El gobierno de Colombia lanzó la campaña «La guerra no es un juego de niños», que busca sumar educadores, padres de familia, guerrilleros y paramilitares al esfuerzo por alejar a los menores del conflicto armado interno.
«Los niños asumen la vinculación con un grupo armado como símbolo de poder, pero no alcanzan a dimensionar la gravedad del hecho. No saben lo que significa matar o ver matar», explicó a IPS la coordinador de la campaña, Gloria Quiceno, directora del programa de reinserción del Ministerio del Interior.
El programa de divulgación consiste en una primera etapa de «bombardeo» de mensajes a través de los medios de comunicación, que en forma gratuita se unieron a este esfuerzo.
La segunda parte de la campaña se desarrollará en las zonas más vulnerables del país, en contacto directo con las comunidades y en busca de llevar la iniciativa hasta los propios grupos armados que participan en la guerra civil.
Se colocarán carteles en las escuelas, con un mensaje que reivindica la vestimenta escolar como único uniforme válido para los menores.
Quiceno comentó que la campaña busca recuperar para los niños la posibilidad de vivir su infancia, de incentivar actitudes lúdicas, «pero no el juego de la guerra, el de matar».
Un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo en l996 confirmó que unos 6.000 niños combatientes integraban las filas de las guerrillas izquierdistas y de los paramilitares de derecha.
Pero expertos señalan que esa cifra debe haber aumentado en forma importante en los últimos cinco años, debido a la agudización del conflicto armado interno.
Los niños se enrolan en los grupos armados desde los ocho o nueve años, cumplen primero el papel de informantes, «campanitas» como los llaman algunos, y a partir de los l2 años ya portan un fusil.
Incluso los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia están utilizando niños en los enfrentamientos con la guerrilla, según aseguró monseñor Jaime Prieto, obispo de Barrancabermeja puerto petrolero y eje de la conflictiva zona del río Magdalena medio, en el centro del país.
Una fuente de la Defensoría del Pueblo comentó a IPS que los menores que ingresan a algún grupo armado irregular lo hacen engañados «con promesas que jamás se van a cumplir».
Por eso, la campaña apunta a concientizar a la población y en especial a los actores del conflicto armado interno sobre la gravedad del fenómeno. «Los niños no deben pertenecer a la guerrilla ni a los paramilitares y tampoco a delincuencia común», manifestó con énfasis Quiceno.
La coordinadora de la campaña se declaró optimista frente al impacto que pueda lograr este esfuerzo en los propios grupos armados, pues «tienen un país al que deben escuchar y atender, un país que esta exigiéndoles, reclamándoles, un país que quiere la paz».
Quiceno precisó que algunos comandantes de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) aceptan el regreso a los hogares de los guerrilleros menores de 15 años, ya que según sus normas a partir de esa edad ya es mayor de edad.
Para la funcionaria, esas decisiones de las FARC son «pequeños gestos importantes».
El jefe de las FARC, Manuel Marulanda, ha manifestado en muchas ocasiones que tienen un reglamento «que dice que reclutamos a la edad de 15 años en adelante».
La organización internacional Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York, apuntó el hecho de la utilización de niños en la guerra en su condena contra las FARC, la principal guerrilla colombiana, por la violación sistemática al derecho internacional humanitario.
HRW aseguró en el comunicado emitido este mes que esa guerrilla se sigue reclutando a menores de 15 años.
Los más vulnerables son los niños que viven en la zona de distensión, puntualizó el grupo humanitario, en referencia a lo que ocurre en el área de 42.000 kilómetros cuadrados desmilitarizada por el gobierno en el sudeste de Colombia para instalar la mesa de diálogo entre ambas partes.
Estadísticas gubernamentales indican que unos 500 menores han decidido, en forma voluntaria, retirarse de la guerrilla en los últimos seis años.
Pero la cantidad puede ser mayor, ya que no están registrados los casos de aquellos que regresan directamente a su casa con apoyo de alguna organización no gubernamental o instituciones de la Iglesia Católica.
Las razones del retiro de los niños y adolescentes son muchas, pero una muy común es el amor, comentó Quiceno.
«Cuando un menor desvinculado de la guerrilla dice: 'me salí porque no me dejaban estar con mi novia y estoy muy enamorado, me quiero organizar', es prueba de que hay un ser humano capaz de construir un país distinto al que tenemos hoy», señaló.
Otros menores se apartan de los grupos armados debido al cansancio de la vida en la selva, con largas y penosas caminatas, o por falta de permisos para ver a su familia y también porque se sienten engañados, pues no han cumplido con la paga ofrecida.
Sólo a fines del año pasado, luego de un cruento combate en el páramo de Suratá, en la provincia nororiental de Santander, alrededor de 40 niños guerrilleros desertaron de las FARC.
Según informes oficiales, 70 menores y 237 adultos dejaron las armas en 2000.
La situación jurídica de los menores que abandonan el frente de combate es resuelta por el «Comité de Dejación de Armas», para que no sean procesados como delincuentes, y cada caso es analizado bajo el lente del derecho internacional humanitario que los identifica como víctimas del conflicto.
Una vez resuelta la parte judicial, ese niño o adolescente queda a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y es incorporado a los programas de reinserción.
El eje de los planes del ICBF es la educación, que se brinda en forma paralela a la capacitación para un trabajo y la recuperación psicoafectiva.
Quiceno explicó que el sostén del programa es la recuperación de los lazos familiares perdidos, en algunos casos por más de cinco años. Sin embargo, a veces hay dificultad para encontrar a los parientes y otras éstos no quieren aceptarlos.
Las leyes, sin embargo son excluyentes. Sólo los menores que se apartan voluntariamente de las FARC o del Ejército de Liberación Nacional (ELN), pueden ser beneficiados con la cesación de todas las causas penales en su contra e ingresar al programa de reinserción.
Las FARC y el ELN, el segundo grupo insurgente del país, son las únicas dos fuerzas reconocidas en las negociaciones políticas por el gobierno de Andrés Pastrana.
«Todos los niños son víctimas del conflicto y nada justifica que se dé un tratamiento diferente», dijo a IPS la fuente de la Defensoría del Pueblo. Pero los menores que dejan las filas paramilitares son procesados como infractores.
«Eso es una injusticia», opinó Quiceno, pero asegura que el gobierno esta preparando normas y procedimientos para dar tratamiento de víctimas a todos los niños desvinculados del conflicto, incluidos los que dejan las filas paramilitares. (FIN/IPS/pl/dm/hd/01
