Niños y niñas que viven en las calles de Colombia obtendrán el reconocimiento legal de su existencia mediante la inscripción en el Registro Civil, tarea de la que se encargarán dos organizaciones no gubernamentales.
El programa «No me llames niño de la calle», que cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del diario El Tiempo, tiene la finalidad de salvar la omisión de padres o responsables que no tramitaron la inscripción de los menores en la Dirección Nacional del Registro Civil.
Para desarrollar el proyecto se estudiaron experiencias realizadas por las organizaciones no gubernamentales Movimiento Baguncaco y Axé, de Salvador, de Bahía, uno de los estados más pobres de Brasil, y que apelan a la expresión artística de los menores para fortalecer su identidad.
El programa iniciado en Colombia el 26 de este mes, y que se extenderá a otros países de América Latina y el Caribe, se propone «dar una nueva percepción de lo que comúnmente se denomina en la región como 'niños de la calle'», dijo a IPS Fernando Cosio, representante del BID.
Cosio explicó que la inscripción del Registro Civil es el primer paso para llevar a cabo iniciativas institucionales de largo plazo «más consistentes» que mejoren la calidad de vida de los niños.
Según las no gubernamentales Fundación Restrepo Barco y Fundación Rafael Pombo, el BID pretende destacar proyectos innovadores ya implementados en América Latina y el Caribe, relacionados con el mejoramiento de la calidad de vida de los niños que viven y trabajan en la calle.
La inscripción en el Registro Civil permitirá, además, conocer el número de niños que carecen de hogar, primer paso para la definición de una política hacia esos menores concertada con las comunidades, dijo Juan Urrutia, director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
En el Registro Civil queda establecido el nombre y apellido de una persona, su fecha de nacimiento y la identidad de sus padres. Este organismo emite, además, documentación pública necesaria para demandar al Estado recursos para acceder a una vivienda digna y a servicios de salud y de educación, entre otros.
La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1989 y ratificada por Colombia en 1990, señala que todo niño debe ser inscrito inmediatamente después de nacer.
En Colombia no hay estimaciones sobre la cantidad de niños no inscriptos, debido a las dificultades para realizar un censo dirigido a una población que, por sus características, es flotante, informó el ICBF.
Pero el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) calculó que en Colombia viven en las calles, de forma permanente o no, unos 25.000 niños y niñas, 9.300 de ellos en Bogotá.
Otros informes señalan que cerca de 40 millones de niños pasan la mayor parte de su tiempo en las calles de América Latina y el Caribe. La mayoría son varones, pero la proporción de niñas, hoy entre 10 y 30 por ciento, va en aumento.
Los niños y niñas que viven en las calles proceden de hogares en que falta alguno de los padres. La mayoría no residen en las calles el tiempo completo, pues mantienen algún contacto con su familia de origen. Sin embargo, la intemperie se convierte en el hogar de uno de cada 10 niños.
La pobreza es la principal causa del abandono de sus familias, escuelas y hogares. Otros factores que intervienen en el proceso son la desintegración de las familias, la violencia en los hogares, la explotación y la superpoblación de las escuelas.
En las calles, los niños y niñas afrontan el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual, de sufrir desnutrición y de abusar de las drogas.
Los niños y niñas en la calle son «la manifestación de un sistema social, político, y económico inequitativo, inicuo y excluyente», dijo a IPS Carlos Gaviria, ex integrante de la Corte Constitucional.
Gaviria recordó el pasaje de la Constitución colombiana que establece el derecho de los niños «a no ser vendidos, a no ser secuestrados y a no ser torturados».
El ex magistrado consideró «estremecedor» que la Constitución prohíba la venta de niños, pues ese fenómeno existe en Colombia.
«Mientras no haya una reforma sustancial del sistema vamos a seguir con la ilusión de que resolviendo un problemita parcial el caso quedó arreglado, cuando en realidad las soluciones deben ser de fondo», manifestó Gaviria. (FIN/IPS/yf/mj/hd/01
