El parlamento venezolano ha aprobado menos de 10 por ciento de los proyectos de ley que tenía en agenda y su ineficacia afecta las propuestas de refundación institucional del presidente Hugo Chávez.
El Movimiento V República (MVR), de Chávez, y otros grupos aliados, no han logrado imprimir celeridad a los trámites parlamentarios ni obtener los resultados esperados, pese a que sus representantes suman casi 60 por ciento de los votos de la Asamblea Nacional legislativa.
Chávez y el presidente del parlamento, William Lara, habían coincidido en que 2001 sería el año de la «refundación institucional» y se fijaron una meta de aprobación de 70 leyes en el periodo.
El mandatario impulsa desde su asunción en febrero de 1999 la llamada «revolución social bolivariana», que cuenta con gran apoyo de los sectores pobres del país.
El proceso ha implicado cambios políticos e institucionales importantes, como la aprobación a fines de 1999 de una nueva Constitución, pero «muchas leyes deben ajustarse al tiempo revolucionario que vivimos», según el propio Chávez.
La Asamblea Nacional, al finalizar julio, apenas ha aprobado cinco leyes de los 70 proyectos que tiene en agenda, y por esa razón, Lara anunció que el cuerpo no entrará en receso en agosto, como estaba previsto, pues se debe «acelerar el trabajo parlamentario».
Analistas políticos sostuvieron que la ineficiencia del parlamento se debe a que las diferentes corrientes internas del MVR actúan sin una clara coordinación.
Sin embargo, Lara lo atribuye a la «inexperiencia» de los legisladores.
La gran mayoría de los parlamentarios venezolanos elegidos para el periodo 2000-2005 ocupan por primera vez una banca legislativa. Esto se relaciona con el «terremoto» político que provocó el triunfo electoral de Chávez.
Expertos explican que la popularidad del presidente sirvió de «portaaviones» para dirigentes del MVR, el partido creado por Chávez para sustentar su carrera política, en 1998, a seis años su intento de rebelión militar.
El diputado Carlos Tablante, del Movimiento al Socialismo (MAS), aseveró que existe una conspiración que busca desacreditar el trabajo parlamentario.
«Hay un deseo de propiciar la hegemonía y la concentración de poder», señaló Tablante, tras sugerir que detrás de esa presunta campaña se encuentran activistas cercanos a Chávez.
El MAS respaldó la candidatura presidencial de Chávez y mantiene un «apoyo crítico» al gobierno, pero muchos de sus líderes han advertido sobre la posibilidad de un «quiebre institucional», que entre otras acciones significaría el cierre del parlamento «por ineficaz».
«El presidente no ha ordenado el cierre de la Asamblea», refutó Lara, quien sostuvo que la falta de agilidad legislativa responde a trabas de la oposición.
En tanto, el vicepresidente del parlamento, Leopoldo Puchi, dijo que «las dificultades y contradicciones más importantes se han presentado en el MVR, puesto que el jefe del grupo parlamentario está en abierta contradicción con el presidente de la Asamblea Nacional».
Por su parte, Liliana Hernández, dirigente de la opositora socialdemocracia, aseguró que «lo primero que tienen que hacer los grupos oficialistas es ponerse de acuerdo sobre el proyecto que quieren y luego abrir las puertas de diálogo con la oposición».
Entre los proyectos a la espera de aprobación se encuentran el de asilo y refugio de extranjeros, la reforma del servicio eléctrico nacional y el de remuneraciones de funcionarios municipales.
También aguardan turno los proyectos de ley de Educación, de ley la Contraloría, del Banco Central, de Hacienda Pública, Defensoría del Pueblo y Seguridad Social.
Distintos parlamentarios y expertos han planteado la necesidad de darle prioridad legislativa a un «paquete» de leyes referidas a la seguridad pública, en vista de que es la principal preocupación de los venezolanos, incluso por encima del desempleo, según encuestas.
Por otra parte, el diputado Leopoldo Martínez, de Primero Justicia, recordó este martes que, además de la ineficiencia legislativa, está el letargo gubernamental.
El presidente Chávez logró que el parlamento resolviera en noviembre la llamada Ley Habilitante, que le dio poderes especiales por un año para aprobar por vía expresa un total de tres docenas de normas. A tres meses de vencerse el plazo, sólo 20 por ciento de esos instrumentos legales están listo.
«El (Poder) Ejecutivo sólo ha dictado ocho leyes, y muchas materias sobre las cuales debe legislar la Asamblea tienen que ejecutarse en coordinación con el gobierno», dijo Martínez.
El legislador entiende que existe un problema de coordinación política entre la administración de Chávez y los partidos que lo apoyan desde el parlamento. (FIN/IPS/ac/dm/ip/01
