El enfrentamiento entre la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y los pequeños estados acusados de alojar paraísos fiscales se agrava pese a una nueva propuesta lanzada por el primer grupo.
La mayoría de los 29 países miembro de la OCDE acordaron el fin de semana aplazar hasta 2003 el comienzo de sanciones contra los paraísos fiscales y permitir que continúen con sus incentivos impositivos a cambio de mecanismos de intercambio de información y de mayor transparencia en los controles de los depósitos.
El año pasado la organización anunció represalias a partir del 31 de julio de este año contra 35 paraísos fiscales acusados de alentar la evasión tributaria, como parte de su Iniciativa contra la Competencia Impositiva Perjudicial de 1998.
Los llamados paraísos fiscales, centros financieros extraterritoriales, ofrecen exención impositiva, secreto bancario y normas de confidencialidad a los depositantes o inversores extranjeros. La OCDE los acusa de prácticas impositivas nocivas.
Pero la propuesta presentada esta semana fue rechazada por los pequeños estados involucrados y no goza del apoyo de todos los integrantes de la OCDE, que nuclea a las naciones más industrializadas.
«Esta propuesta no es totalmente aceptable», dijo a IPS Ronald Sanders, representante de los pequeños países en las negociaciones con la OCDE.
«Si el reclamo de intercambio informativo significa que pueden pedir la información de una cuenta bancaria sin pasar por nuestros tribunales y estamos obligados a darla, no lo cumpliremos», declaró Sanders.
«La OCDE quiere información sobre depósitos, sus titulares, los miembros de su familia…, todo. Eso viola las leyes de privacidad e incluso los derechos humanos», agregó.
Según la OCDE los paraísos fiscales tienen regímenes fiscales inexistentes o simbólicos, ineficiente intercambio de información con otros países, falta de transparencia e insuficientes actividades económicas que justifiquen el flujo de capitales.
La Iniciativa contra la Competencia Impositiva Perjudicial busca armonizar los sistemas tributarios nacionales para reducir la evasión fiscal, la volatilidad de los flujos de capitales y el lavado de dinero procedente de actividades ilícitas.
Algunos países prometieron cumplir los reclamos de la OCDE en cuanto a transparencia e intercambio de información, sostuvo un portavoz de la organización.
Pero las sanciones son resistidas por un grupo de 54 naciones que integraron en el pasado el imperio británico, pues muchos de los pequeños estados amenazados con represalias son miembros de la Comunidad Británica.
Dentro de la OCDE también hay resistencia a la propuesta. La semana pasada, España dijo que vetaría el proyecto y reclamó a Gran Bretaña que pusiera fin a las prácticas impositivas perjudiciales en el peñón de Gibraltar, meridional península española ocupada por los británicos en 1704.
«Este asunto no tiene nada que ver con los términos del compromiso, pero paralizó el acuerdo», dijo a IPS el portavoz de la OCDE.
Por su parte, el subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales de Estados Unidos, John Taylor, explicó que el gobierno de George W. Bush es contrario a intervenir en los regímenes tributarios de los pequeños países.
Taylor confirmó que su gobierno busca «reorientar» los planes de la OCDE para actuar contra los supuestos paraísos financieros. Suiza y Luxemburgo, países donde rige el secreto bancario, también se negaron a suscribir la propuesta.
Los pequeños estados y territorios acusados de ser paraísos fiscales arguyen que la OCDE adopta criterios diferentes sobre los paraísos fiscales creados en varios de sus países miembro.
Un informe de la organización calificó de paraísos fiscales a 35 territorios y estados que no integran la OCDE, mientras los centros financieros de países miembro fueron considerados «regímenes fiscales preferenciales» en dicho estudio.
Los pequeños estados acusan a la OCDE de confundir en forma deliberada su Iniciativa con el trabajo del Grupo de Acción Financiera (GAFI), creado para combatir el lavado de dinero.
«Es importante recordar que la Iniciativa de la OCDE no es lo mismo que la iniciativa contra el lavado de dinero. La OCDE intenta así camuflar su propuesta y hacerla respetable», afirmó Taylor.
La lista de paraísos fiscales de la OCDE no es la misma que el GAFI publica con los países cuyos sistemas financieros y bancarios son proclives al lavado de dinero. Ambas se actualizan periódicamente y tienen una coincidencia parcial.
La última lista del GAFI incluye a 15 países entre los cuales se encuentran Egipto, Birmania, Guatemala, Hungría, Indonesia, Israel, Líbano, Naurú, Nigeria, Rusia y varias pequeñas jurisdicciones, mientras la lista de la OCDE menciona a 41 países, la mayoría pequeños territorios o estados.
«La coincidencia se debe a que los paraísos fiscales son ideales para el lavado de dinero por su falta de transparencia. Frecuentemente examinamos los mismos lugares», dijo a IPS el portavoz de la OCDE.
Varias organizaciones internacionales cuestionan que la OCDE dicte órdenes a los pequeños países en lugar de negociar con ellos. «Hablan el lenguaje de la exigencia y no el de la consulta», señaló a IPS Ben Coleman, de la Organización sobre Inversión y Tributación Internacional (ITIO).
La OCDE debería promover un diálogo adecuado o «enfrentará el colapso de su Iniciativa. Es un gran error excluir a los países que tienen mucha más experiencia en banca extraterritorial que la mayoría de sus miembros».
«Si dejamos que la OCDE nos dé órdenes en esto, abriremos las puertas para una intervención mayor. No seremos colonizados por el club de algunos hombres ricos», aseguró Sanders. (FIN/IPS/tra-en/ss/mn/dc/aq/if/01
