El juez guatemalteco José Cojulún, presidente del tribunal que condenó a tres militares y a un sacerdote por el asesinato del obispo Juan José Gerardi, fue amenazado de muerte y considera abandonar el país, como ya lo hizo otra integrante de la misma corte, Jazmín Barrios.
«Todavía no he tomado una decisión, pero por seguridad analizo salir del país», declaró Cojulún, tras asegurar que las amenazas continuaron incluso después del 8 de junio, cuando se anunció la sentencia en el caso Gerardi.
El magistrado, quien recibió la solidaridad de organizaciones humanitarias locales e internacionales, dijo desconocer el origen de las intimidaciones.
Así, Cojulún puede seguir los pasos de Barrios, también integrante del tribunal en la causa por el asesinato de Gerardi, quien el domingo pasado llegó al aeropuerto de Guatemala escoltada por miembros de la Organización de las Naciones Unidas para abordar un avión con destino desconocido, aunque se presume es España.
Cojulún encabezó el tribunal, conformado por Barrios y por Amanda García, que condenó a 30 años de prisión al coronel Byron Lima Estrada, al hijo de éste, el capitán Byron Lima Oliva, y al ex sargento Obdulio Villanueva por el asesinato de Gerardi.
Además, los jueces sentenciaron a 20 años de cárcel al sacerdote Mario Orantes por complicidad en el asesinato, y absolvieron a una empleada doméstica que había sido acusada de encubrimiento.
Gerardi fue encontrado muerto el 26 abril de 1998, dos días después de haber presentado el informe «¡Guatemala, nunca más!», en el que responsabilizó a las Fuerzas Armadas de la mayoría de las 200.000 muertes y de ataques contra los derechos humanos en los 30 años de conflicto armado.
El juez Cojulún declaró a la prensa guatemalteca que prefiere evitar hablar específicamente de las amenazas, pero señaló que son dirigidas contra él y contra diferentes miembros de su familia.
«Esto es una cadena sin fin, en Guatemala hay fuerzas poderosas que no permiten que se aplique la ley», comentó a IPS Emilia García, del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM).
García, subcoordinadora de una de las más activas organizaciones humanitarias de Guatemala, añadió que las amenazas contra miembros de la justicia provoca un clima de impunidad que ataca el estado de derecho.
«No vemos un avance real en la aplicación de la justicia en Guatemala, pues suceden continuamente atropellos contra la dignidad de las personas», añadió.
Apuntó que en las últimas semanas el sistema judicial guatemalteco ha mostrado su fragilidad, y una prueba de ello fue lo ocurrido el 17 de junio en una cárcel de máxima seguridad, donde escaparon 78 presos considerados peligrosos.
Guatemala afronta severos problemas políticos y judiciales que se reflejaron en la ola de rumores sobre un posible golpe de Estado contra el gobierno de Alfonso Portillo.
También se estudia por parte de los sindicatos convocar a una huelga general para los próximos días en rechazo al aumento de impuestos que debate el Congreso y que también es cuestionado por las asociaciones empresariales.
«El gobierno de Portillo ha hecho muy poco por investigar las amenazas contra jueces, y perdió su credibilidad muy rápido», indicó a IPS Hellen Mack, activista de los derechos humanos.
Mack puntualizó que en la actualidad el sistema político y judicial de Guatemala son muy vulnerables y por eso es que se ha desencadenado una nueva ola de violencia e inseguridad social en el país.
Es necesario que el gobierno, en forma urgente, tome cartas en el asunto de las amenazas e intimidaciones contra la justicia, que también afectan a los activistas de los derechos humanos, reclamó.
Precisó que el caso Gerardi ha estado lleno de capítulos controversiales desde que comenzaran las audiencias públicas el 23 de marzo.
El incidente más violento ocurrió dos días antes de que comenzaran las audiencias, cuando fueron lanzadas dos granadas de fragmentación contra la residencia de la jueza Barrios, que por milagro sólo causaron daños materiales.
Además de los tres jueces del caso, también han sido amenazados los abogados de una de las partes acusadora, la Iglesia Católica, y contra el fiscal del proceso, Leopoldo Zeissig.
El juicio por la muerte de Gerardi ha sido uno de los más polémicos de Guatemala, pues fueron involucrados oficiales militares acusados de graves violaciones a los derechos humanos.
El juez Henry Monrroy también tuvo que abandonar el país en 1998, debido a amenazas de muerte, y un año después debieron seguir el mismo camino el fiscal Celvin Galindo y al menos nueve testigos más en el mismo caso Gerardi. (FIN/IPS/nms/dm/hd/01
