El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, pretende que el Congreso le conceda la semana próxima la autorización para negociar acuerdos comerciales por la «vía rápida», mientras la oposición busca una alternativa para incorporar salvaguardas laborales y ambientales al proyecto.
Además de crear un nuevo sitio Web sobre las supuestas virtudes del libre comercio y movilizar a sus legisladores, Bush busca ponerle rostro humano al asunto apuntando a cuatro grupos de estadounidenses que, según él, resultarían particularmente beneficiados por los acuerdos comerciales proyectados.
Se trata de los hispanos, los trabajadores de industrias de alta tecnología, los granjeros y las mujeres.
Bush ya realizó exhortaciones personales a esos grupos y se proponía pronunciar un discurso sobre comercio ante la asociación de granjeros Future Farmers of America. Este martes se dirigirá a la industria de la alta tecnología, en una campaña cada vez más intensa.
Nicholas Calio, el principal «cabildero» del presidente ante el Congreso, y Gary Edson, su segundo asesor de seguridad nacional, encabezan el esfuerzo por obtener el apoyo legislativo necesario.
El secretario de Comercio, Donald Evans, y el representante comercial de Estados Unidos, Robert Zoellick, también tienen papeles centrales en la campaña.
El republicano Bill Thomas, presidente de la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, dijo el miércoles que hay una demora porque «se intenta atraer a 30 o 40 demócratas típicamente procomerciales» para votar la propuesta.
Los republicanos estudian presentar un proyecto viable ante la cámara baja la semana próxima, antes de que el Congreso entre en su receso de agosto, pero fuentes de la Casa Blanca consideran improbable que eso ocurra antes de septiembre.
La vía rápida, ahora denominada «autoridad de promoción comercial», permite al presidente celebrar directamente tratados comerciales con otros países. El Congreso se limita luego a aprobarlos o rechazarlos, sin modificaciones.
Entre 1974 y 1994, todos los presidentes obtuvieron esa autoridad comercial, pero el antecesor de Bush, Bill Clinton, fracasó en sus dos intentos por obtenerla.
Ahora, la administración de Bush intenta contrarrestar las críticas sobre que la autoridad comercial sólo beneficiaría a los empresarios aliados del gobierno a expensas de las salvaguardas a los trabajadores y el medio ambiente.
El proyecto legislativo promovido por el gobernante Partido Republicano no contiene, sin embargo, normas laborales ni ambientales.
El opositor Partido Demócrata parece muy dividido, en particular sobre si se debe permitir que Estados Unidos imponga sanciones a aquellos países que violen normas internacionales sobre trabajo o ambiente.
El demócrata Max Baucus, presidente de la Comisión de Finanzas del Senado, dejó claro el miércoles que el proyecto debe impedir que los países puedan debilitar sus normas laborales o ambientales para obtener ventajas comerciales.
Baucus envió un fuerte mensaje a los países en desarrollo opuestos a cualquier vinculación entre comercio y normas laborales o ambientales, en particular a Brasil, que amenazó varias veces con retirarse de las negociaciones del Area de Libre Comercio de las Américas.
«A países como Brasil, que sugirieron que no negociarán con nosotros a menos que debilitemos nuestras leyes comerciales, les digo lo siguiente: seguiremos adelante sin ustedes», dijo el senador.
«Casi todos los países del mundo, y por cierto muchos en América del Sur, están deseosos de negociar acuerdos de libre comercio con Estados Unidos. No precisamos la aprobación de Brasil para hacer aplicar nuestras leyes», agregó.
Sin embargo, Baucus no planteó sanciones para aquellos países que violen las normas laborales, y en cambio propuso otorgar al presidente la opción de utilizar otros medios, como multas y penas.
Este enfoque fue rechazado de plano por el movimiento sindical y los demócratas más cercanos a éste.
«Esta propuesta es un mal comienzo; es irrisoria», declaró Segundo Mercado Llorens, un activista que realiza campaña contra la vía rápida en representación de varios grupos sindicales y ambientalistas.
Mercado advirtió que los sindicatos no aceptarán ningún texto sobre derechos laborales hasta tener a mano «los instrumentos de ejecución de que disponen las empresas para hacer aplicar las leyes sobre propiedad intelectual, incluso sanciones».
El representante demócrata David Bonior, uno de los principales aliados de los sindicatos en el Congreso, afirmó que las propuestas de Baucus carecen de la fuerza necesaria para hacer aplicar los derechos laborales reconocidos internacionalmente.
Sander Levin, otro demócrata, está trabajando para lograr la incorporación al proyecto de disposiciones «ejecutables» sobre medio ambiente y trabajo. (FIN/IPS/tra-en/ts/aa/mlm/if-ip/01
