Grupos de derechos humanos y analistas independientes advirtieron a Estados Unidos que no se apresure a respaldar a la nueva presidenta de Indonesia, Megawati Sukarnoputri, quien asumió el poder el lunes tras la destitución de Abdurrahman Wahid por el parlamento.
Los grupos están especialmente preocupados por los estrechos vínculos de Megawati con el ejército y por su fuerte nacionalismo, al parecer opuesto a un sistema descentralizado que pueda ofrecer más autonomía a provincias como Aceh y Papúa Occidental, donde la violencia ha cobrado miles de vidas.
«El ejército está muy cercano a ella, y básicamente la ha adoptado como una especie de mascota», afirmó Sidney Jones, director de la organización Human Rights Watch en Asia y especialista en asuntos indonesios.
«Tememos que (el ascenso de Megawati) sea interpretado por los militares como una luz verde para hacer lo que quieran en Aceh y Papúa, y también en otras áreas de conflicto», agregó.
En parte, esto ya venía ocurriendo, porque los militares últimamente ignoraban a Wahid.
El día 20, la policía paramilitar (Brimob), que trabaja junto al ejército, detuvo a cinco miembros del equipo negociador de los rebeldes de Aceh en el hotel donde se reunían con sus contrapartes del gobierno central, aunque Yakarta les había garantizado inmunidad mientras duraran las negociaciones.
Funcionarios de Washington, preocupados en los últimos meses por el futuro del cuarto país más poblado del mundo, destacaron los aspectos positivos de la transición.
El presidente George W. Bush elogió a Indonesia el lunes desde Roma por su «compromiso con el imperio de la ley y la democracia».
«Esperamos trabajar junto a la presidenta Megawati y su equipo para atender los desafíos de Indonesia en materia de reforma económica, resolución pacífica de movimientos separatistas y mantenimiento de la integridad territorial», declaró el primer mandatario estadounidense.
En privado, funcionarios de Washington expresaron cierto alivio por la expulsión de Wahid, señalando que su lucha por mantenerse en el cargo distrajo a Yakarta de otras cuestiones más importantes.
Aunque Estados Unidos respaldó muchas de las reformas institucionales y políticas promovidas por Wahid, su frustración fue creciendo por lo que describió como «peleas gratuitas» del presidente indonesio con amigos y enemigos, lo cual frenó las reformas, en especial en el área económica.
Washington confía con cautela en que Megawati convierta las reformas económicas -acordes con las prescripciones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional- en la prioridad de su gobierno y en que designe a varios tecnócratas competentes para altos cargos.
Sin embargo, en el ámbito militar, Washington parece dividido entre el Departamento de Defensa (Pentágono), que pretende restablecer rápidamente los vínculos con las fuerzas armadas indonesias, y el Departamento de Estado (cancillería).
La cancillería estadounidense es partidaria de una actitud más cautelosa, en especial a la luz de la intensificación de la represión y la violencia en Aceh y Papúa Occidental, también conocida como Irian Jaya.
Estados Unidos suspendió toda ayuda y entrenamiento militar a Indonesia en septiembre de 1999, a raíz de una ola de asesinatos, incendios y saqueos en Timor Oriental por parte del ejército y milicias opuestas a la separación de esa provincia, que había votado por la independencia en un referendo de autodeterminación.
Dos meses después, el Congreso estadounidense aprobó las «condiciones Leahy», llamadas así por el senador de Vermont Patrick Leahy, que vincularon la reanudación de la ayuda militar a varios requisitos que permanecen incumplidos.
Una de las condiciones es permitir que decenas de miles de timorenses orientales, muchos de los cuales fueron secuestrados y llevados a la provincia indonesia de Timor Occidental, regresen con seguridad a su tierra.
Otra consiste en juzgar a los militares y milicianos responsables de las atrocidades cometidas en Timor Oriental y en otras partes del archipiélago.
Se prevé que el Congreso mantendrá esos requisitos cuando vote el presupuesto de ayuda exterior para el año 2002, la próxima semana.
El Departamento de Estado se pronunció a favor del mantenimiento de esas condiciones a la ayuda militar.
«Las restricciones legislativas a la interacción entre Estados Unidos y el ejército de Indonesia sirven para recordar a ese país y a sus militares la importancia de los derechos humanos para el mundo en general y Estados Unidos en particular», declaró Ralph Boyce, subsecretario de Estado para Asuntos Asiáticos.
Boyce, quien podría ser el próximo embajador de Washington ante Yakarta, formuló esas declaraciones la semana pasada ante la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes.
El funcionario opinó que Washington debería intensificar sus esfuerzos para entrenar y equipar a la policía indonesia, que fue separada formalmente del ejército por Wahid y que, en cierto grado, actúa como contrapeso a la influencia de los militares.
«Abandonar las condiciones en un futuro cercano enviaría un mensaje equivocado a Indonesia en cuanto a la reforma del ejército, el papel de las fuerzas armadas en la sociedad y su conducta en situaciones de crisis, en especial en provincias como Aceh e Irian Jaya», advirtió Harold Crouch, director del Proyecto de Indonesia para el Grupo Internacional de Crisis.
La organización de Crouch es un gabinete internacional de estrategia que se ocupa de la resolución de conflictos.
Aunque el Pentágono respalda por ahora las condiciones a la ayuda militar, desea probar su eficacia en los próximos meses y está ansioso por vender a las fuerzas armadas indonesias los llamados equipos «de uso dual», entre ellos aviones, que tienen aplicaciones tanto militares como civiles.
«Creo que el gobierno tratará de restaurar sus relaciones con el ejército indonesio lo más rápido posible» mediante «decretos ejecutivos», vaticinó Jones, de Human Rights Watch. (FIN/IPS/tra-en/jl/aa/mlm/ip/01
