Las idas y venidas del gobierno de Estados Unidos ante Cuba se deben al deseo de retener los votos de la comunidad anticastrista de Florida, pero sin enfriar las relaciones con los aliados europeos. Esos vaivenes contribuyen a la falta de un rumbo político claro ante América Latina en general.
El gobierno de George W. Bush propuso formalmente la semana pasada al anticastrista cubano-estadounidense Otto Reich para el cargo de Secretario Adjunto de Relaciones del Hemisferio Occidental.
La candidatura de Reich deberá ser confirmada por el Senado, pero allí se enfrenta a la oposición de influyentes senadores del opositor Partido Demócrata, por lo que se espera que el proceso de confirmación se prolongue.
Eso significa que el principal cargo de Washington relacionado con la política hacia América Latina quedará vacante durante casi todo el primer año de la administración de Bush.
«No hay nadie a alto nivel en el gobierno que se dedique seriamente a América Latina», dijo Geoff Thale, especialista en Cuba de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, una organización no gubernamental de derechos humanos.
«Que Bush insista en lo que seguramente será una ardua y prolongada batalla por la confirmación de Reich confirma que América Latina no es una prioridad política para este gobierno», aseguró.
La nominación de Reich es un ejemplo más de la política del zig- zag que Washington adoptó hacia Cuba.
El viernes Bush anunció medidas que profundizarían el embargo comercial impuesto hace 40 años contra Cuba. Sin especificar, dijo que impediría que La Habana interfiriera con las trasmisiones de las anticastristas Radio y TV Martí, emitidas desde Estados Unidos.
Así mismo, limitaría las remesas que los cubano-estadounidenses envían a Cuba y aplicaría con mayor rigor la prohibición al turismo estadounidense hacia la isla.
También indicó que su gobierno otorgaría más apoyo financiero y político a activistas de derechos humanos y grupos opositores cubanos, una medida incluida en un proyecto de ley presentado por los senadores Jesse Helms y Joe Lieberman.
Todas estas medidas tienen el fin de conquistar el apoyo de la comunidad de cubanoestadounidenses, firmemente anticastrista, que fuera clave para la victoria de Bush en Florida en noviembre, y que también será fundamental para la reelección en 2002 de su hermano, Jeb Bush, como gobernador del estado.
Pero el lunes Bush decepcionó a esa comunidad al suspender durante seis meses más la aplicación del título III de la ley Helms-Burton, de 1996.
El mismo permitiría a estadounidenses iniciar acciones judiciales contra compañías extranjeras, principalmente europeas y canadienses, que hacen negocios con bienes expropiados por el gobierno cubano después de la revolución castrista de 1959.
Pero la ley también permite al presidente suspender la aplicación del título por períodos de seis meses, siempre que la prórroga convenga al «interés nacional».
El presidente Bill Clinton (1993-2001) aplicó la suspensión durante 10 períodos sucesivos de seis meses, ante la ira de republicanos y otras fuerzas anticastristas. Pero ahora Bush hizo lo mismo.
«Entre Estados Unidos y nuestros aliados siguen existiendo diferencias reales sobre cuáles son los mejores métodos para buscar el cambio en Cuba», dijo Bush al anunciar la nueva suspensión.
La Unión Europea expresó alivio por la decisión. El bloque ha amenazado con quejarse formalmente contra Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio si Washington llega a aplicar el título III de la ley Helms-Burton.
El anuncio de Bush fue recibido con moderación por las fuerzas anticastristas, que comprendieron que el incumplimiento de la promesa electoral del gobierno es parte de un paquete mayor que incluye defender la nominación de Reich.
«Nadie debería ser excesivamente crítico con la decisión de hoy del presidente Bush», instó el senador Jesse Helms, uno de los redactores de la ley Helms-Burton.
«La política general de Bush (hacia Castro) es fuerte, mientras la de su antecesor era sosa. El presidente… tomó una línea muy fuerte que seguramente molestará a Fidel Castro», dijo.
«Comprendemos que el presidente tiene un panorama más amplio en mente y estamos preparados para aceptar su decisión de que no es el momento (para aplicar el título III)», declaró Dennis Hays, director en Washington de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), el mayor grupo anticastrista del país.
Reich es parte de ese panorama para la FNCA, que ha sido su principal defensora. Y eso debería preocupar al resto de América Latina, a la cual Bush aseguró, durante su campaña electoral, que daría mayor prioridad que Clinton.
Las posibilidades de que Reich fuera confirmado en su cargo se redujeron cuando la mayoría del Senado pasó a ser del opositor Partido Demócrata en abril. Eso es porque el partido mayoritario controla las audiencias de los comités, y eso incluye las confirmaciones.
Los influyentes senadores demócratas Chris Dodd y John Kerry se oponen a la nominación de Reich. Dodd es presidente del Subcomité para el Hemisferio Occidental.
Aún no se sabe si Dodd impedirá la audiencia de confirmación, pero él y Kerry ya le han formulado cientos de preguntas a Reich sobre sus actividades al frente de la Oficina de Diplomacia Pública del Departamento de Estado (cancillería), en el gobierno de Ronald Reagan (1981-1989).
Un informe del Congreso concluyó en 1988 que su oficina había participado de operaciones «prohibidas de propaganda encubierta» para generar apoyo popular a la contra nicaragüense que luchaba contra el gobierno sandinista.
«La política de Estados Unidos hacia América Latina es rehén de Reich y la FNCA», aseguró Bill Goodfellow, director del Centro de Política Internacional, opuesto a Reich.
«Indica lo poco que América Latina le interesa al gobierno el que haya designado a alguien tan controvertido, que quizá no sea confirmado y que mucha gente teme que vaya a 'cubanizar' nuestra política hacia la región en general», comentó Thale.
«En toda esta situación se trata de apaciguar a un grupo político en Estados Unidos, y no de promover una política para América Latina», agregó. (FIN/IPS/tra-en/jl/aq/ip/01