La represión creciente del gobierno de Indonesia alimenta el sentimiento separatista de la provincia Irian Jaya, donde decenas de personas murieron en los últimos meses, afirma Human Rights Watch (HRW).
Las medidas conciliatorias, como la sustancial autonomía prometida por el presidente Abdurrahman Wahid, no se han materializado, sostiene el nuevo informe de 27 páginas de la organización no gubernamental con sede en Nueva York.
El documento «Violencia y estancamiento político en Papúa» señala que los arrestos arbitrarios, la tortura y el uso de fuerza letal contra manifestantes desarmados provocan una respuesta cada vez más violenta por parte de los grupos papuanos armados.
La provincia indonesia de Irian Jaya ocupa la región occidental de la isla de Papúa, al este de Indonesia, mientras la región oriental corresponde al estado independiente de Papúa Nueva Guinea.
Los grupos rebeldes atacaron el mes pasado puestos de seguridad y secuestraron a dos cineastas de nacionalidad belga, con el fin de lograr la atención internacional sobre el conflicto.
Pero se hacen cada vez más frecuentes los atentados de guerrilleros papuanos contra ciudadanos indonesios procedentes de otras provincias, advierte el informe de HRW.
Si bien la violencia en la zona es mucho menor que la que aflige a la provincia de Aceh, en la norteña Sumatra, para el gobierno de Yakarta Papúa tiene prioridad en la defensa de la «integridad territorial» del país, afectada por la independencia de Timor Oriental en 1999.
«Aparentemente las fuerzas de seguridad tienen el control, mientras el movimiento separatista que emergió en la provincia tras la caída de Alí Suharto (1966-1998) se mantiene apagado. Pero bajo la superficie, el sentimiento de los papuanos es abrumadoramente contrario al gobierno de Yakarta», afirmó HRW.
Este mes la fiscalía general de Indonesia deberá decidir si da inicio al primer proceso ante el recién creado tribunal de derechos humanos por la muerte de tres estudiantes y la tortura de decenas de otros, ocurridas en diciembre del año pasado en Abepura, cerca de Yajapura, la capital provincial.
Luego de un ataque rebelde en el que murieron dos policías y un guardia de seguridad en la ciudad estudiantil de Abepura, la policía y fuerzas contrainsurgentes ingresaron a los residencias estudiantiles y detuvieron a varios estudiantes, así como a decenas de personas de los alrededores.
Las autoridades torturaron y golpearon a los detenidos durante 36 horas. Un estudiante murió por un disparo y dos más a consecuencia de los golpes recibidos. Decenas de personas resultaron heridas.
«Con el caso Abepura (el gobierno) tiene la oportunidad de demostrar que está realmente comprometido a perseguir las violaciones de los derechos humanos», afirmó Joe Saunders, autor del documento y vicedirector de la división Asia de HRW.
El informe asegura que este tipo de operativos son comunes. El mes pasado cuatro papuanos murieron en un incidente similar cerca de la ciudad de Wasior.
En octubre, efectivos policiales y militares realizaron operativos conjuntos contra centros comunitarios de la ciudad central de Wamena que habían izado la bandera papuana. Diez ciudadanos recibieron disparos y uno murió.
En una reacción inmediata, cientos de personas incendieron y destrozaron comercios y viviendas de indonesios. Murieron siete papuanos y 24 indonesios.
Como consecuencia de la violencia, 22 papuanos, incluso cinco importantes líderes independentistas que no participaron de los ataques, fueron arrestados, juzgados y sentenciados, pero no se investigó la responsabilidad de los comandantes que dirigieron los operativos de Wamena.
Enfrentar estos abusos es la única forma de evitar una profundización del conflicto, sostiene el informe publicado en momentos críticos para Indonesia.
En efecto, Wahid, primer presidente electo de Indonesia, procura evitar que la Asamblea Popular Consultiva lleve a cabo un juicio político en su contra por acusaciones de corrupción, cuyos procedimientos deberían comenzar el 1 de agosto.
La presidencia de Wahid fue duramente cuestionada en el último año. El mandatario ha perdido parte de su poder, incluyendo el control del ejército y la policía.
Poco después de asumir el cargo en octubre de 1999, Wahid visitó Papúa con promesas de mayor autonomía y el fin de la prepotencia militar.
Pero el año pasado miles de efectivos fueron enviados a la provincia, y se agravaron las agresiones contra civiles en zonas consideradas de actividad rebelde, los ataques contra manifestantes desarmados, el arresto de dirigentes papuanos y el acoso a las organizaciones locales de derechos humanos.
Contrariamente a las promesas de Wahid, las autoridades prohibieron manifestaciones pacíficas como el izamiento de banderas en favor de la independencia.
Papúa Occidental fue retenida por el poder colonial holandés cuando el resto de Indonesia logró la independencia en 1949. Holanda aceptó otorgar al territorio una independencia propia.
Pero Indonesia invadió la isla en 1961 y gracias a la presión de Estados Unidos, Papúa Occidental se convirtió en provincia a Irian Jaya en 1963.
La guerrilla separatista fue iniciada de inmediato por el Movimiento de Liberación de Papúa (OPM), que nunca pudo ser eliminado pese a la continua represión indonesia.
Organizaciones religiosas y de derechos humanos estiman que 100.000 civiles han muerto desde entonces, lo que equivale a 10 por ciento de la población local.
Las riquezas minerales de Papúa se volvieron una importante fuente de ingresos para el régimen de Suharto.
La compañía minera estadounidense Freeport McMoRan construyó allí la mayor mina de oro del mundo y comenzó a explotar los enormes yacimientos de cobre, mientras el gobierno impulsaba la inmigración a la isla de decenas de miles de indonesios de otras regiones.
En consecuencia, «poderosos inversores extranjeros y un millón de migrantes no papuanos dominan la economía, el gobierno y el ejército local, marginando a 1,2 millones de papuanos», según Abigail Abrush, experta de la Escuela de Leyes de Harvard.
Las grandes manifestaciones públicas, sobre todo el izado de banderas, multiplicadas tras la caída de Suharto mostraron que la mayoría de los papuanos aún aspiraban a la independencia.
Los militares y sus aliados civiles preocupados por una posible ruptura del país, presionaron al nuevo gobierno en busca de una mayor represión.
En septiembre del año pasado Amnistía Internacional publicó un informe que daba cuenta de crecientes violaciones por parte de las fuerzas de seguridad. «Parece que las tácticas de línea dura y la represión están nuevamente en el orden del día», decía el documento. (FIN/IPS/tra-en/jl/dc/aq/ip hd/01
