Estados Unidos acusó a 23 naciones de no combatir el tráfico de seres humanos, en un informe divulgado hoy por el Departamento de Estado que ubica a los países en tres niveles según la actitud que tengan contra el problema.
El primero de lo que ha de ser una serie de informes anuales incluye en la lista a Israel, Turquía, Grecia y Arabia Saudita, entre varios estados del Golfo, países de los Balcanes, Rusia, Gabón, Indonesia, Malasia, Pakistán, Corea del Sur y Sudán, entre otros.
Si estos países no toman medidas concretas para el 2003, entonces el presidente George W. Bush tendrá la facultad de imponerles sanciones económicas y de ayuda, según una ley aprobada el año pasado.
El informe pretende evaluar si los gobiernos cumplen «normas mínimas para eliminar el tráfico», según varios criterios: si el tráfico es un delito penado por ley, la seriedad con que ha sido investigado y perseguido, la severidad del castigo dado a los traficantes, y el grado de cooperación con otros gobiernos dedicados a investigar o procesar a los traficantes.
No obstante, el informe sólo abarcó a aquellos países con un mínimo de «cientos» de víctimas o con la información necesaria para evaluar el problema. Más de 100 países fueron excluidos del mismo.
Los 82 países cubiertos por el informe ocupan tres niveles. En el primero están aquellos que cumplen plenamente con los estándares mínimos de la norma aprobada por Washington el año pasado, la Ley de Protección a las Víctimas del Tráfico y la Violencia.
El segundo abarca a aquellos que no los cumplen plenamente, pero con «gestiones significativas» para hacerlo. El tercer nivel incluye a aquellos que no sólo no cumplen con los estándares mínimos, sino que carecen de las gestiones significativas para hacerlo.
En América Latina, sólo Colombia está en el primer nivel, mientras los demás países latinoamericanos mencionados en el informe, Brasil, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y México, ocuparon el segundo nivel.
En Asia, Hong Kong y Taiwan se ubican en el primer nivel, Bangladesh, Camboya China, India, Japón, Laos, Nepal, Singapur, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam en el segundo, y Birmania, Corea del Sur, Indonesia, Malasia y Pakistán en el tercero.
Ningún gobierno de Africa subsahariana está en el primer nivel, mientras Angola, Benín, Burkina Faso, Camerún, Costa de Marfil, Etiopía, Ghana, Malí, Nigeria, Sierra Leona, Sudáfrica, Togo y Uganda se ubicaron en el segundo. República Democrática de Congo, Gabón y Sudán fueron clasificados en el tercer nivel.
Ningún país de Medio Oriente o Africa del norte ocupó el primer nivel, y sólo Marruecos ocupó el segundo. Arabia Saudita, Bahrein, Israel, Líbano, Qatar y Turquía están clasificados en el tercer nivel.
Ningún país de los Balcanes o lo que fue el bloque soviético quedó en el primer nivel. En el segundo están Bulgaria, República Checa, Georgia, Hungría, Kyrgyzstán, Lituania, Macedonia, Moldavia, Polonia, Eslovenia y Ucrania. El tercero correspondió a Albania, Belarús, Bosnia, Kazajstán, Rumania,Rusia y la ex Yugoslavia.
En Europa Occidental y América del Norte, Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Gran Bretaña, Holanda, Italia, España y Suiza quedaron en el primer nivel. Francia y Suecia en el segundo, y Grecia en el tercero.
Con respecto a Estados Unidos, «no nos clasificamos a nosotros mismos», explicó Paula Dobriansky, subsecretaria de Estado de Asuntos Mundiales.
«Esperamos que este informe ayude a concentrar la atención internacional sobre esta práctica repugnante y a galvanizar los esfuerzos mundiales para combatirla», declaró el secretario de Estado Colin Powell.
«Es incomprensible que en el siglo XXI tenga lugar el tráfico de seres humanos… pero es real, muy real», agregó.
El problema del tráfico de seres humanos, la mayoría de ellos mujeres y niños, aumentó en los últimos años, pero recién captó la atención pública en el último año.
El año pasado, un informe de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) calculó que hasta dos millones de personas cruzan las fronteras todos los años en busca de lo que creen es trabajo legítimo, pero que resulta ser una forma de esclavitud, como prostitutas o en fábricas en condiciones inhumanas.
Del total, la CIA calculó que 50.000 víctimas terminan en Estados Unidos, la mayoría de ellas procedentes de Europa oriental, la ex Unión Soviética, México y Asia.
El problema movilizó a organizaciones de derechos humanos, religiosas y feministas en Estados Unidos y Europa occidental, donde cada año ingresan ilegalmente 120.000 mujeres y niños.
La ley aprobada por Washington el año pasado incrementó el castigo a los traficantes internacionales y también hace posible que sus víctimas obtengan la residencia permanente en Estados Unidos, a cambio de su cooperación en el proceso judicial contra los contrabandistas.
El Congreso también autorizó 96 millones de dólares para financiar las gestiones para combatir el contrabando de personas en el extranjero, aunque el dinero aún no se ha utilizado.
Powell declaró este jueves que al menos 700.000 personas son víctimas del tráfico de personas cada año, pero el informe no precisa la magnitud del problema en cada país.
«Las cifras no importan tanto, sino si el país hace algo al respecto», dijo Rand Beers, subsecretario de Estado de Narcóticos y Aplicación de la Ley Internacional. El informe «no tiene el fin de culpar a nadie, sino de iniciar un diálogo sobre el problema. La información aún está en etapa de desarrollo», dijo. (FIN/IPS/tra-en/jl/aq/hd ip/01
