El máximo tribunal civil y penal de Francia podría desencadenar una crisis constitucional si decide que el presidente Jacques Chirac puede ser juzgado por actos de corrupción cuando fue alcalde de París y luego, como primer ministro.
La Corte de Casación, el tribunal en cuestión, anunció la semana pasada que sesionará en forma extraordinaria el 5 de octubre para decidir si Chirac puede ser juzgado.
Si decide que sí, creará un precedente legal y desatará una crisis constitucional ya que el sistema jurídico francés no contempla el proceso de sustitución de un jefe de Estado recusado.
Según una polémica interpretación jurídica del Consejo Constitucional en 1999, el presidente goza de inmunidad, salvo cuando es acusado de alta traición. Sólo en este caso puede ser juzgado por el Alto Tribunal de Justicia.
El Alto Tribunal está integrado en partes iguales por representantes del congreso y jueces penales y sólo se convoca para juzgar a altos funcionarios.
Varios fiscales aseguran tener evidencia que involucra a Chirac directamente en varios escándalos de corrupción cuando fue alcalde de París en distintos lapsos entre 1977 y 1995. Chirac también ha sido ministro, primer ministro o presidente desde la década de 1960.
La semana pasada, los fiscales Marc Brisset Foucault y Renaud van Ruymbeke, que investigan viajes particulares hechos por Chirac y su familia entre 1992 y 1995, exigieron que la Corte de Casación decida si el presidente goza de inmunidad penal.
Los viajes generaron sospecha porque Chirac los reservó con nombres y direcciones falsas, y pagó por ellos 400.000 dólares en efectivo. Los fiscales afirman que varios recibos que confirman estos viajes fueron destruidos, aunque la ley fiscal exige que este tipo de documentos se conserven durante 10 años.
Los fiscales interrogaron sobre los viajes a la hija de Chirac, Claude, y a tres cercanos colaboradores del presidente.
También pretendían interrogar a la esposa de Chirac, Bernadette, pero la encendida protesta que hizo Chirac contra los interrogatorios de su familia en su tradicional entrevista pública del 14 de julio detuvo la pesquisa.
Chirac no ha podido justificar el origen de los 400.000 dólares que pagó por los viajes. En su defensa, la presidencia declaró que hizo uso de fondos secretos reservados para ministros y otros altos funcionarios.
Maurice Ulrich, cercano colaborador de Chirac, dijo a los fiscales que Chirac retuvo hasta principios de los años 90 fondos secretos que recibiera entre 1986 y 1988, durante su gestión como primer ministro.
Los fiscales también analizan las declaraciones de impuestos que Chirac presentó luego de 1988, para determinar si declaró correctamente el dinero retenido de los fondos secretos.
Si es procesado por evasión de impuestos, Chirac no podría aspirar a un cargo electivo durante años, lo cual le impediría participar en las elecciones presidenciales previstas para abril.
Chirac estaría involucrado en una vasta red de corrupción que se extendió desde el gobierno municipal de París para financiar su partido, Rassemblement pour la Republic (RPR).
Según las acusaciones, destacados integrantes del RPR y funcionarios recibieron pagos del municipio, aunque no trabajaron para el gobierno capitalino.
Chirac también limitó la adjudicación de licitaciones de obras públicas a empresas que aceptaran pagar aportes al RPR.
Un cálculo extraoficial señala que el dinero obtenido por el partido de Chirac por esta vía se aproximaría a los 100 millones de dólares.
«Existe evidencia circunstancial consistente… contra Chirac… que sugiere el mal uso de propiedad pública y… tráfico de influencias», declaró el fiscal Patrick Desmure, en 1999.
Jean Claude Mery, ex integrante del RPR muerto en 1996 y procesado en 1994 por la financiación ilegal de partidos políticos, dejó un video en que asegura haber recaudado dinero en forma ilegal, siguiendo instrucciones directas de Chirac.
En el video, Mery sostieme que, al menos una vez, en 1986 Chirac supervisó personalmente la entrega de cinco millones de francos, unos 800.000 dólares. En ese entonces era primer ministro.
Otro ex colaborador de Chirac en el gobierno de París, Francois Ciolina, también acusó al presidente de supervisar personalmente la financiación política ilegal.
Ciolina, director de la Oficina de Construcción y Desarrollo de París durante el gobierno de Chirac al frente de la ciudad, dijo a los fiscales en abril que varios «proveedores me dijeron cándidamente que para conseguir contratos, primero debían llevar dinero al alcalde (Chirac)».
En julio, otro fiscal, Jean Pierre Dintilhac, dijo que «legalmente, no existe obstáculo que impida que el presidente de la república sea interrogado como testigo asistido en un proceso penal».
«Testigo asistido» es una nueva categoría jurídica que no implica que una persona que comparece en un tribunal penal se considere sospechosa. Por lo tanto, argumenta Dintilhac, Chirac no puede negarse a la interrogación ya que ésta no pone su inocencia en duda.(FIN/IPS/tra-en/jg/mn/aq/ip/01
