Estados Unidos debe suspender el financiamiento de la fumigación de cultivos de coca y amapolas en Colombia, porque no logrará la erradicación deseada y los productos utilizados afectan la salud y el ambiente, sostuvieron políticos colombianos en Washington.
El gobierno de George W. Bush asegura que las fumigaciones son una forma segura y esencial de erradicar de Colombia la coca, la materia prima de la cocaína, y la amapola, la base de la morfina y la heroína.
Sin embargo, gobernadores y legisladores colombianos que visitan Washington esta semana aseguran que cada vez más funcionarios de su país creen que el herbicida glifosato, empleado en la fumigación, perjudica a sus comunidades, mata el ganado y contamina el ambiente.
«Estamos de acuerdo en que deben erradicarse los cultivos de narcóticos, pero el método utilizado para hacerlo no está funcionando y es perjudicial», dijo el lunes el gobernador del meridional departamento de Nariño, Parmenio Cuéllar.
Ex senador y ministro de Justicia, Cuéllar dijo que la fumigación no funciona porque no ataca la raíz del problema. Los campesinos pobres no tienen otra opción que plantar los cultivos ilícitos para poder mantener a sus familias, aseguró.
«Para poder erradicar la coca, debemos combatir la pobreza absoluta de los granjeros», dijo Cuéllar.
Floro Tunubalá, gobernador del departamento del Cauca, dijo que, junto con la guerra civil que padece Colombia, las fumigaciones alejaron de sus localidades a más de 7.000 personas en el Cauca.
Tunubalá dijo a la prensa que la población padece enfermedades de la piel y otros problemas de salud porque los aviones que fumigan los cultivos lo hacen en forma indiscriminada y afectan a toda la comunidad.
Las instrucciones en las etiquetas adjuntas al glifosato advierten a los usuarios que no deben permitir que el producto entre en contacto con seres humanos o fuentes de agua, agregó.
«Los más afectados en su salud son los niños menores de cinco años», dijo Tunubalá, el primer gobernador indígena de un departamento colombiano.
Los colombianos de visita en Washington proponen una alternativa que llaman el Plan Sur, que incluye financiación para el desarrollo social y económico del país y que se concentraría en la erradicación manual de la planta de la coca.
La erradicación sería voluntaria, pero los agricultores que sustituyan los cultivos de coca y amapola por plantaciones legales recibirían subsidios. La amapola es la base del opio y la heroína.
El senador colombiano Rafael Orduz dijo que el mayor problema de la fumigación es que no funciona. Cuando el glifosato fue fumigado por primera vez hace 10 años, existían 40.000 hectáreas de cultivos ilícitos en Colombia, explicó.
«Ahora existen más de 160.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Es importante que los contribuyentes estadounidenses comprendan que estos esfuerzos cuestan mucho, pero no tienen mucho efecto», aseguró.
Organizaciones de derechos humanos comparten esta opinión, y la fundamentan con un informe de 1999 de la Oficina General del Contralor de Estados Unidos que concluyó que las gestiones de Washington y Bogotá para erradicar los cultivos de coca y amapola habían fracasado.
Junto con Cuéllar y Tunubalá, cuatro gobernadores colombianos más exigen el cese de las fumigaciones. Eduardo Cifuentes, el Defensor del Pueblo del gobierno colombiano, y Carlos Ossa, el Contralor General, también se sumaron a la causa y piden que el Congreso estadounidense discuta el problema.
Un juez colombiano ordenó el 27 de julio la suspensión de las fumigaciones aéreas en respuesta a un pedido de grupos indígenas. El fallo pidió al gobierno de Andrés Pastrana que proporcione documentación sobre las consecuencias de la fumigación de glifosato en los seres humanos y el ambiente.
También solicitó al gobierno que explique por qué cree que tiene el derecho de realizar la fumigación. Dirigentes indígenas sostienen que, aunque el gobierno tiene la obligación de consultarlos antes de fumigar en su territorio, ningún funcionario lo ha hecho hasta la fecha.
En respuesta al fallo del tribunal colombiano, Washington dijo que suspendería, por el momento, la fumigación en el Cauca y Nariño. Pero no hay ningún indicio de que el gobierno de Bush vaya a cambiar su postura sobre la importancia que tiene la fumigación aérea en su política antinarcóticos.
El Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de la Droga solicitó la semana pasada la supervisión internacional para determinar si la fumigación no implica riesgos para la salud y sus efectos en los cultivos vecinos que son rociados inadvertidamente con el herbicida, fabricado por la trasnacional Monsanto.
El año pasado, el gobierno de Bill Clinton gastó 1.300 millones de dólares en un paquete de ayuda a Colombia que incluía la financiación de la política antinarcóticos.
Ahora el gobierno de Bush solicitó al Congreso estadounidense que continúe apoyando las fumigaciones con una partida adicional de 882 millones de dólares, a través de la Iniciativa Regional Andina.
Pero varios legisladores del opositor Partido Demócrata se oponen firmemente a aprobar ese dinero. Los representantes John Conyers y Janice Schakowsky presentaron proyectos de ley que impedirían las fumigaciones aéreas, y el lunes manifestaron su apoyo a los visitantes colombianos.
«La fumigación aérea es una locura. No está funcionando, es peligrosa y es una cosa terrible de hacer a habitantes de cualquier país», afirmó Conyers. (FIN/IPS/tra-en/dk/aa/aq/en ip/01
