Organizaciones indígenas ecuatorianas iniciaron una campaña en la televisión de Estados Unidos para promover su millonaria demanda judicial contra la compañía petrolera Texaco y, de paso, bloquear la fusión de ésta con su competidora Chevron.
En un aviso emitido en la televisión de Washington, Nueva York y San Francisco, un hombre vestido con uniforme de Texaco arroja con una manguera petróleo crudo sobre las paredes y el jardín de una prolija casa, típica de los suburbios de Estados Unidos, mientras un grupo de niños mira horrorizado.
«Esto es lo que hace Texaco con miles de personas en la selva de Ecuador», afirma el aviso.
La publicidad es parte de una campaña de advertencia a los accionistas de la compañía Chevron, con sede en San Francisco, que negocia su fusión con Texaco.
Las organizaciones ecuatorianas publicitan así la demanda judicial que plantearon en Estados Unidos contra Texaco por daños ambientales a territorios indígenas en los bosques amazónicos de ese país sudamericano.
Si se concretara la fusión, Chevron se vería obligada a pagar miles de millones de dólares como resultado del juicio, dicen las organizaciones de la sociedad civil.
Pero Texaco, que no opera en Ecuador desde 1992, ha negado reiteradamente haber contaminado la Amazonia ecuatoriana.
Los abogados que representan a los grupos ecuatorianos también denunciaron ante la Securities and Exchange Comission (SEC, Comisión de Valores y Cambios de Estados Unidos) que cuando Chevron solicitó la fusión no reveló la situación de Texaco al organismo gubernamental ni a sus accionistas.
«Esperamos que Chevron y la SEC presionen a Texaco para que arregle el desastre antes de permitir que la fusión siga adelante», destacó Luis Yanza, presidente del Frente para la Defensa de la Amazonia, que representa a las comunidades locales afectadas.
Si los organismos reguladores lo permiten, Chevron-Texaco se convertirá en octubre en la segunda compañía petrolera estadounidense después de ExxonMobil.
El caso nunca fue mencionado por la SEC durante las discusiones por la fusión, dijo a IPS el portavoz de Chevron, Fred Gorell. Chevron no ha «ilustrado particularmente» a sus accionistas sobre el pleito por considerar que no era necesario, agregó Gorell.
«Pero debido a los trámites del proceso de fusión, ciertamente hemos revisado el caso como lo hemos hecho con otros asuntos», dijo.
La demanda de acción popular contra Texaco acusa a la compañía de haber arrojado más de 11.300 litros de petróleo crudo en la selva amazónica ecuatoriana durante más de dos décadas de explotación del recurso en la zona.
Los litigantes también aseguran que la empresa ignoró las prácticas habituales de la industria y, en lugar de reinyectar los residuos al subsuelo, arrojó una combinación de sustancias tóxicas en pozos sin protección que finalmente filtraron su contenido a arroyos y ríos.
La contaminación del agua mató peces y otros animales vitales para la alimentación de la población local. «Mientras Texaco continúa huyendo de su responsabilidad, nuestra gente se enferma y muere», denunció Yanza.
Los abogados litigantes estiman que Texaco se ahorró entre tres y cuatro dólares por barril arrojando los residuos líquidos, lo que representa 6.000 millones de dólares en más de 20 años de operaciones.
Los demandantes estimaron en más de 1.000 millones de dólares los supuestos daños causados por la empresa con sede en Nueva York, y advirtieron que «si el caso va a juicio, los daños punitivos contra Texaco podrían elevar considerablemente esa suma».
Texaco ha reiterado que la actual demanda no tiene bases y debería celebrarse en Ecuador, no en Estados Unidos. «Texaco estuvo firmemente comprometida con la protección de la gente y el ambiente en las áreas donde operó», afirma una respuesta escrita a la demanda.
En 1995, TexPet, subsidiaria de la firma, acordó limpiar la contaminación producida por las perforaciones petroleras que afectaba a las comunidades indígenas. La empresa dijo que pagó casi 40 millones de dólares en concepto de limpieza.
Pero para los demandantes ese acuerdo no compensó el daño de la población local.
El pleito está pendiente en Estados Unidos desde noviembre de 1993. Un fallo inicial autorizó el juicio, pero tras la muerte del magistrado que entendía en el caso, el juez federal Jed Rakoff rechazó la demanda.
Un tribunal de apelaciones denegó el rechazo en 1998. Pero en junio de este año, Rakoff volvió a rechazar el pleito, arguyendo que debía llevarse a cabo en Ecuador.
Los abogados litigantes apelaron esa decisión alegando que el proceso no podría realizarse en Ecuador pues su sistema legal no es independiente ni imparcial. Agregaron que su legislación no reconoce las demandas de acción popular, que buscan la compensación ante daños causados por incumplimiento de responsabilidades.
Los demandantes ya habían recusado a Rakoff luego que éste reconoció que había asistido a un seminario pagado en el que habló un ex presidente de Texaco en 1998. Pero en septiembre de 2000, Rakoff rechazó ese pedido.
Aunque la actual apelación fuera rechazada, la demanda no caerá y será llevada a los tribunales ecuatorianos, dijo Steven Donziger, uno de los abogados litigantes. «No importa lo que pase, el caso se está moviendo», afirmó. (FIN/IPS/tra-eng/dk/aa/dc/aq/en/01
