La situación humanitaria en Afganistán es alarmante, debido al efecto combinado de 22 años de conflicto armado y de la peor sequía que ese país recuerde, advirtió el secretario general de la ONU, Kofi Annan.
Hay al parecer más de 700.000 desplazados internos en Afganistán, y según proyecciones de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), habrá más de un millón a fines de este año.
Annan se manifestó pesimista acerca de las perspectivas económicas y políticas de Afganistán y en el mismo informe admitió en el mismo informe que no ha logrado convencer al gobernante movimiento Talibán de cooperar con la ONU en la lucha contra el terrorismo internacional.
La guerra civil entre el Talibán y el Frente Unido, que controla la región septentrional del país y parte de la central, afecta en la actualidad a unas 17 provincias y «se suma a la miseria y la inseguridad de la población civil de esa región», señaló.
Uno de los aspectos más preocupantes de la crisis es que la ausencia de asistencia significativa a los afectados por parte de las autoridades, que alegan no disponer de recursos, enfatizó.
«Es muy lamentable que las partes en conflicto sigan sin prestar la debida atención a los intereses de su propio pueblo, al mantener políticas que han contribuido a crear una de las crisis humanitarias más graves del mundo», opinó.
La guerra civil se ha extendido a más provincias y ambos bandos, bien armados, han desplegado grandes fuerzas dispuestas al cobate en el área nororiental del país, pero ninguno de ellos ha logrado victorias militares de importancia, indicó.
«Causa especial preocupación que la cantidad de personas provenientes de otros países que combaten junto con el Talibán no haya disminuido, sino más bien lo contrario, y que la presencia de los llamados 'huéspedes' sea cada vez más visible en las principales ciudades», destacó.
Diplomáticos y altos funcionarios de la ONU sospechan que la decisiones de la dirección del Talibán son cada vez más influidas por algunas personas provenientes de otros países, y que los integrantes más pragmáticos y moderados del movimiento han perdido peso político.
Annan apuntó que ese proceso se desarrolló desde el año pasado, en forma paralela a la enfermedad y muerte del mulá Muhammad Rabbani, uno de los pocos dirigentes del Talibán a quien se consideraba poseedor de una base popular propia.
La ONU desea que el Talibán entregue al magnate saudita Osama bin Laden, acusado por Washington de planear atentados contra las embajadas estadounidenses en Dar-es-Salaam y Nairobi realizados en agosto de 1988, y que no permita campos de entrenamiento de terroristas en el territorio afgano que controla.
El Talibán, fundamentalista islámico, niega que existan tales campos de entrenamiento, y sólo ha admitido en forma tácita que Bin Laden se halle en el territorio que gobierna, pero insiste en que sólo puede aceptar un eventual juicio público del saudita en el marco de la ley islámica, que podría realizarse en Afganistán.
Bin Laden, contra quien se inició un juicio en ausencia en Estados Unidos por los atentados de 1988, afirma que las acusaciones del gobierno estadounidense son falsas.
Sólo Arabia Saudita, Emiratos Arabes Unidos y Pakistán han reconocido al Talibán como gobierno de Afganistán. La representación afgana en la ONU aún corresponde al gobierno anterior de Burhanudin Rabbani.
El Consejo de Seguridad del foro mundial impuso en diciembre nuevas sanciones al Talibán por proteger a Bin Laden, y encomendó a Annan, que mediara en el asunto.
«No hay avance», indicó el secretario general en su informe, tras infructuosas gestiones realizadas por Francesc Vandrell, representante personal del secretario general.
Las primeras sanciones impuestas por la ONU contra el Talibán, en noviembre de 1998, incluyeron la prohibición total de vuelos de Ariana, la aerolínea nacional afgana, y la congelación de todas las cuentas bancarias de integrantes del Talibán.
Las sanciones adicionales aprobadas en diciembre incluyeron la exhortación a todos los Estados miembros del foro mundial a cerrar «de inmediato y por completo» todas las oficinas del Talibán en sus territorios.
El Consejo de Seguridad también pidió un boicot total de los vuelos provenientes de territorios controlados por el Talibán, o que se dirigieran hacia ellos, incluyendo la prohibición de sobrevolar territorio de Estados miembros de la ONU.
De todos modos, la ONU elogió el mes pasado al Talibán por su política de erradicar la producción de opio.
La organización no gubernamental humanitaria estadounidense Human Rights Watch (HRW) criticó en una carta dirigida a la ONU que las sanciones incluyan un embargo de la venta de armas al Talibán y no a sus adversarios en la guerra civil.
HRW pidió que se levante el embargo a los vuelos de Ariana, para facilitar el suministro a civiles de medicamentos y otros tipo de asistencia humanitaria. (FIN/IPS/tra-eng/td/aa/mp/hd ip/01
