Los 181 habitantes de un barrio del municipio brasileño de Paulinia, situado a 120 kilómetros de Sao Paulo, aguardaron con ansiedad durante más de un mes los resultados de exámenes toxicológicos.
Finalmente, el Centro de Toxicología de la Universidad Estadual de Sao Paulo informó lo que los vecinos de Paulinia temían: que cerca de 80 por ciento de ellos presentaban contaminación crónica por residuos industriales en diverso grado.
Las aguas subterráneas del barrio Recanto de los Pájaros, formado por 60 casas, fueron contaminadas por una planta química de la empresa Shell. Los contaminantes orgánicos persistentes (COP) y metales pesados que invadieron las aguas subterráneas del barrio son causa de cáncer y de graves daños a los sistemas nervioso, inmunológico y reproductivo.
La eliminación de los COP es incluso el objetivo de una convención que 90 países firmaron hace dos meses en Estocolmo.
«Mi suegra murió de cáncer, mi mujer también desarrolló tumores cancerígenos, así como mis perras, y nadie podrá asegurarme que la causa no fue la contaminación», advirtió Antonio de Padua Mello, que vive hace 23 años en Recanto.
Tras conocer los resultados de los exámenes toxicológicos, la Secretaría de Salud de Paulina dijo que mudará a los habitantes de Recanto a otro barrio si la Shell no lo hace, ya que se comprobó que los COP siguen activos en el lugar.
Pero no sólo eso, estos resultados podrían determinar el rumbo judicial del caso. El Ministerio Público (Fiscalía) decidirá si enjuicia a la compañía Shell por daños a la salud pública y al ambiente.
Por lo pronto, los vecinos afectados están decididos a reclamar indemnizaciones a la compañía transnacional anglo-holandesa.
«Hay documentos que comprueban que Shell omitió datos, como las zanjas en que enterró desechos tóxicos, lo que define un delito», sostuvo Padua Mello a Tierramérica. Los que intentan vender su propiedad para marcharse no encuentran comprador.
A partir de 1977, Shell Química produjo en la fábrica aldrin, dieldrin y endrin, tres de los 12 COP condenados por la convención de Estocolmo. La venta de esos agrotóxicos fue prohibido en Brasil en 1985, pero la producción para la exportación continuó hasta 1990.
La empresa admitió en 1994 la contaminación del área ocupada por la fábrica, en una auditoría previa a la venta del sector agroquímico de Shell mundial al grupo estadounidense Cyanamid. Asumió así la responsabilidad por los problemas ambientales de la planta, adquirida por la alemana Basf el año pasado.
Pero Shell actuó de manera «por lo menos irresponsable, si no criminal», aseguró Karen Suassuna, coordinadora en Brasil de la campaña de Greenpeace contra sustancias tóxicas.
Además de no adoptar medidas para contener y eliminar los contaminantes, solo analizó el agua subterránea de la comunidad vecina a principios de este año. En algunos pozos se registró una proporción de dieldrin hasta 16 veces superior a la permitida por la legislación brasileña.
Los habitantes del Recanto señalaban desde hace muchos años el color, olor y sabor extraños del agua y se quejaban de problemas de memoria, cansancio, dolor de cabeza, alergias e insomnio. En los últimos 10 años hubo cinco casos de cáncer, con el resultado de cuatro muertes.
Pero representantes de Shell sostienen que la «pequeña» cantidad detectada de residuos no amenaza la salud humana y que exámenes pedidos por la empresa no identificaron a personas contaminadas por dieldrin ni endrin.
El secretario de Salud de Paulinia, José Nino Meloni, dijo que pedirá la evaluación de otras posibles víctimas, como los ex empleados de la empresa, hasta un total de dos mil casos.
Paulinia es un ejemplo de los muchos desastres de la industria química.
Shell construyó su fábrica a sólo 150 metros del río Atibaia, que abastece a varias ciudades vecinas. En sus países de origen, las empresas multinacionales están por lo menos sujetas a reglas y sanciones más severas, observó Suassuna. (FIN/TA/mo/en he/01
