sur del centro urbano, y procesará las aguas servidas de los distritos de la zona este y sur de la ciudad.
«La planta de San Bartolo devolverá los desechos líquidos de la ciudad convertidos en agua de riego, que será distribuida entre los agricultores de los valles del sur de Lima», explicó Guillermo Quispe, jefe del proyecto.
También «se usará para convertir en bosque las 8.000 hectáreas en ese desierto de arena que son las pampas de Lurín», agregó.
«Esperamos que en sólo dos años y gracias al tratamiento de los 1.700 litros por segundo de agua servida que proporcionará la planta de San Bartolo, habremos descontaminado las playas de los balnearios del sur y cambiado la fisonomía del paisaje, con lo cual se comienza a crear el primer gran pulmón verde de Lima», aseguró.
La segunda planta estará situada en La Chira, dentro del perímetro urbano, donde un colector descarga hoy la mayor parte de las aguas residuales de Lima y que ha sido sindicado como el principal agente de contaminación de las playas populares adyacentes a la ciudad.
La planta de tratamiento de La Chira, las tuberías y el emisor submarino a 60 metros de profundidad, que descargará las aguas previamente tratadas a tres kilómetros de la costa, costarán 250 millones de dólares y procesarán las aguas servidas que hoy se arrojan al océano desde otros tres colectores urbanos.
Ambientalistas entienden que la planta de La Chira debió construirse primero, para así desinfectar las aguas de las playas enclavadas en el perímetro urbano, a las que concurren cada verano centenares de miles de bañistas.
«Las personas que van a esas playas viven en los barrios más pobres, que carecen de automóviles para ir a los vecinos balnearios del sur. Tienen que bañarse en aguas que, según los análisis químicos hechos cada verano, contienen coliformes fecales, salmonella y vibrio cólera», apuntó Escuza.
La construcción de la planta de La Chira debe comenzar en los primeros meses de 2002, pero se encuentra trabada por la presencia de 400 familias que ocupan parte de la zona donde se instalarán las piscinas de aireación y decantación. Estas personas se resisten a ser reubicados, pese a una orden judicial.
La tercera planta de tratamiento, que será ubicada en Oquendo, Callao, y procesará las aguas servidas de los barrios del nordeste de Lima, se encuentra a estudio de factibilidad. Según los cálculos preliminares, costará unos 150 millones de dólares. (FIN/IPS/al/dm/en/01
