Una agencia de la ONU sugirió a los países pobres el uso de mecanismos previstos por las normas de comercio internacional para producir medicamentos baratos contra el sida, en abierto desafío a la industria farmacéutica internacional.
Las licencias forzosas, previstas por la Organización Mundial de Comercio (OMC), permiten a los países «usar patentes sin permiso de su propietario a cambio de regalías razonables sobre el precio de venta», dice el Informe de Desarrollo Humano 2001 publicado esta semana por el PNUD.
El acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Vinculados al Comercio (TRIPS) de la OMC «permite incluir en la legislación nacional salvaguardias contra monopolios de patentes que dañen el interés público en situaciones extraordinarias», sostiene el informe.
Los países en desarrollo que opten por producir medicamentos contra el sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) con licencias forzosas tienen un gran argumento jurídico contra el intento de los grandes laboratorios por proteger sus patentes, según el informe presentado el martes.
«En algunas circunstancias, como emergencias nacionales, uso público no comercial y medidas antimonopólicas, el TRIPS permite a los gobiernos imponer licencias forzosas a la producción local o extranjera de medicinas genéricas», según el informe del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo).
Las medicinas genéricas son las que aplican las mismas fórmulas patentadas por grandes laboratorios, pero su costo se reduce mucho pues no incluye el sobreprecio impuesto por esas empresas amparadas en la exclusividad de la propiedad intelectual.
Las terapias antirretrovirales más exitosas para retardar el desarrollo del sida y mejorar la calidad de vida de los portadores del VIH combinan muchos medicamentos y su costo es superior a 1.000 dólares mensuales por paciente según los precios impuestos por los laboratorios.
Existe la «creencia errónea» de que las licencias forzosas violan las normas del TRIPS. «No es así. Los países en desarrollo gozan del derecho de establecer tales medidas a través de estrategias nacionales para ayudar a sus poblaciones», dijo Kate Raworth, coautora del informe.
De hecho, los países industrializados han utilizado este derecho por más de un siglo, desde que fue establecida la ley de propiedad intelectual en Gran Bretaña en 1883.
Algunos de los países que aplicaron las licencias forzosas son Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia y Nueva Zelanda.
«Canadá aplicó en forma rutinaria la licencia forzosa para medicamentos pagando regalías de cuatro por ciento sobre los precios de venta, hasta que ingresó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1992», señala el informe del PNUD, una agencia de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).
«Entre 1969 y 1992 se otorgaron licencias para la importación o fabricación de medicinas genéricas», agregó. Por eso, los pacientes canadienses ahorraron cientos de millones de dólares en costos de medicamentos. Sólo entre 1991 y 1992 ese ahorro sumó más de 170 millones de dólares.
Desde la adopción del TRIPS, las licencias forzosas se han utilizado en Gran Bretaña, Canadá, Japón y Estados Unidos para productos tan variados como medicamentos, computadoras y programas de computación, camiones y aplicaciones de biotecnología.
En esos países, las licencias forzosas fueron utilizadas como «medida antimonopólica para evitar la escasa competencia y los precios altos», dice el PNUD.
«En Estados Unidos, el licenciamiento forzoso se ha utilizado como solución en más de 100 acuerdos de juicios por prácticas monopólicas en la producción de antibióticos, esteroides sintéticos y varias patentes biotecnológicas básicas», asegura el informe.
Sin embargo, «la presión de Europa y Estados Unidos hace que muchos países en desarrollo teman perder la inversión extranjera directa si legislan para el uso de licencias forzosas», señala el texto.
Además, los países pobres afrontan la amenaza de largos y costosos procesos iniciados por las compañías faramcéuticas.
Tal realidad no contribuye a ayudar a los portadores de VIH (virus de inmunodeficiencia humana, causante del sida) en los países pobres.
De 36 millones de personas portadoras del virus, 70 por ciento viven en Africa subsahariana, la región más pobre del planeta. Los países con mayor incidencia del sida y del VIH son Botswana, Zimbabwe, Sudáfrica y Kenia.
A pesar de que los grandes laboratorios ofrecieron a algunos países africanos reducciones importantes en el precio de sus medicamentos contra el sida, para los autores del informe el proceso fracasó desde su premisa inicial.
«Las negociaciones (entre las compañías y los países) corren contra la urgencia de la crisis actual del sida, y como los acuerdos se mantienen en secreto, algunos sospechan de que las reducciones de precios están condicionadas a la adopción de leyes de propiedad intelectual más estrictas», agrega el informe.
Para Raworth, los descuentos de los laboratorios en medicinas contra el sida son bienvenidos, pero no sustituyen una política clara para atender a las personas afectadas. «Saludamos la reducción de precios, pero queremos políticas firmes, no caridad», dijo.
La sugerencia de la adopción de licencias forzosas en el Informe de Desarrollo Humano 2001 dará a los países pobres «más poder de regateo», dijo James Love, director del no gubernamental Proyecto de Consumidores en Tecnología, con sede en Washington.
El uso de licencias forzosas «creará competencia en el mercado cuando se impulse la manufactura de esos medicamentos y también ayudará a los gobiernos a negociar los precios con las compañías farmacéuticas», sostuvo Love.
El impacto de la competencia fue evidente desde el surgimiento de ofertas de los fabricantes de medicamentos genéricos contra el sida en Brasil, Cuba, India y Tailandia.
«La caída de precios producida por los genéricos abrió en forma notable el acceso al tratamiento en los países en desarrollo», dice el informe.
Pero para que la estrategia alcance resultados óptimos, el reporte sugiere la creación de estructuras legales útiles para los países en desarrollo.
Según el PNUD, dichas estructuras incluyen cinco aspectos. El primero es «un abordaje administrativo flexible y ajustado a los procedimientos», y el segundo es una opción de amplios poderes a los gobiernos con el fin de que «ningún país en desarrollo tenga previsiones de uso público más endebles que las de Alemania, Irlanda, Gran Bretaña o Estados Unidos».
Tercero, leyes que permitan la «producción para exportación cuando la carencia de competencia en un tipo de medicinas dé al productor un poder en el mercado mundial que impida el acceso a medicinas alternativas».
En cuarto lugar, normas de compensación por regalías fáciles de administrar, y por último, mecanismos de resolución de disputas según los cuales «recaiga en los propietarios de las patentes la responsabilidad de sustentar reclamos por tasas de regalías no adecuadas».
«No queremos que las compañías farmacéuticas dejen de investigar (por falta de recursos), pero no podemos dejar que la gente muera por falta de acceso a los medicamentos. Pobreza no es igual a sentencia de muerte», dijo Tracy Swan, directora de la Red de Información sobre Proyectos de Acceso a Tratamientos de sida, con sede en Nueva York. (FIN/IPS/tra-en/mmm/aa/dc/mj/he dv/01
